Cientos de personas se manifiestan en Lima contra la impunidad policial

Cientos de peruanos marcharon contra la impunidad policial este sábado en el centro de Lima para protestar por las 166 muertes sin respuesta ocurridas en protestas ciudadanas en los últimos 17 años. Los familiares de los manifestantes que fallecieron o resultaron heridos el pasado noviembre en la represión policial de las movilizaciones que hicieron caer al entonces presidente, Manuel Merino, han formado una asociación para buscar justicia ante el riesgo de impunidad. Tanto la investigación de la fiscalía como la del Ministerio del Interior, impulsada por el presidente de transición Francisco Sagasti al asumir el cargo, están estancadas.

La cifra de 166 ciudadanos fallecidos en actuaciones policiales durante protestas sociales desde el Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) es fruto del recuento de un organismo de la sociedad civil, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Un 90% murieron por impacto de proyectiles de armas de fuego o por problemas respiratorios a causa del gas lacrimógeno. Sin embargo, ninguna autoridad política ni miembros de las fuerzas de seguridad han sido identificado como responsables ni sancionados en estos 17 años. Siete presidentes han gobernado en ese período.

A mediados de noviembre, Sagasti convocó a su ceremonia de investidura como presidente a los padres de Inti Sotelo y Bryan Pintado, fallecidos por disparos de perdigones de plomo durante la segunda gran marcha nacional contra el Gobierno interino de Merino. En la sesión solemne en el Congreso, les pidió disculpas. “No podemos devolver la vida a estos jóvenes, pero sí evitar que vuelva a suceder, y apoyar decididamente a los heridos”, manifestó.

Sin embargo, los jóvenes que sobrevivieron a los disparos y han quedado postrados o con discapacidad, se recuperan con la ayuda de colectas de sus familiares y ciudadanos, pues el sistema de salud no cubre todas sus necesidades ni han recibido reparación. ”No hemos recibido ningún apoyo del Gobierno, en ningún aspecto, en ningún sentido”, comentó este jueves Óscar Pintado, el padre de Bryan, en una mesa redonda sobre impunidad policial. Fue uno de los que encabezaba la movilización.

Una semana después de la brutal violencia contra la manifestación pacífica de decenas de miles de jóvenes en Lima a principios de noviembre, el presidente Sagasti anunció una investigación de la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio de Interior, además de las que realizaban la Inspectoría de la Policía Nacional y la Fiscalía, pero ésta aún no tiene resultados.

La Fiscalía realizó la primera diligencia en la zona donde la policía disparó contra los manifestantes seis días después de los hechos y ordenó un peritaje balístico que determinó que los proyectiles extraídos del cuerpo de Sotelo habían sido disparados por un arma de fuego y no una artesanal, y que el tamaño era mayor al de un perdigón. El medio digital IDL-Reporteros reveló que el proyectil de plomo de 8 milímetros se llama posta y es usado para cazar animales grandes, como venados.

Sin embargo, durante diciembre y enero la Fiscalía no continuó con las diligencias de este caso. ”A los testigos que hemos presentado no los ha citado ni ha programado la visualización de los vídeos que hemos conseguido con la colaboración de manifestantes”, explica Pacha Sotelo, el presidente de la Asociación de Víctimas del #14N que organizó la marcha contra la impunidad policial. ”No nos vamos a quedar atrás, somos estudiantes, por eso reclamamos”, explicó José Manuel, un universitario de 25 años que participó en la marcha por las principales avenidas de la capital. En la espalda llevaba la bandera peruana con los nombres de los muertos de noviembre y del reciente paro agrario.

Algunos voluntarios de primeros auxilios y mujeres desactivadoras de granadas de gas lacrimógeno en las protestas de noviembre acompañaron la movilización este sábado. ”Pude ser yo, hoy lucho por ellos”, “No a la impunidad policial, no a la ley del gatillo fácil”, decían algunos de los carteles que portaban los manifestantes. Las marchas contra el efímero presidente Merino —que llegó al cargo tras la salida de Martín Vizcarra por acusaciones de corrupción— empezaron la noche del 9 de noviembre. Vizcarra fue destituido bajo el argumento de “permanente incapacidad moral”, pues estaba bajo investigación fiscal por la supuesta recepción de sobornos en 2014, cuando era presidente regional de Moquegua. Merino promovió desde septiembre la salida de Vizcarra, junto con bancadas parlamentarias cuyos líderes están bajo investigaciones de corrupción y lavado de activos. Marino dimitió a los cinco días después de asumir el cargo y tras la violenta represión de las marchas contra él.

La fiscal general, Zoraida Ávalos, abrió una investigación contra él por abuso de autoridad, homicidio doloso y lesiones graves, pero el avance de esa pesquisa depende de la otra paralizada desde noviembre. Casi todos los policías que tuvieron responsabilidad en el terreno en la violenta represión de noviembre en Lima continúan en sus puestos. Además, en menos de dos meses del Gobierno de Sagasti, la policía ha causado la muerte de tres personas por disparos cuando despejaba la carretera Panamericana Norte, bloqueada por manifestantes en los paros agrarios del 3 y el 30 de diciembre en la región La Libertad. Un fotoperiodista registró el momento en que un policía sin uniforme disparaba su arma corta contra los civiles: días después el agente fue intervenido por especialistas en criminalística para las investigaciones. El fotógrafo Iván Orbegoso ha recibido amenazas en su muro de Facebook debido a la evidencia del exceso de la fuerza contra una protesta ciudadana.