California inyecta oxígeno a la lucha por el ‘pissarro’ del Thyssen expoliado por los nazis

Un cuadro presidía la habitación que Claude Cassirer utilizaba como oficina. Era una reproducción de Rue Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia (1897), la obra del impresionista Camille Pissarro que ha sido el centro de una amarga disputa legal desde hace casi dos décadas entre los Cassirer, el Gobierno de España y el Museo Thyssen de Madrid. “Lo mandé hacer para mi padre. Lo enmarcaron de una forma preciosa. A veces produce ...

Un cuadro presidía la habitación que Claude Cassirer utilizaba como oficina. Era una reproducción de Rue Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia (1897), la obra del impresionista Camille Pissarro que ha sido el centro de una amarga disputa legal desde hace casi dos décadas entre los Cassirer, el Gobierno de España y el Museo Thyssen de Madrid. “Lo mandé hacer para mi padre. Lo enmarcaron de una forma preciosa. A veces produce confusión porque cuando la gente lo ve cree que ya nos han devuelto el cuadro”, cuenta David Cassirer, hijo de Claude y nieto de Lilly Cassirer Neubauer, la dueña original de la obra, fallecidos en 2010 y 1962, respectivamente.

La copia del cuadro de Pissarro, que fue expoliado por los nazis a inicios de la Segunda Guerra Mundial, cuelga hoy en la sala de David, que acaba de cumplir 70 años. “La miro todos los días y en mi mente hablo con ella. Le digo ‘vuelve a mí, vuelve con nosotros’”, dice Cassirer desde Denver, donde vive. La esperanza de que eso ocurriera parecía haberse anulado definitivamente el pasado enero, después de que el Tribunal de Apelaciones de California fallara en contra de los Cassier y sentenciara que España tiene derecho a retener el cuadro, refrendando varias decisiones judiciales anteriores en tribunales federales estadounidenses en 2015 y 2022. Los tres jueces del panel del Tribunal de Apelaciones consideraron de forma unánime que prevalece la norma española sobre la californiana, lo que afianzó la permanencia del Pissarro en Madrid, aunque la jueza Consuelo Callahan emitió un voto particular para subrayar que “España debería haber renunciado voluntariamente al cuadro”.

Pero recientemente el Gobierno de California ha dado nuevo oxígeno a la súplica de los Cassirer. Gavin Newsom, el gobernador del Estado, firmó el 16 de septiembre una ley para ayudar “a los residentes a recuperar arte y propiedades robadas como resultado de una persecución política”. Newsom promulgó la norma en un evento en el Museo del Holocausto de Los Ángeles, rodeado de miembros de la familia Cassirer. “Es un imperativo moral y legal que se devuelvan estas valiosas piezas a sus legítimos dueños”, aseguró el gobernador demócrata. El mandatario está promulgando por estos días alrededor de 900 nuevas leyes estatales. Solo firma en persona un puñado. Fue su decisión convertir esta ceremonia en un acto simbólico para exigir justicia.

La obra fue adquirida en 1976 por el barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza después de que pasara por varias manos. En 1993 vendió su colección a España. Su compleja historia se remonta a medio siglo antes. Lilly Neubauer, judía, se vio obligada a venderlo a principios de 1939 por 900 marcos, unos 360 dólares de hoy (322 euros), para pagar un visado y abandonar la Alemania nazi junto a su esposo, un médico de Múnich, rumbo a Inglaterra. El dinero fue depositado en una cuenta a la que Lilly nunca tuvo acceso. Su hermana se quedó en Alemania para cuidar de su madre y murió en Auschwitz. Claude Cassirer, nieto de Lilly, descubrió el cuadro, valorado en decenas de millones de dólares, e intentó recuperarlo por gestiones diplomáticas. Cuando estas no funcionaron, inició en 2005 una batalla legal por recuperarlo, explica David Cassirer.

La nueva ley, llamada Assembly Bill 2867 (AB 2867), comenzó a tomar forma después del último revés judicial. Ha sido redactada por el legislador local Jesse Gabriel, quien antes de saltar a la política hizo carrera como abogado litigando para que algunas familias de sobrevivientes del Holocausto cobraran pensiones por su trabajo en los campos de concentración nazis. Este verano, el asambleísta visitó España junto a una delegación para tratar asuntos de energía y comercio. En un tiempo muerto, acudió al Thyssen para ver Rue Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia.

