El fiscal Barros y el homicidio en Chile del disidente Ronald Ojeda: “Existen antecedentes claros que apuntan hacia Diosdado Cabello”

El fiscal Héctor Barros, encargado de la investigación del secuestro y asesinato del exmilitar venezolano y refugiado político en Chile Ronald Ojeda, ocurrido en Santiago en febrero de 2024, ha apuntado nuevamente al ministro de Interior y Justicia del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, como el presunto autor intelectual del crimen. “Han surgido antecedentes de la propia investigación que van dando cuenta de que esto habría sido un encargo político del Gobierno y, particularmente, que quien habría pagado y encargado este delito completamente al Tren de Aragua apuntan a Diosdado Cabello”, dijo en una entrevista este jueves en el canal 24 Horas de TVN.

Según Barros, persecutor regional de la Fiscalía Sur y coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público en la Región Metropolitana, “en este caso existen antecedentes claros que apuntan hacia Diosdado Cabello”, pero que necesitan un estándar superior a efectos de una eventual formalización de la investigación ante un tribunal chileno del número dos del régimen chavista. “Si tengo dudas sobre si es un crimen político o no: jamás. Lo hemos sostenido desde el primer momento”, acotó.

Ojeda, de 32 años, fue secuestrado por sujetos disfrazados de policías chilenos el 21 de febrero de 2024 en su departamento en Independencia, al norte de Santiago, y 10 días después su cuerpo fue hallado enterrado bajo cemento en una barriada informal en la comuna de Maipú. Barros ya había indicado, en una entrevista con Chilevisión en abril del año pasado, que el móvil del crimen había sido político –no se pidió nunca rescate– y planificado desde Caracas, pero entonces no señaló quién estaría detrás de su autoría intelectual.

En los 17 meses de investigaciones han podido recabar pruebas y testimonios que se encuentran en el expediente, además las autoridades han conseguido detener y formalizar a involucrados en el crimen del exteniente en Santiago. El último de los arrestados en Chile por el caso es Édgar Benítez Rubio, alias El Fresa, integrante de los Piratas de Aragua, una facción de la organización criminal trasnacional el Tren de Aragua, nacida en la cárcel venezolana de Tocorón. Benítez arribó a Santiago este martes en un vuelo de la Fuerza Aérea chilena desde Estados Unidos, donde fue detenido en febrero pasado. Fue extraditado junto con otros cuatro sujetos acusados de cometer diferentes delitos en el país sudamericano, como explotación sexual, tráfico de migrantes, homicidio y secuestros.

Este miércoles, un tribunal dictó una medida cautelar de prisión preventiva en contra de Benítez por proveer el vehículo en el que fue trasladado Ojeda durante el secuestro.

El crimen del exteniente ha generado tensiones en distintas oportunidades las relaciones diplomáticas entre el Gobierno de Gabriel Boric y Venezuela en el pasado. Hoy los vínculos entre La Moneda y el Palacio de Miraflores son casi inexistentes, una distancia que se cristalizó desde las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio pasado, cuando Nicolás Maduro se dio por ganador sin mostrar las actas electorales hasta hoy.

“Perseguir a quien corresponda”

Consultado sobre la posibilidad de una solicitud de extradición de Cabello a Chile, Barros dijo que “se podría pedir respecto de él en la medida en que nosotros sigamos avanzando en la investigación, o sea, que los antecedentes que ya tenemos puedan robustecerse un poco más para el efecto de llegar a esa situación y como ha señalado siempre el fiscal nacional [Ángel Valencia], nosotros vamos a perseguir a quien corresponda perseguir y en el país en que esté”.

También recalcó que, según la Constitución venezolana, no está contemplada la figura de la extradición: “Es decir, los sujetos que están en Venezuela no son extraditables a ningún país”.

El fiscal recordó que en Chile no se había registrado ningún caso similar al del exmilitar, por lo que reiteró que tiene una connotación distinta al resto de los secuestros con homicidios sucedidos en el país sudamericano. “El perfil de la víctima en este caso, Ronald Ojeda, es político. Él estaba como refugiado político en Chile, participó en el intento golpista en el gobierno de turno en Venezuela y dos meses antes de ser secuestrado y asesinado, nuevamente había regresado a Venezuela con la finalidad de intentar otro golpe de Estado en contra del Gobierno de Nicolás Maduro”, señaló Barros.

El fallecido teniente estuvo nueve meses preso en la cárcel militar de Ramo Verde, en el estado de Miranda, en Venezuela, por estar involucrado en un supuesto plan conspirativo contra Maduro y escapó a Perú en 2017. Pero en ese país estuvo unos meses, pues no se sentía seguro y decidió pedir refugio político en Chile, en 2018, que fue concedido en 2023.

Ojeda y otros 32 oficiales fueron degradados de su grado militar y expulsados de la Fuerza Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB) el 24 de enero de 2024. En un comunicado oficial del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, que dirige el general Vladimir Padrino, se les acusó de estar implicados en conspiraciones “mediante la planificación de acciones criminales y terroristas” y de “actos de traición a la patria”.