Los toros reciben la puntilla

La cancelación definitiva de la Feria de San Isidro ha asestado la puntilla al mundo taurino, que ya sufría una estocada grave desde el inicio de la epidemia del coronavirus. No es fácil conocer el montante económico total de las posibles pérdidas en el caso de que la temporada no se recupere, aunque Simón Casas, presidente de la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET), recuer...

La cancelación definitiva de la Feria de San Isidro ha asestado la puntilla al mundo taurino, que ya sufría una estocada grave desde el inicio de la epidemia del coronavirus. No es fácil conocer el montante económico total de las posibles pérdidas en el caso de que la temporada no se recupere, aunque Simón Casas, presidente de la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET), recuerda el dato que ofreció su organización respecto a la temporada de 2017: 1.500 millones de volumen de negocio y un impacto de 4.500 millones, incluidos los festejos populares. Esta cifra podría ser el impacto económico que sufra el sector por la pandemia.

Los ganaderos de la Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL), que representa al 85% de los empresarios de reses bravas, han solicitado a los Ministerios de Agricultura y Cultura y Deporte y a las Comunidades Autónomas medidas de apoyo para paliar los efectos devastadores de la pandemia, que esta organización estima en unas pérdidas de 77 millones de euros por los más de 7.000 toros de su organización que se quedarán sin lidiar y el mantenimiento de añojos, erales, utreros y vacas en el campo.

Carlos Núñez, presidente de la UCTL, afirma que el panorama es desolador, y está convencido de que desaparecerán numerosas ganaderías, y que todas se verán obligadas a una drástica reconversión para adaptarse a la nueva situación.

De entrada, se quedarán en el campo alrededor de 20.000 toros que se lidian en plazas y calles cada año, cuya crianza se valora entre 4.000 y 5.000 euros por animal, pertenecientes a las 1.337 empresas ganaderas, cuyas pérdidas alcanzarían un impacto directo de 190 millones de euros, según el economista Diego Sánchez de la Cruz, impulsor del blog La economía del toro. El mismo autor añade los quebrantos económicos de las suspensiones de las primeras ferias: 6 millones la de Fallas; 5, La Magdalena; 12 millones la Feria de Abril, y 25, la de San Isidro, con un impacto esta última de casi 80 millones. Casi medio centenar de millones de euros en pérdidas por la anulación de las cuatro ferias citadas. La suspensión no se ha limitado a España, ya que también las plazas de Francia y América han cancelado sus espectáculos.

Y desaparecerán miles de puestos de trabajo (solo 2.000 entre toreros de oro y de plata) entre quienes viven del espectáculo o ejercen su labor en multitud de oficios artísticos, artesanales y turísticos que se benefician de manera directa o inducida de los toros. Solo en 2018 se celebraron 1.521 espectáculos en plazas, de los que 369 fueron corridas anunciadas en las ferias de todo el país.

Todo ello sucede, además, en un sector que sufre un creciente rechazo social y que no se siente defendido por las instituciones. A pesar de ser un espectáculo considerado patrimonio cultural por la ley y de aportar cada año a las arcas públicas alrededor de 140 millones de euros en concepto de IVA, solo recibe de los Presupuestos Generales del Estado 60.000 euros de subvención, la mitad para la dotación del Premio Nacional de Tauromaquia, y la otra mitad para programas de formación de la Fundación del Toro de Lidia (FTL).

En el actual contexto, el sector espera que la administración pública lo incluya en las ayudas previstas para las industrias culturales y adopte las medidas adecuadas para la protección de los profesionales taurinos. El jueves pasado el Ministerio de Cultura y Deporte se reunió con representantes del sector, que expusieron las dramáticas consecuencias de la pandemia y exigieron un tratamiento de igualdad con el resto de las actividades culturales.

Simultáneamente, las uniones profesionales de toreros, banderilleros picadores y mozos de espadas se han dirigido por carta a las Secretarías de Estado de Empleo y Seguridad Social en la que muestran su “desamparo laboral” al no poder acogerse a las medidas adoptadas por el Gobierno para la protección de los trabajadores por la singularidad de su forma de contratación.

Por su parte, Victorino Martín, prestigioso ganadero y presidente de la Fundación del Toro de Lidia, afirmaba días atrás: “La crisis ha llegado en el peor momento para las ganaderías de toros bravos. Nuestro sector es estacional y el invierno es una época de resistencia. Esperábamos los primeros ingresos económicos de la primavera, pero todo se ha paralizado”.

A su juicio, un año y medio sin ingresos (desde octubre de 2019 y todo 2020) llevaría a la ruina a numerosos ganaderos, y adelantaba que algunos de ellos ya habían enviado toros y vacas al matadero. De hecho, Ricardo Gallardo, propietario del afamado hierro de Fuente Ymbro, anunciaba recientemente que reducirá su ganadería a la mitad y que sacrificará 700 cabezas entre toros y vacas.

Los más callados son los matadores de toros; los modestos, atribulados ante un año presumiblemente perdido para sus ilusiones y para sus humildes economías; y las figuras, a la espera, como siempre, de que soplen vientos favorables. Entre algunos toreros ha surgido la idea solidaria titulada #EchaUnCapote al objeto de recaudar fondos para los bancos de alimentos.