“Pensaba que la pintura sería una de las piezas estelares, pero no es así. Está en un ala con varios cuadros más. Devolverla tendría un costo mínimo para el museo. La colección seguiría siendo impresionante”, señala Gabriel. “Me pareció incongruente la amabilidad y excelente disposición de los funcionarios del Gobierno con quienes nos reunimos con la resistencia a devolver una pintura que fue robada”, añade. La ley, apoyada por demócratas y republicanos, cita en su texto el caso Cassirer, pero Gabriel subraya que la normativa va más allá de este litigio y de otros derivados del Holocausto. “Envía un mensaje de que es tiempo de hacer lo correcto”.

El caso ha cobrado relevancia últimamente en Estados Unidos, en un contexto en el que el antisemitismo ha aumentado. “De los millones de obras de artes y propiedades culturales expoliadas por los nazis, un sinnúmero de objetos sigue sin ser devuelto a sus sueños. Hoy, demasiados Gobiernos, museos, marchantes, galerías e individuos se resisten a los esfuerzos de restitución”, aseguró en marzo el secretario de Estado del país, Anthony Blinken, en un acto de conmemoración de los 25 años de los Principios de Washington, un compromiso adoptado por 44 naciones, entre ellas España, para brindar justicia en los casos de arte expoliado por los alemanes.

Según Sam Dubbin, abogado de los Cassirer en el caso junto al célebre letrado David Boies, la nueva ley abre una nueva vía para las familias litigantes en EE UU. “Deja muy claro que solo la ley de California y no las extranjeras, como la española, puede aplicarse en una disputa sobre arte robado. No es solo para las víctimas del Holocausto, sino para cualquiera que ha sido despojado de arte de su propiedad”, asegura vía telefónica. El texto de la norma solo permite la reclamación de arte robado hasta 100 años antes de su promulgación.

Otros juristas se muestran escépticos ante el alcance de la nueva ley. “Es inconstitucional, no se mantiene dentro del orden legal”, asegura un abogado que conoce del caso, pero no quiere ser citado. Cree que el Congreso de California intenta cambiar las reglas del juego porque a una de las partes no le favorecen los fallos de las cortes federales. “No le corresponde a California posicionarse en temas que competen a las leyes federales de Estados Unidos”, añade el letrado, quien vive y litiga en ese Estado.

Thaddeus Stauber, que representa a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza en el caso desde hace casi dos décadas, señala que la legislación de España sobre propiedad ha sido considerada por tribunales internacionales a la par que la de Alemania, el Reino Unido y otras naciones europeas, y que no es antisemita ni moralmente cuestionable. El abogado recuerda que en 1958 el Gobierno alemán indemnizó a la familia con 120.000 marcos alemanes, el monto que Lilly Neubauer solicitó, para poner fin a la reclamación de la familia.

David Cassirer ha señalado que estaría dispuesto a devolver el dinero a cambio de recuperar el cuadro. Su abogado, Sam Dubbin, afirma que el Noveno Circuito estadounidense como los tribunales alemanes coinciden en que “Lilly nunca cedió su derecho a la recuperación física del cuadro”. Dubbin rechaza de manera tajante la creencia de que la familia intenta cobrar dos veces por la obra.

Stauber recuerda que tras un juicio completo y la confirmación de que el Thyssen es el legítimo propietario de la obra, el Tribunal de Apelaciones ha ordenado cerrar el caso. El Supremo del Estado de California se ha negado a recogerlo y poner en cuestión la ley española. Tras ese fallo, la familia Cassirer ya solo puede solicitar al Supremo examinar nuevamente el caso, cosa que ya hizo en 2022, bajo la luz de una nueva ley de California. Sin embargo, el abogado recuerda que los precedentes del alto tribunal señalan que el Estado no puede aprobar leyes que dan un tratamiento especial a ciudadanos en reclamos de restitución moderna de obras de la Segunda Guerra Mundial, especialmente cuando la propiedad en cuestión no se encuentra en California.

David Cassirer cree que la batalla legal ha sido “innecesaria y algo excesiva”. “Mi padre nunca hubiera creído que esta nueva ley fuera necesaria porque un ladrón no puede transferir la propiedad de algo robado. Ni en un millón de años pensamos que España asumiría esta terca posición, a la espera de que todos los Cassirer muramos”, dice. Su familia se apresta a abrir, junto a la Federación Judía un nuevo capítulo en esta controversia judicial que cumplirá 20 años en 2025.