Se disparan zonas de bajas emisiones en España: ya son 49 y llegarán decenas más en 2025

En las últimas semanas, España está viviendo una multiplicación de las zonas de bajas emisiones (ZBE). Si a finales de 2024 rondaban la veintena, ahora son ya 49 las ciudades que tienen una de estas áreas activas —lo que no quiere decir que todas hayan comenzado a multar—, a las que hay que sumar dos zonas más en Madrid (la capital cuenta con tres distintas), según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Casi un centenar más están en trámite y se espera que la mayoría l...

En las últimas semanas, España está viviendo una multiplicación de las zonas de bajas emisiones (ZBE). Si a finales de 2024 rondaban la veintena, ahora son ya 49 las ciudades que tienen una de estas áreas activas —lo que no quiere decir que todas hayan comenzado a multar—, a las que hay que sumar dos zonas más en Madrid (la capital cuenta con tres distintas), según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Casi un centenar más están en trámite y se espera que la mayoría lleguen a lo largo del año, dado que Transportes no otorgará ayudas estatales al transporte público a las que no lo hagan. Sin embargo, muchas de las nuevas delimitaciones son pequeñas y tardarán en aplicar sanciones, por lo que los ecologistas dudan de su efectividad para reducir el tráfico y la contaminación.

Las zonas de bajas emisiones son áreas —normalmente en el centro de las urbes— en las que se impide el paso a los coches más contaminantes, los más antiguos, basándose en las etiquetas de la Dirección General de Tráfico (DGT); en general, se veta a los que tienen una A (o sin etiqueta) y en algunos casos también a aquellos con una B o C. La Ley de Cambio Climático obligaba a que las 151 ciudades de más de 50.000 habitantes tuvieran una en marcha el 1 de enero de 2023, pero a finales de 2024 solo había una veintena. Ahora, más de dos años después, comienzan a llegar.

En las últimas semanas se han estrenado zonas de bajas emisiones en ciudades grandes, como Málaga, Palma, Valladolid, Terrassa o San Sebastián, y en otras medianas o más pequeñas como Ávila, Las Rozas, Alcobendas, Guadalajara, Fuengirola o Siero. En total, 49 municipios tienen ya en marcha una de estas áreas, aunque cuatro de ellos cuentan con menos de 50.000 habitantes (Esplugues de Llobregat, Gavà, Sant Adrià de Besòs y Sant Joan Despí, todas alrededor de Barcelona).

Un análisis de EL PAÍS muestra que en la mayoría de los casos se trata de perímetros muy pequeños que ocupan una parte mínima del término municipal: del 1% al 3%, en algunas ocasiones incluso menos. Destaca negativamente Zaragoza, que ha seleccionado un área de 0,6 kilómetros cuadrados (km²), que supone tan solo el 0,1% del municipio.

En Málaga, de reciente creación, son cuatro kilómetros cuadrados, alrededor del 1% de su superficie. En Córdoba, sus 2,5 km² restringidos no llegan al 0,1% del total, pero hay que tener en cuenta que es un término municipal enorme (1.255 km² frente a los 141 km² de Sevilla). Los ejemplos positivos son Madrid y Barcelona, que consideran la mayor parte del municipio como zonas de bajas emisiones (605 y 95 km², respectivamente).

Esas áreas pequeñas contradicen el espíritu tanto de la guía que Transición Ecológica presentó en 2021 como del decreto que aprobó en 2022: si bien no determinan que estas áreas de tráfico restringido deban tener una extensión mínima, sí detallan que deben abarcar un área “significativa” que permita reducir la contaminación, algo difícil de lograr con restricciones tan pequeñas.

Otras 98 zonas de bajas emisiones siguen en trámite y se espera que la mayoría las activen a lo largo del año, dado que si no se quedarán sin subvenciones estatales para el transporte público, que entre ayudas y bonificaciones rondan los 2.000 millones anuales.

