Santiago Cirugeda: “A veces hay que ser ilegal para cumplir la Constitución”
El arquitecto sevillano busca resquicios en la legislación para que colectivos vulnerables puedan acceder a derechos fundamentales como el de una vivienda digna
La entrevista es a las seis de la tarde, en Sevilla, el mes de julio, a la intemperie. Luego resulta que es el primer día de muchos en que el calor es soportable, y bajo los árboles de la Alameda de Hércules corre una brisa la mar de agradable. El arquitecto Santiago Cirugeda (Sevilla, 51 años) está acostumbrado a asumir riesgos. Y a salir airoso, con la sonrisa intacta. Su especialidad es rodear la ley, o saltársela si es preciso, para que la maquinaria burocrática —el dichoso “vuelva usted mañana” d...
La entrevista es a las seis de la tarde, en Sevilla, el mes de julio, a la intemperie. Luego resulta que es el primer día de muchos en que el calor es soportable, y bajo los árboles de la Alameda de Hércules corre una brisa la mar de agradable. El arquitecto Santiago Cirugeda (Sevilla, 51 años) está acostumbrado a asumir riesgos. Y a salir airoso, con la sonrisa intacta. Su especialidad es rodear la ley, o saltársela si es preciso, para que la maquinaria burocrática —el dichoso “vuelva usted mañana” del ADN español— no termine arrollando a los de siempre. O asfixiándolos...
Pregunta. ¿Es cierto que muchos colegios les piden ayuda para crear sombras, y que en algunos cortaron el hormigón y volvieron a plantar los árboles que el Ayuntamiento había cortado?
Respuesta. ¿Y qué íbamos a hacer? A mí me importa un pimiento que los técnicos municipales decidieran que no ponían árboles en el patio, pero los niños y los profesores necesitaban sombra. Las directoras encontraron un método alegal — informaron al Ayuntamiento de que iban a hacer obras de jardinería sin técnico— y cortamos los alcorques de hormigón para volver a colocar árboles. El Ayuntamiento se enteró, pero qué más da. Pues que venga la policía...
P. ¿Por qué recurre a la alegalidad, o incluso a la ilegalidad?
R. Porque todo el mundo que nos llama son familias, asociaciones de vecinos o de pacientes de salud mental que tienen un problema no resuelto por las administraciones públicas. Gente con un perfil bajo que está cansada, desesperada. Nos ven como el último recurso para encontrar una solución, y no puedes desaprovechar esa energía, la unión que tienen en ese momento. No puedes decirles que deben esperar dos años a un proceso administrativo reglado. No puedes. Si esperas, te los cargas.
P. ¿Y qué hacen entonces?
R. Tenemos esa habilidad o la capacidad de asumir riesgos —que es lo que nos dicen en los colegios profesionales de arquitectos— para arrancar los proyectos sin cumplir los plazos de licencia o algunos requerimientos urbanísticos. Y lo hacemos porque lo que queremos precisamente es que se cumplan otros derechos fundamentales. De hecho, hay legislaciones urbanísticas locales que impiden el desarrollo de derechos naturales obvios.
P. Por ejemplo…
R. El derecho a una vivienda digna. Estamos trabajando en los barrios más castigados de Sevilla, Madrid o Barcelona, donde las viviendas son de 38 metros… Hay quien lo intenta justificar diciendo: es que se hicieron antes... Me da igual que se hicieran en los setenta. No se puede vivir ahí con dignidad, no hay más que ver lo que han padecido esas familias durante el confinamiento. Y para cambiar esas viviendas de forma legal habría que cambiar el plan general de ordenación urbana o la ley del suelo, cosa que no va a ocurrir nunca. Entonces, ¿qué haces?
P. Eso le iba a preguntar...
R. O asumes el riesgo de cometer una cierta ilegalidad para hacer esas obras de mejora y ampliación o te quedas de brazos cruzados. Y claro, lo hacemos, en cumplimiento del derecho a la vivienda digna. La paradoja es esa: a veces hay que ser ilegal para cumplir la Constitución. Una vivienda digna facilita una vida normalizada, un trabajo bueno, un cuidado de los mayores, de la familia. O sea, hay muchos derechos que se cumplen a través del derecho a la vivienda digna. No solo se trata de tener una cama…
P. También asumen riesgos a permitir que en sus obras participen menores, personas con problemas de salud mental...
R. No hemos tenido un accidente en 25 años con más de 8.000 voluntarios en formación o en terapia. En nuestras obras no hay estrés laboral, no hay prisa para ser rentables. La gente se para a hablar de su vida, a fumar un cigarro. Si tardamos dos años, bien; si tardamos cinco, mejor. La terapia es el propio trabajo, el sentirse útil.
P. ¿No duda de estar haciendo lo correcto?
R. Dudas, cansancio... El otro día busqué el consejo de un magistrado especialista en urbanismo y le pregunté si tenía alternativas a través de la ley. Me dijo: Santi, sigue asumiendo las ilegalidades. No te vengas atrás.