La red concertada a debate
En época de anuncios de reformas importantes del sistema educativo español, PNV y PSE confluyen en sus programas electorales en la necesidad de una ley vasca de educación que mane de un consenso, un gran acuerdo educativo. Lo hacen con enfoques distintos: el PSE reclama este nuevo texto como fórmula para actualizar la Ley de la Escuela Pública vasca, de 1993, y con la intención de aglutinar en ella cambios como el propio trilingüismo o el programa de introducción de miniordenadores en las aulas, Eskola 2.0 —que quieren ampliar a cuarto de Secundaria—. Mientras, el PNV argumenta la necesidad de...
En época de anuncios de reformas importantes del sistema educativo español, PNV y PSE confluyen en sus programas electorales en la necesidad de una ley vasca de educación que mane de un consenso, un gran acuerdo educativo. Lo hacen con enfoques distintos: el PSE reclama este nuevo texto como fórmula para actualizar la Ley de la Escuela Pública vasca, de 1993, y con la intención de aglutinar en ella cambios como el propio trilingüismo o el programa de introducción de miniordenadores en las aulas, Eskola 2.0 —que quieren ampliar a cuarto de Secundaria—. Mientras, el PNV argumenta la necesidad de esta ley con el objetivo de garantizar marcos estables para la educación y de alejar sus partes esenciales de la confrontación política.
Si bien los socialistas plantean que la ley recoja la financiación de los centros con recursos públicos, son los más reacios a modificaciones en la estructura de las dos redes educativas, la pública y la concertada. El debate, reactivado por las dos principales plataformas de centros privados sostenidos con fondos públicos, Kristau Eskola e Ikastolen Elkartea, cuenta con el respaldo de PNV y PP, y EH Bildu se suma a él porque es necesario “repensar el concepto de lo público, hasta ahora lo hemos empleado de forma muy limitada”, señala Bilbatua. Celaá, por contra, es contundente: “Si tuviéramos más recursos económicos estudiaríamos una financiación más satisfactoria. Pero no los hay, lo que implica necesariamente detraer recursos de la red pública para llevarlos a la concertada”.