La Iglesia argentina publica sus archivos sobre la dictadura: “Debería haberse puesto más energía en evitar tanta matanza”
El presbítero Carlos María Galli, coordinador de una investigación sin precedentes sobre miles de archivos desclasificados por la Santa Sede y el Episcopado argentino, detalla las contradicciones que atravesaron a la jerarquía eclesiástica tras el golpe militar de 1976
![Carlos María Galli, presbítero y decano de la Facultad de Teología de la UCA.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/U6S6JKH3PBAWZD3PHUQQBOJ3MY.jpg?auth=62c2bb4eb2638252f082f6e5db0f6d9873720a89ee07881d80c9b49bdf4daa8f&width=414)
![Federico Rivas Molina](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F2fd20fad-1ed8-47a7-a684-59526d1682f4.png?auth=bad56099dc8f7a8f1e6de70f87d38f67107663f0a4322eee650c83322d0a3afd&width=100&height=100&smart=true)
La Iglesia Católica de Argentina ha saldado una deuda. Tras cinco años de trabajo, un equipo de 25 personas encabezado por el presbítero Carlos María Galli, rector de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina (UCA), clasificó todos los archivos de la Santa Sede, la Nunciatura en Buenos Aires y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) acumulados durante los años de la violencia política en los setenta. El resultado, resumido en tres tomos titulados La verdad los hará libres (Planeta), es un análisis sin precedentes sobre el papel de la jerarquía eclesiástica durante la dictadura militar (1976-1983). En 900 páginas, se detallan las respuestas que la Iglesia dio a los más de 3.000 pedidos de ayuda de los familiares de víctimas del terrorismo de Estado, los contactos con la cúpula militar y las contradicciones internas que lastraron una respuesta más contundente a los asesinatos, torturas y desapariciones. Los organismos de Derechos de Humanos exigieron durante décadas la desclasificación de estos documentos, esperanzados en que apareciesen datos aún desconocidos sobre el paradero de los desaparecidos. “Hay que evitar las falsas expectativas. No van a encontrar lo que la Justicia ni ellos encontraron”, advierte Galli.
![Carlos María Galli en su oficia de Buenos Aires.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/NRWK5ZRLD5GSTOVN26SBH64GVI.jpg?auth=2429eea2d1a290f9478b5dee5a6ee0afe9aeecb8ae2579a3a0c086b8645f9f41&width=414)
Pregunta: ¿Cómo se inicia esta investigación?
Respuesta: Cuando [Jorge] Bergoglio fue presidente de la Conferencia Episcopal (2005-2011) encomendó a un obispo ya fallecido, [Carmelo] Giaquinta, estudiar la causa de monseñor [Enrique] Angelelli, el obispo de La Rioja que fue asesinado por la dictadura en 1976 después de que le habían matado dos curas y un laico que ahora han sido beatificados. Buscando el material de Angelelli, Giaquinta encontró en el archivo de la CEA un fondo que decía Derechos Humanos. Le comentó entonces a Bergoglio que valía la pena sistematizar todo eso, sobre todo por si había información para familias de víctimas. En 2013 es elegido Francisco y decide en Roma que se digitalice además todo el material que hay en la Santa Sede acerca del periodo de la dictadura militar y las desapariciones en Argentina. Quedaba la tarea de clasificación. Nadie se animaba a algo tan grande. Me lo pidieron, armé una comisión de editores y convocamos a unas 25 personas para iniciar el trabajo.
P. ¿Qué hay en ese material?
R. Sobre todo los pedidos de los familiares de las víctimas y cómo respondió la Iglesia. En la Nunciatura había 3.115 casos, en el Episcopado algunos otros. Se ven las formas de pedir, individuales o colectivas, y las respuestas que dieron los militares, que siempre fueron evasivas o con generalidades.
P. El bienio 1976-1977 lo titulan El terror. ¿En qué se diferenciaron esos dos años de la dictadura del resto?
R. En que son los años de mayor terrorismo de Estado. La represión fue una cacería de personas indefensas más allá de su compromiso político. El esquema fue detención, tortura, información y, cuando la persona no daba más de sí y se agotaba en su capacidad de información, desaparición. Ese circuito, terrible y brutal, que lo habían tomado de la actuación francesa en Argelia, fue lo que le permitió a la inteligencia represiva avanzar en la lucha contra las organizaciones armadas. Por eso nuestra tesis no es que hubo dos demonios, sino que hubo una espiral de violencia que se fue ampliando y consolidando cada vez más y que tiene su culminación en la peor violencia de todas, que es el Estado del terror.
