El Congreso comienza a debatir una nueva ley de mecenazgo
Los grupos políticos estudian desde este miércoles una proposición de reforma impulsada por el PDeCat pero rodeada de dudas por los tiempos, la reacción de Hacienda y el encaje con la “nueva ley” que anunció en julio el presidente del Gobierno
La ley de mecenazgo siempre está en camino, pero nunca llega. Aparece en los programas electorales, se repite en los discursos de los partidos. E incluso de los presidentes del Gobierno: el popular Mariano Rajoy garantizó en noviembre de 2015 que la reforma se aprobaría. Sin embargo, no sucedió. Y el socialista Pedro Sánchez anunció el pasado julio, en el Congreso, un compromiso idéntico. Mientras, cultura y ciencia llevan una década esperando en balde. Aunque vuelven a cruzar los de...
La ley de mecenazgo siempre está en camino, pero nunca llega. Aparece en los programas electorales, se repite en los discursos de los partidos. E incluso de los presidentes del Gobierno: el popular Mariano Rajoy garantizó en noviembre de 2015 que la reforma se aprobaría. Sin embargo, no sucedió. Y el socialista Pedro Sánchez anunció el pasado julio, en el Congreso, un compromiso idéntico. Mientras, cultura y ciencia llevan una década esperando en balde. Aunque vuelven a cruzar los dedos ante el paso adelante más concreto en mucho tiempo: una proposición de reforma de la ley de mecenazgo —en vigor desde 2002— comenzó este miércoles su ponencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso. La ponencia, con representantes de cada grupo político, se constituyó como punto de partida para, a partir de aquí, buscar consensos para resolver el entuerto antes de abordar el texto definitivo y las enmiendas.
Dos miembros del organismo aseguran que hay margen para convertirla en realidad antes del final de la legislatura. Pero el pasado reciente invita a la prudencia: las palabras nunca se han transformado en hechos; la misma reforma que ahora se empieza a discutir estuvo casi un año paralizada. Y su encaje con la promesa de Sánchez resulta una incógnita, ya que este texto no procede del PSOE.
La propuesta fue presentada en diciembre de 2020 por el PDeCat. Y Sergi Miquel, diputado de la formación independista catalana, resume sus claves: aumento de las deducciones fiscales para las donaciones de personas físicas del 80% al 90% sobre los primeros 150 euros, y del 35% al 50% para el resto; subidas parecidas también para las empresas. El texto también amplía los posibles beneficiarios de los regalos: entidades públicas o sin ánimo de lucro no solo de ámbito cultural o científico, sino también relacionadas con el medioambiente, entre otros sectores. Un ejemplo clásico puede ser la donación de dinero o de una obra de valor artístico como un cuadro por parte de un ciudadano al Museo del Prado. Pero, además, la reforma introduce la llamada “donación de servicio”, algo que ya existe en Francia. El propio Miquel lo explica con un ejemplo: “Un despacho de abogados podría ofrecer un asesoramiento por valor de 15.000 euros de forma gratuita”. La nueva categoría también permite regalar bienes no puramente artísticos, entre otras posibilidades.
El diputado destaca que este texto es el primero de los repetidos intentos de estos años que “supera la aceptación a trámite”, el paso con el que el Congreso constata que es oportuno hablar del proyecto. Contó, entonces, con el respaldo de los dos socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, entre otros. Sin embargo, desde abril de 2021 la ampliación del plazo de enmiendas fue continuando durante casi un año, hasta marzo de 2022. Y ahí se detuvo, hasta ahora. ¿Por qué?
Hay respuestas variadas, relacionadas con la escasa cultura del mecenazgo en España, pero una se repite. “El ministerio al que le correspondería impulsar la ley, el de Cultura y Deporte, carece de las competencias y la influencia necesarias. Y para el de Hacienda, que sí estaría en condiciones de impulsarla, no es una prioridad. A eso se suman un miedo atávico por parte del Gobierno a aprobar nuevas deducciones fiscales o incrementar las existentes y el debate ideológico de cómo debe financiarse el fomento de la cultura: vía impuestos o incentivando la inversión privada”, sostiene José María Méndez, abogado experto en propiedad intelectual en el despacho Baker McKenzie. “El principal enemigo de la ley de mecenazgo es el ministerio de Hacienda”, agrega Miquel.
