El Supremo ratifica la decisión de no demoler el Teatro Romano de Sagunto
El alto tribunal cierra la larga polémica sobre la rehabilitación del monumento
La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha decidido inadmitir el recurso de casación interpuesto por el abogado Juan Marco Molines -autor del proceso judicial contra la restauración del Teatro Romano de Sagunto (Valencia)- y ha declarado firme la decisión del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV)de no obligar a la Generalitat a demoler las obras de rehabilitación ejecutadas en el monumento por los arquitectos Giorgio Grassi y Manuel Portaceli a finales de los años ochenta.
El tribunal valenciano consideró que no se podía aplica...
La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha decidido inadmitir el recurso de casación interpuesto por el abogado Juan Marco Molines -autor del proceso judicial contra la restauración del Teatro Romano de Sagunto (Valencia)- y ha declarado firme la decisión del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV)de no obligar a la Generalitat a demoler las obras de rehabilitación ejecutadas en el monumento por los arquitectos Giorgio Grassi y Manuel Portaceli a finales de los años ochenta.
El tribunal valenciano consideró que no se podía aplicar un fallo anterior del Supremo, del año 2000, por el que se declararon ilegales las obras en el teatro al entender los magistrados que se trataba de una reconstrucción y no de una rehabilitación. El TSJCV analizó la posible reversión de las obras para cumplir este fallo, pero consideró que no se garantizaba que el teatro volviera a su aspecto anterior.
El Supremo declara ahora firme esa resolución del TSJCV, de fecha 6 de abril de 2009, que en respuesta a los planteamientos de la Generalitat, consideró que había una "causa de imposibilidad legal" para ejecutar la reversión de las obras a su estado original.
Las obras fueron aprobadas en 1988 por la Consejería de Cultura. Nada más terminarse en 1993, el ex diputado del PP y abogado Manuel Marco Molines, las llevó a los tribunales por considerar que la rehabilitación alteraba sustancialmente el monumento original. El PP lideró en su momento la campaña por la demolición de la rehabilitación del teatro, incluso tras acceder al gobierno de la Generalitat en 1995. Al final, ha tenido que oponerse a la demolición del trabajo de Portacelli y Grassi que en su momento instigó.
El Supremo, en un auto del 29 de octubre, explica que el último recurso presentado por el abogado Marco Molines para que se derribaran las obras no puede ser admitido a trámite por incumplir los requisitos, y cierra así la larga polémica en torno a la rehabilitación del monumento.