P. La investigación da mucha importancia a los casos de niños desaparecidos
R. Las primeras personas que se entrevistaron con Juan Pablo II fueron las Abuelas de Plaza de Mayo [que buscaban a sus nietos nacidos durante el cautiverio de sus madres] en una visita a Brasil y luego en Roma. Estudiamos las listas de las que dispone la Iglesia sobre estos organismos, pero a la vez tratamos de transmitir algo de la angustia y el dolor de las cartas de los familiares. Todas tenían un esquema muy formal para la época, pero contaban las cosas con el afecto familiar. Ahí se puede ver qué hizo y no hizo el Episcopado.
P. ¿Y qué hizo el Episcopado?
R. Los archivos dan testimonio que hizo mucho ante los pedidos de los familiares y las víctimas. Pero lo que hizo y dijo ante las autoridades militares no fue muy efectivo. Ni en los pedidos escritos con listas o por personas concretas, ni en las gestiones de las autoridades o de una comisión llamada de Enlace, formada por tres obispos puestos para negociar con los tres secretarios de las Fuerzas Armadas. A esos los caminaron siempre. Tomaban nota y después no respondían nada, o “ya veremos”, “este caso no lo teníamos”, “no sabemos nada”. Tres grandes obispos dicen en el tomo uno de La verdad los hará libres: “No estuvimos a la altura de los acontecimientos. La estrategia de muchas gestiones privadas y pocos gestos públicos no dio resultado”. O que deberíamos haber actuado con gestos que pudieran haber tocado de algún modo la condición católica de los militares. Monseñor Miguel Hesayne, que fue un gran luchador por los derechos humanos, dice que “hubo debilidad, no hubo complicidad”. Pudo haberla habido de algún obispo promilitar, algún cura o capellán militar o de laicos, dice Hesayne.
P. ¿Y su opinión personal cuál es?
R. Que debería haberse puesto mucha más energía en la protesta pública, de tal modo que la autoridad institucional de la Iglesia jugara más fuerte para evitar tanta matanza. Hay que tener en cuenta que en el Episcopado había un gran debate: nos pronunciamos públicamente con más fuerza o consideramos que es mejor negociar para que no desaparezcan o maten más gente. Esto no exime de que se podrían haber hecho más cosas. Pero cuando ellos eran cuestionados de hacer poco, entonces saltaban solidaridades corporativas, ‘estamos haciendo esto, haciendo lo otro’. En la investigación no hemos tapado nada de todo lo que sabemos.
P. ¿Le sorprendió lo que encontró?
R. El grupo se fue conmoviendo cada vez más, sobre todo los más jóvenes, porque nunca habían tenido contacto directo o indirecto con un familiar de desaparecido. Algunos tenían que parar, otros se ponían a llorar, otros necesitaban conversar.
P. ¿Algún familiar puede encontrar algo que aún no sabía?
R. Hay que evitar las falsas expectativas. No van a encontrar lo que la Justicia ni ellos encontraron. No van a encontrar donde están, o en que cementerio o si lo enterraron o lo tiraron durante un vuelo de la muerte. Eso no lo tenemos. Si la Iglesia lo hubiese tenido, lo hubiera dicho oportunamente a un juez. Lo que tenemos son testimonios de gente que buscaba a alguien y no tenían ni en los partidos ni en los medios de comunicación quien los recibiera.
P. ¿Hay información sobre el papel de Jorge Bergoglio en esa época? Cuando fue elegido Papa en Argentina hubo quienes cuestionaron su actitud ante la dictadura.
P. Hubo cuestionamientos un poco armados porque era funcional para el Gobierno de turno. Cuando lo consideraron opositor empezaron a atacarlo. Un de los elementos fue releer la historia de los dos jesuitas detenidos en 1976 y decir que Bergoglio los había dejado libres para hacerlos vulnerables. Bergoglio ayudó a salvar al menos a 30 personas.
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