“No todo diálogo es ‘lobby’”, pero sí lo es entre autoridades y grupos de interés

Desde que se dieron a conocer las reuniones sostenidas por seis de los ministros del presidente Boric en casa de un reconocido lobista, el exalcalde y dirigente de la UDI Pablo Zalaquett, se ha desencadenado un enorme revuelo sobre la pertinencia de este tipo de encuentros. Las fechas de las reuniones coincidieron con anuncios previos, por parte de las autoridades de Gobierno, por lograr la aprobación de la reforma tributaria, avanzar en una reforma previsional y, de manera más reciente, en una nueva ley de pesca. Las críticas que han surgido, tanto de personeros de la oposición como del oficialismo, apuntan a destacar que no se habría respetado la ley de lobby. Esta legislación obliga a registrar las reuniones entre autoridades de gobierno y/o parlamentarios con empresarios, o con quienes persigan intereses particulares.

Como es sabido, el lobby es una estrategia utilizada por los grupos de interés con el fin de influir en el proceso de toma de decisiones —para que se legisle a su favor o, en otros casos, para atenuar los efectos de un proyecto de ley promovido por el Gobierno—. El lobby se realiza a través de encuentros, formales e informales, con autoridades de Gobierno o grupos de parlamentarios. Por lo general el lobby de los grupos de interés obliga cubrir todos los frentes, desde las autoridades de gobierno hasta los parlamentarios oficialistas y de oposición. A su vez, los grupos pueden llegar a contratar intermediarios que actúan como lobistas, vale decir, que facilitan el encuentro con autoridades y parlamentarios, e incluso adelantan información y temas de interés.

La mayoría de los lobistas que existen en Chile —que se encuentran registrados y se les reconoce como tal— pasaron alguna vez por el Gobierno y algunos ocuparon cargos de elección popular. Estando en el gobierno, aprendieron a relacionarse y conocieron a fondo el funcionamiento del sector público y a representantes del privado. Tuvieron la oportunidad de compartir con autoridades políticas, eclesiásticas, civiles y militares. Por ende, tras el paso por el gobierno se incorporaron como directores de empresas, asesores y expertos comunicacionales, haciendo del lobby su vocación y profesión. Quienes tuvieron experiencia parlamentaria, se especializaron en determinados temas relacionados con los proyectos de ley tramitados y discutidos, lo que les permitió luego transformarse en asesores sobre tales materias. En fin, como integrantes en el Gobierno, o bien como parlamentarios, adquirieron la experiencia suficiente para luego servir de intermediarios de empresarios y demás grupos de interés.

Ya sea de manera directa, o contratando lobistas, los empresarios pretenden influir en las decisiones de las autoridades y parlamentarios. Pero en el bullado caso de estos días ocurre lo contrario: son autoridades de gobierno, específicamente ministros, quienes decidieron reunirse con empresarios y representantes de este sector. A la casa de Pablo Zalaquett asistieron los ministros de Interior, Economía, Medio Ambiente, Trabajo, Agricultura y Relaciones Exteriores. Lo intentaron hacer de manera sigilosa sin que nadie se diera cuenta, algo que vulnera la actual ley de lobby. Algunos de esos ministros afirmaron que no recordaban la fecha ni el contenido de los temas tratados en las cenas organizadas por el lobista Zalaquett. El ministro de Economía, Nicolás Grau, sostuvo que no había ninguna ilegalidad al reunirse con empresarios de la industria salmonera, señalando que en el encuentro —al que también asistió la titular de Medio Ambiente— no se habría hablado de la ley de pesca. La ministra Vallejo sostuvo que “no todo diálogo (con los empresarios) es lobby”. Por su parte, el presidente Boric afirmó —de manera categórica— que era importante “dialogar hasta que duela”.

Es cierto que no toda conversación puede ser catalogada de lobby. Y también es cierto que —como esencia de la política— es necesario dialogar y buscar acuerdos con diferentes actores, sean estos de oposición o considerados adversarios. Pero también es cierto que, a veces, basta un simple llamado de teléfono, una conversación en medio de un cóctel o el encuentro en un seminario, para asegurar el respaldo de quien tomará una decisión. Asimismo, genera suspicacia el hecho de que autoridades de gobierno que asisten a la casa de un particular, para escuchar solo a representantes del sector empresarial, no asuman compromisos o acuerdos extrainstitucionales. Más aún si ellos mismos trataron ocultar dichos encuentros y, una vez divulgado en un reportaje de la prensa, evitaron trasparentar y dar a conocer los temas abordados.

Por el contrario, existen una serie de instancias institucionales que hacen posible el diálogo con los empresarios, en las cuales además pueden participar otros actores y grupos de interés para expresar sus puntos de vistas. En efecto, existen los gabinetes y despachos ministeriales, de la presidencia, junto a las comisiones de ambas cámaras del Congreso Nacional. Esos espacios pueden ser ámbitos para la recepción de demandas y puntos de vista, así como también, en el caso de las comisiones, arenas de deliberación. Espacios en los cuales los contenidos de los temas tratados, las posturas y las decisiones, quedan registradas y a disposición de la ciudadanía.

Las reuniones de los ministros en casa del lobista Zalaquett no son una práctica nueva. De hecho, se pueden reconocer en diferentes momentos posteriores a 1990, aunque se comienzan a regular desde que en 2014 entra en vigencia la ley de lobby. Andrés Allamand, en su libro-memoria La travesía del desierto (Santiago: Aguilar, 1999), alude a los desayunos organizados en casas particulares, a inicios de los años noventa, a los que asistían representantes del gobierno y de la oposición, para tratar temas que pudieran poner en riesgo la estabilidad del sistema o bien afectar a un sector de la derecha. El mismo Allamand se refirió a la presión de los empresarios como la manifestación de los “poderes fácticos” que pretendían incidir en las principales decisiones desde el retorno de la democracia. Por su parte, Antonio Cortés Terzi, destacado intelectual vinculado al Partido Socialista, se refirió a los “circuitos extrainstitucionales del poder” (Santiago: Cesoc, 2000) predominantes en los años noventa y en la década siguiente. El exministro Enrique Correa, que desde 1994 se convirtió en destacado lobista, diez años después se vio enfrentado a decidir entre defender “intereses privados” o “intereses públicos”, optando finalmente por abandonar el Partido Socialista y así poder seguir ofreciendo sus servicios a empresas y a miembros de la élite que se vieran envueltos en escándalos o en otro tipo de dificultades.

Lo ocurrido y declarado desde el gobierno vulnera la trasparencia y una adecuada rendición de cuenta (accountability) de autoridades y representantes del oficialismo. A ello se agregan otro tipo de hechos, como el intento por parte del gobierno de restringir los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) y los frecuentes altercados entre el presidente y la prensa —que por lo general redundan en una denostación hacia reporteros y periodistas más que en una interpelación a los “poderes” que estarían detrás—. Con las reuniones mencionadas se trasgredió un aspecto importante del funcionamiento del sistema democrático y, en especial, de la toma de decisiones. El tiempo dirá si la acción de algunos ministros fue en aras del “bien común”, o si terminó siendo una maniobra para en el futuro aterrizar con tranquilidad en el sector privado.