Álvaro Fernández Heredia, hasta hace dos días secretario de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes, señala: “Las condiciones para las ayudas ya están publicadas en el BOE y explican que para otorgarse los municipios deben tener de manera funcional una zona de bajas emisiones, antes de que acabe el año, que aplique restricciones a través de la tecnología y que no puede estar en sistema de avisos. Esas condiciones se van a comprobar para que puedan recibir las ayudas a final de 2025”.

El ahora presidente de Renfe apunta que estas ayudas son importantes para los ayuntamientos, ya que el transporte público suele suponer entre el 8% y el 10% de los presupuestos municipales. ¿Serviría con que empezaran a multar el próximo 31 de diciembre? “Las ciudades tienen que aprobar una ordenanza de movilidad, que tarda un tiempo, y tener en marcha un sistema sancionador. Si se esperan al final del año puede que tengan algún problema y les salga mal”, responde Fernández Heredia. En cualquier caso, será Transición Ecológica la encargada de constatarlo.

Fuentes del departamento de Sara Aagesen señalan por su parte que el ministerio “mantiene reuniones periódicas con Transportes para seguir acelerando el establecimiento de estas zonas de bajas emisiones”, y recuerdan que la vicepresidenta pidió la semana pasada agilizar todas las medidas que tengan que ver con estas porque “es fundamental seguir mejorando la calidad del aire en las ciudades, ya que esto revierte en la salud de los ciudadanos”. En el mismo sentido se expresó hace unas semanas el Defensor del Pueblo, que exigió instalarlas cuanto antes.

Esas medidas de presión no están funcionando por ahora en ocho municipios rebeldes, que siguen sin iniciar siquiera los trámites para poner en marcha su área; son Arganda del Rey, Arona, El Puerto de Santa María, Ferrol, Orihuela, Sanlúcar de Barrameda, Telde y Valdemoro, además de las 11 islas de Baleares y Canarias. Ecologistas en Acción se plantea llevar a los tribunales a algunas de ellas.

Críticas de los ecologistas

Las entidades ecologistas valoran que, aunque sea con dos años de retraso, estén entrando en vigor las tan esperadas zonas de bajas emisiones, pero critican su falta de ambición. “Es positivo que los ayuntamientos se pongan las pilas, por fin están llegando las restricciones de tráfico, aunque parece que muchas de ellas son con unas condiciones de mínimos para cubrir el expediente y van a tener poca afección en la movilidad”, apunta Cristina Arjona, portavoz en Movilidad de Greenpeace.

Mientras, Carmen Duce, de Ecologistas en Acción, destaca que en los próximos meses veremos muchas más: “Muchos de los proyectos están muy avanzados, y bastantes ordenanzas están ya en camino e, incluso, algunas están ya en fase de consulta pública antes de la aprobación. Sin embargo, en los textos estamos viendo que la extensión de las zonas de bajas emisiones es ridícula, como ocurre ya con la de Zaragoza, que no llega a un kilómetro cuadrado. En otros casos se trata de zonas del centro ya peatonalizadas y sin estaciones para medir la contaminación, con lo que no sabemos cómo se va a evaluar la mejora de la calidad del aire”.

Duce pone el foco en la futura área restringida de Valencia, la tercera ciudad de España en población: “Plantea una zona muy pequeña, que empezará a funcionar sin sanciones, y plantea un calendario en el que hasta 2028 no empezaría a funcionar completamente. Es absurdo, en esa fecha los coches sin etiqueta de gasolina tendrán 28 años de antigüedad, es decir, que afectará a muy pocos vehículos”.

Desde el Consistorio valenciano responden que “la imposición del Ministerio a que en 2025 tenga que estar implantada la zona de bajas emisiones obliga a que el 1 de diciembre de 2025 se inicie la fase sancionadora que afectará a los vehículos más contaminantes [aquellos sin etiqueta] registrados fuera de la provincia de València”. Es una medida mucho más laxa que en la mayoría de los casos, que solo aplican excepciones para los residentes en la ciudad.