Una fuente del ministerio dirigido por la socialista María Jesús Montero evita contestar a las insinuaciones concretas. Y se limita a sugerir que “por tiempos parece complicado” que la iniciativa del PDeCat pueda llegar a ser ley antes de las próximas elecciones, a finales de 2023. Y eso que Miquel subraya que “si todo el mundo quiere, en dos meses puede estar aprobada”, también considerando que la Comisión de Hacienda tiene competencia legislativa plena para sacar adelante el texto y enviarlo al Senado para el último visto bueno.
“No tiene gran coste fiscal. El problema puede estar en la resistencia de Hacienda ante un texto que no haya salido de ahí”, agrega Mario Garcés Sanagustín, diputado encargado del asunto por parte del Partido Popular. Su propia experiencia se lo sugiere: formaba parte del Gobierno del PP que incumplió la promesa de aprobar una ley de mecenazgo. Confiesa que precisamente Hacienda resultó un escollo insalvable. Y admite: “Éramos muy partidarios de que saliera. Teníamos que haberla aprobado entonces, sí”. De ahí que Garcés se muestre favorable a la iniciativa del PDeCat. Eso sí, expresa un temor sobre el que promete vigilar: “Que alguna Comunidad Autónoma, como Cataluña, designe algún tipo de entidad receptora que pueda seguir fines que no son de interés general”.
Pero el anuncio de Pedro Sánchez genera en la oposición otro miedo: que el PSOE frene esta reforma para dar prioridad a la que lleve su propia firma. “Votamos a favor de la tramitación de la iniciativa en el Congreso. Hemos presentado enmiendas para mejorarla. Serán los grupos parlamentarios los que decidan el tiempo oportuno. Pero por parte del Gobierno y de nuestro partido el compromiso con el mecenazgo es firme, como demuestran lo que dijo el presidente y la ampliación de las deducciones [hasta el 80% en los primeros 150 euros y hasta el 35% después, gracias a un real decreto aprobado en 2020]”, responde el diputado socialista Miguel Ángel González Caballero. Preguntado por los aspectos de la proposición que no le gustan, evita concretar: “No queremos que se vaya hacia una subasta fiscal, y creemos que es importante mejorar el ecosistema de la filantropía y el conocimiento de las medidas que ya existen”.
Mientras los debates se prolongan, las artes continúan esperando. Por un lado, desde la ley de 2002, las donaciones a la cultura pasaron de 1,3 millones de euros a rozar los cuatro millones en 2019, según González Caballero. Pero, a la vez, las aportaciones altruistas en España apenas suponen el 0,1% del PIB, en cálculos de la Asociación española de Fundaciones. De fondo, está el debate sobre el propio valor en sí del mecenazgo y el voluntariado: un beneficio fundamental, o cuando menos extra, que merece la pena aprovechar y estimular, según algunos; pero, para otros, la colaboración privada gratuita corre el riesgo de fomentar, o al menos tapar, la dejación de funciones del Estado, principal encargado de apoyar artes o ciencia. Lo cierto es que, históricamente, el “modelo de mecenazgo es de origen anglosajón”, mientras que en España, Francia, Italia o Portugal se apuesta más por la aportación pública, según Roger Dedeu, abogado del despacho Gabeiras y Asociados experto en derecho de la cultura.
“El mecenazgo es muy importante, porque la cultura necesita del dinero privado. Aunque lo que habría que abordar es una modificación general del sistema de la financiación de la cultura, tanto pública como privada, que englobe a todas las disciplinas”, reflexiona el experto. “El impacto que tendría una verdadera ley de mecenazgo se desconoce, pero en España tenemos ejemplos más que alentadores del efecto que los incentivos fiscales pueden tener en la industria cultural”, añade Méndez, del despacho Baker McKenzie.
Dedeu aporta otros elementos al debate: reconoce que “a Hacienda le cuesta aplicar deducciones fiscales importantes a la cultura”, pero invita a valorar las artes no solo en términos de PIB, sino por su impacto social; y propone que la nueva ley no limite las donaciones solo a entidades sin ánimo de lucro, sino que permita que cada cual reciba deducciones por apoyar a los creadores y empresas artísticas que considere, al estilo de la ley aprobada en la Comunidad Valenciana en 2018. Tal vez este asunto también se incorpore al texto que discutirá el Congreso. Aunque la cuestión principal es otra: la ley de mecenazgo está de nuevo en camino. Habrá que ver si, esta vez, llega a algún lado.