Chile ordena un plan de acción ante una posible nueva ola migratoria de venezolanos

El Gobierno de Gabriel Boric ha puesto en marcha este miércoles un plan de acción ante una eventual nueva ola migratoria tras el triunfo asignado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Nicolás Maduro en Venezuela y el cierre de su embajada en Chile determinado por el líder chavista luego de que no reconociera su reelección. La decisión, calificada por la Administración de izquierdas de “vergonzosa e incomprensible”, es especialmente sensible para el país sudamericano ya que deja a la deriva a los más de 700.000 venezolanos que residen en el territorio chileno, según el Ministerio del Interior. El Ejecutivo ya está en conversaciones con países vecinos y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, viajará este jueves a dos puntos de la frontera norte, donde están desplegadas las Fuerzas Armadas, para reforzar el control de ingreso de extranjeros sin papeles.

Durante dos horas la ministra del Interior, Carolina Tohá, se reunió de urgencia la tarde del miércoles en el Palacio de La Moneda con el subsecretario Monsalve, la ministra de Defensa Maya Fernández, el subsecretario de dicha cartera, Ricardo Montero, y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, para definir un plan de acción. El mensaje del mandatario chileno, según de la Fuente, fue que las autoridades continúen haciendo “todos los esfuerzos de la coordinación a nivel de los países de la región para enfrentar la situación que, eventualmente, podría producir por un flujo migratorio mayor”.

Monsalve y Montero se trasladarán este jueves a Colchane, un foco crítico de la inmigración irregular, en el extremo norte del país. “Seguramente vamos a tomar decisiones que tienen que ver con fortalecer nuestra capacidad como Estado, en materia de infraestructura en la frontera, en materia de equipamiento y tecnología”, dijo el subsecretario del Interior. “Todo aquello necesariamente implica que hay personas que ocupan esos medios y ese equipamiento, por lo que por supuesto eso va a implicar aumentar la capacidad humana en la frontera”, añadió.

Caracas dio 72 horas para la salida del personal diplomático chileno como el retiro de sus representantes de Santiago, y de otros seis países de América Latina, en señal de rechazo a los gobiernos que exigen un conteo de votos transparente y la verificación de veedores internacionales. El presidente Boric asignó en su primer año de mandato al socialista Jaime Gazmuri como embajador en Venezuela, lo que puso término a cinco años de vacancia. En todo momento, sin embargo, hubo un encargado de negocios que permitió un funcionamiento consular básico. Gran parte del personal chileno ya está en camino, pero un equipo pequeño, encabezado por Gazmuri, lo hará el viernes.

“Esta definición que tomó el gobierno venezolano les va a afectar muy fuertemente [a la población venezolana]. Entre otras cosas no van a tener cómo, en el corto plazo, realizar sus trámites y vamos a buscar cómo apoyar para dar alguna solución a eso”, sostuvo Tohá.

La subsecretaria de Relaciones Exteriores sostuvo este martes una serie de reuniones con sus homólogos de Colombia, Perú y Ecuador y sus respectivos representantes de los servicios de migración para un plan de acción que haga frente a una eventual nueva ola migratoria venezolana. La cancillería chilena también está en conversaciones con Bolivia.

El quiebre diplomático de facto con Caracas también impacta de lleno la llamada ‘doctrina Valencia’, impuesta en abril de 2023 por el fiscal nacional Ángel Valencia, que permite solicitar prisión preventiva a los inmigrantes detenidos por un delito y que no cuenten con su documentación. De los 57.000 reclusos en Chile, 20.651 se encuentran en prisión preventiva, una cifra que casi se ha duplicado en la última década, y que se traduce en el 36% de la población penal. De ellos, 8.481 son extranjeras (casi uno de cada cuatro son venezolanos, 2.256, muy similar a la de los colombianos y bolivianos).

En el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), la principal cárcel de alta seguridad en Chile, el 60% son extranjeros. La mayor concentración son líderes de bandas criminales como las venezolanas Los Gallegos y el Tren de Aragua. “Los números dan cuenta de que estamos ad portas de una crisis del sistema penitenciario”, sostuvo este miércoles el ministro de Justicia Luis Cordero en radio Duna. “Tenemos sobrepoblación sobre 100% en todas las regiones del país, salvo en Tarapacá, y Los Ríos”, añadió.

El fiscal nacional reconoció en una reciente entrevista con EL PAÍS que existen problemas en Chile con la segregación carcelaria debido a que “están mezclados los líderes de las bandas [transnacionales] con personas que no tienen esa calidad y no deberían estar juntos” porque , explicó, eso permite que internos que son primerizos –con delitos menores– tengan contacto “con delincuentes avezados”. Una situación que, según Valencia, está pasando en todos los penales del país. “Por ejemplo, porque llegan personas indocumentadas y no tenemos información sobre sus identidades, sus registros penales o sus prontuarios”.

La excanciller de Boric, Antonia Urrejola, planteó en La Tercera que la medida adoptada por Venezuela, ordenar el retiro a su personal diplomático tanto en Caracas como en Santiago, genera “un problema bien grande” a Chile para, por ejemplo, obtener antecedentes e información de las personas que son detenidas por cometer delitos, pero también para la obtención de documentación de todos los migrantes venezolanos que están hoy en el país. “Por lo mismo, la situación en que estamos hoy tendrá efectos prácticos, primero en la situación migratoria de Venezuela hacia Chile, en la irregularidad de las personas que están en Chile y en cualquier intercambio de información”, aseguró. También apuntó que todos los analistas señalaban antes de los comicios del domingo que, de cumplirse el escenario actual, se produciría una ola migratoria muy fuerte: “La ola más grande que hubo en el pasado fue precisamente después de las elecciones presidenciales del 2018″. Por eso, urge a una coordinación de los países de la región.

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