Susana Jiménez: “Nos preocupa la judicialización de proyectos y las decisiones basadas más en política que en análisis técnicos”

En diciembre, Susana Jiménez (Santiago, 55 años) asumió como la primera mujer presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), el gremio que agrupa a las mayores empresas en Chile, en sus 90 años de historia. En su discurso se definió como “una feminista que cree y defiende el mérito”, y lo recalca en esta entrevista: “Soy defensora de la igualdad de oportunidades, pero no creo en las cuotas [de género] porque eso no nos favorece necesariamente”.

Economista y exministra de Energía en la segunda Administración de Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022), de la derecha tradicional, participa en cinco directorios de compañías. En su primer mes como lideresa, ha cuestionado el nuevo rechazo del Comité de ministros de Gabriel Boric, el 8 de enero, al proyecto minero Dominga. Y esta semana lo ha sido también a los ajustes a la propuesta de reforma previsional, consensuados por el oficialismo y gran parte de la oposición —en trámite en el Congreso— que aumenta a 8,5 % la cotización a cargo del empleador y mantiene a las AFP [Administradoras de Fondos de Pensiones].

Pregunta. ¿Qué le parece el acuerdo para avanzar en la reforma de pensiones?

Respuesta. Es positivo que se haya alcanzado un acuerdo, donde todos tuvieron que ceder algo. Destaco que se avanza en elevar las pensiones al aumentar el ahorro de los trabajadores, con lo que se legitima el mecanismo de capitalización individual y se podrá profundizar el mercado de capitales, lo que trae beneficios al país. Por otra parte, es importante haber logrado la compensación entre hombres y mujeres, pero la propuesta implica un costo demasiado alto para el empleador, en momentos en que enfrentamos una tasa alta de desempleo, mucha informalidad y baja productividad. Habría sido mejor una mayor gradualidad del alza de las cotizaciones a lo largo del tiempo, de manera que, junto con más crecimiento, emprendimientos e inversión, el mercado laboral pueda absorber ese mayor costo.

P. ¿Qué más les preocupa?

R. El diseño del préstamo, el rol que se le da al Estado en la gestión de cuentas a través del Instituto de Previsión Social, el efecto en las inversiones y la rentabilidad de los ahorros por la licitación de cartera de cotizantes, y, entre otros puntos, el inicio del aumento de la capitalización individual recién al tercer año.

P. Chile experimenta una tendencia al bajo crecimiento ¿Cómo se revierte?

R. El bajo crecimiento se debe a una combinación de factores, y no hay una sola bala de plata. Abogamos por ser más competitivos en términos tributarios, porque Chile tiene tasas corporativas altas y proponemos una rebaja. Por otro lado, se deben mejorar las condiciones para tener más certeza jurídica. Nos preocupa la judicialización de proyectos, las decisiones basadas más en política que en análisis técnicos.

P. ¿Se refiere a Dominga?

R. A Dominga, pero también a otros anteriores. Por un largo tiempo estuvo en discusión el royalty a la minería, pero hoy son discutidos otros proyectos vinculados a los PMDG (pequeños medios de generación distribuida) de energía, el fraccionamiento en la pesca, las concesiones acuícolas para la salmonicultura. Se genera incerteza jurídica, y hay que vencer eso. Tenemos otro problema: la inseguridad. Sin seguridad, es difícil atraer inversiones.

P. Dijo que el rechazo del Comité de ministros a Dominga es un símbolo de que la política le gana a lo económico. ¿Por qué?

R. El proyecto Dominga ha estado más de una década en tramitación, tiene apoyo mayoritario en la región [Coquimbo] por el impacto positivo en términos de empleo, pero además siempre ha demostrado que tiene el resguardo ambiental exigido por la ley. Entonces, cada vez que vuelve al Comité y se rechaza con argumentos débiles y subsanables, uno se da cuenta de que es una decisión política. Eso le hace daño no solo al proyecto, sino al relato que trató instalar un gobierno que partió sin considerar los problemas de seguridad y crecimiento en su programa original, pero que debió cambiar porque la realidad se impuso. Estos temas han tomado un lugar más protagónico desde el discurso, pero llegado el momento de concretar soluciones gana la política a la economía, y eso es una señal preocupante.

P. ¿Qué está pasando con los inversionistas chilenos?

R. Chile sigue siendo un país atractivo desde el punto de vista relativo: hay institucionalidad y buen nivel en el concierto de los países emergentes. En tanto, siempre será posible atraer capitales extranjeros. Pero la pregunta es si esos capitales vienen a comprar activos existentes a buen precio o para hacer una apuesta de inversión. Y al observar cuánto aumenta la formación bruta de capital —que es como se mide la inversión―, no vemos nuevos números. Igualmente, se ha observado la búsqueda de oportunidades en otros destinos. Hay que trabajar para que Chile sea la opción número uno de nacionales y extranjeros, pero para lograrlo necesitamos crecer más del 2 %.

P. ¿Cómo observa el proyecto legislativo para agilizar permisos?

R. Está en la dirección correcta, pero no es suficiente. En Chile, la situación de permisos es la más engorrosa de la OCDE, sin eso significar que se están protegiendo adecuadamente bienes. No se puede decir que nuestro sistema por ser más extenso e intenso tiene mejores resultados. Hay muchos proyectos que nunca ven la luz [por trabas para obtener permisos], porque [los inversionistas] desisten a un proceso muy costoso o difícil de llevar a cabo.

P. ¿Qué esperan de la reforma al impuesto a la renta adelantada por el ministro Marcel?

R. Los impuestos corporativos son muy altos. Dado que no hay holgura fiscal porque ha habido un gasto por sobre los ingresos en los últimos años, se buscarán mecanismos de compensación. Estaremos atentos a cómo ingrese el proyecto al Congreso. Pero creemos que bajar la carga tributaria a las empresas puede tener un efecto dinamizador, y que se puede compensar esa menor recaudación a través del crecimiento económico.