Los cubanos también exigen una amnistía para sus presos políticos

Wilber Aguilar, un moreno cincuentón, caractoso, corpulento y simpático, lo que se diría “un cubanazo”, salió el 19 de enero de 2024 desde su casa en La Güinera y llegó hasta la oficina de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en Centro Habana, cargando un documento importante y todo el deseo de ver a su hijo libre. Se trataba de la petición de Ley de Amnistía para los presos políticos cubanos, entre los que está Walniel Luis Aguilar Rivera, su muchacho de 25 años, que salió a las calles durante las protestas populares del 11 de julio de 2021 en toda Cuba y terminó condenado a 12 años de privación de libertad por el delito de sedición. Hoy, al saber de la amnistía general a los presos políticos en Venezuela, el padre ha vuelto a reclamar con más fuerza que devuelvan a su hijo a casa. “Han pasado casi dos años de entregar la petición y aún estoy esperando”, dijo Aguilar a El PAÍS. “Yo solo soy un hombre que defiende a su familia. Lo único que estoy exigiendo es que sean libres, que haya una amnistía, estamos pidiendo el fin de una injusticia”.

La petición, dirigida a Ana María Mari Machado, diputada a la Asamblea y miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, comunicaba que, habiendo agotado “todas las vías legales para reclamar justicia”, acudían a la amnistía como último recurso amparado por el artículo 61 de la Constitución. El capítulo XX de la Gaceta Oficial de la República de Cuba sostiene que “la amnistía es el acto de conmutación de la pena impuesta a quien ha cometido un delito y entraña el olvido de la infracción, la eliminación de la acción penal y el perdón de la sanción”. Es lo mismo que pedían los firmantes, el reconocimiento de que “no hubo delito” en las protestas contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, que dejaron más de 1.000 presos políticos en un país a las puertas de una de sus mayores crisis.

En ese entonces, la respuesta de parte del Gobierno cubano fue que, tras examinar la petición, la tramitación era “improcedente por no cumplir con los requisitos de la Ley”. Ahora, con el anuncio de la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de la liberación de cientos de presos políticos amparados por una amnistía, y la evidencia de una veintena de excarcelaciones en Nicaragua, muchos cubanos se preguntan qué hará el Gobierno de La Habana con las víctimas de su política, dado que la isla también está en la mesa de negociaciones de la Administración Trump.

“Lo que está ocurriendo en Venezuela evidencia que la presión internacional y la persistencia de la demanda ciudadana pueden generar cambios concretos. Es el momento de intensificar la exigencia para Cuba”, asegura la activista Carolina Barrero, quien desde hace varios años acompaña a los familiares de los presos políticos cubanos en la búsqueda de una amnistía. “Cuba debería aprobar una ley similar que abarque a todos los presos políticos desde 1959 hasta la fecha”, sostiene.

En este contexto, Amnistía Internacional exigió a las autoridades cubanas “la obligación de garantizar la libertad plena e incondicional de todas las personas presas de conciencia”. “El presidente Díaz-Canel debe tomar una decisión inequívoca: terminar con el uso del sistema penal para silenciar la crítica y castigar el activismo”, sostuvieron.

De ser aprobada la petición, que hasta ahora reúne unas 2.000 firmas, sería la primera vez que el castrismo concede este tipo de absolución en 67 años en el poder. En otras ocasiones, el Gobierno ha recurrido a figuras legales como el indulto, la libertad condicional o las licencias extrapenales, “mecanismos que, más que extinguir o condonar penas, le permiten mantener un control permanente sobre las personas beneficiadas”, explica el jurista Eloy Viera Cañibe.

La amnistía “no es reversible”

En 1998, cuando el Papa Juan Pablo II pidió en su visita a Cuba la liberación de los presos, Fidel Castro sacó de sus cárceles a 200 personas. En 2003, salieron bajo licencia extrapenal algunos de los 75 disidentes detenidos durante la cacería conocida como La Primavera Negra, tras negociaciones con el Vaticano y el Gobierno del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Cuando se aproximaba la visita de Benedicto XVI en 2011, el Gobierno cubano también excarceló a 2.900 prisioneros. En 2015, ante la llegada del Papa Francisco, unos 3.522 reclusos fueron puestos en libertad. La última de las excarcelaciones anunciada por el régimen fue en enero de 2025, cuando acordaron sacar de prisión a más de 500 reclusos, tras mediaciones con la Iglesia católica y el pacto de la administración Biden de eliminar a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, a la que la devolvió Donald Trump en su primer día en la Casa Blanca.

Estas últimas excarcelaciones, no obstante, estuvieron rodeadas de restricciones, destierros o amenazas por parte del Gobierno cubano, que incluso devolvió a sus cárceles a algunos de los presos políticos absueltos. Por eso, ahora la ciudadanía exige una amnistía que garantice su completa liberación. Para Viera, este “es el mecanismo idóneo para abordar el conflicto estructural asociado a la prisión política, una práctica que ha sido norma durante décadas en Cuba y que responde al enfrentamiento sostenido del régimen con quienes se le oponen públicamente”.

“La amnistía supone, ante todo, el reconocimiento explícito de la existencia de ese conflicto y la aceptación de que determinadas conductas, cometidas en un período concreto, nunca debieron ser tipificadas ni sancionadas penalmente”, dice el jurista, quien insiste en que la amnistía “no es reversible” porque no se trata de una excarcelación condicionada, “sino del reconocimiento legal de que ciertas acciones nunca debieron ser castigadas, en la medida en que la motivación que sustentó su represión fue estrictamente política”.

Hasta el momento se desconocen con claridad los planes de Washington con La Habana. Mientras el Gobierno de Díaz-Canel ha negado que se esté llevando a cabo algún tipo de diálogo, Trump, quien los instó a llegar a un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde”, también aseguró a bordo del Air Force One que ambos gobiernos estarían manteniendo conversaciones. Los cubanos insisten en que cualquier tipo de negociación debe colocar en primera fila la liberación de los presos políticos.

Miryorly García Prieto, una de las ciudadanas cubanas que coordina la campaña por la amnistía, cree que este no es solo un momento pertinente para llevar la petición hasta el final, sino “urgente”. “Esta petición de Amnistía tiene un carácter humanitario, las vidas de seres humanos inocentes están en peligro”, dice Prieto, aludiendo a un contexto de colapso económico total al que ha llegado el país en sus últimos cinco años. “Hoy la miseria está siendo usada como forma de tortura y se ha elevado la cifra de personas que mueren bajo custodia del Estado. Es un ciclo que debe acabar y solo lo puede detener ese mismo pueblo que tiene que empoderarse y actuar como ciudadanía. La amnistía puede poner fin a un conflicto que se ha convertido en un callejón sin salida para el propio Estado”.

También cree, como otros, que la amnistía “es la única posibilidad para iniciar un camino de reconciliación nacional”. Y recalca: “Durante años, el Gobierno ha utilizado a los presos políticos como moneda de cambio, fundamentalmente con Estados Unidos, en negociaciones siempre turbias y secretas. Luego los destierra o deja sobre ellos un control represivo y feroz, y los regresa a la cárcel ante cualquier manifestación de disidencia política, como reincidentes y con severas sanciones. El único modo de liberarlos verdaderamente es presionar al Estado para que reconozca la naturaleza política del conflicto y los exonere de delitos que nunca cometieron”.