Brasil rompe el tabú del suicidio entre policías tras más de mil muertes en seis años

Los policías brasileños están entre los más violentos del mundo. El año pasado acabaron con la vida de 6.400 personas. Suele decirse que la policía que más mata también es la que más muere, por el elevado número de bajas fuera de servicio y en las violentas operaciones callejeras. Pero no es del todo cierto: la mayoría de los policías no muere a manos de una banda de narcotraficantes en una favela o al intentar impedir un atraco. Desde el año pasado, la principal causa de muerte de los agentes de las fuerzas de seguridad en Brasil es el suicidio. Entre 2018 y 2023, más de mil uniformados se quitaron la vida, uno cada dos días.

Victoria estuvo a punto de entrar en esa estadística. Trabaja hace más de dos décadas como policía penal vigila una cárcel en las afueras de Río de Janeiro. La exigente rutina le empezó a pasar factura pronto, abusando del alcohol para divertirse y del Rivotril, un medicamento antidepresivo, para dormir. Con la presión añadida que llegó con la pandemia, explotó del todo. “Cinco de mis compañeros se han suicidado en los últimos años. Yo misma también pensé en acabar con mi vida, llegué a tomar medicamentos en dos ocasiones. Se me podría haber ido de las manos, pero yo sólo quería acabar con el dolor que estaba sintiendo. Las mujeres suelen intentarlo con medicación; los hombres, con las armas”.

Victoria, un nombre ficticio para proteger su identidad, lo cuenta bastante serena en una cafetería de un hotel de la playa de Copacabana, lejos del lugar de trabajo que, como ella dice, la enfermó. El ambiente en las cárceles brasileñas, en general masificadas y con precarias condiciones de higiene y seguridad, no lo pone nada fácil. Hace un tiempo, en un motín que duró tres días, hubo celdas en llamas y un compañero tomado como rehén con un machete en el cuello. “Vuelves a trabajar con miedo de que eso pueda volver a pasar, es imposible no tener ansiedad”, comenta.

Los empleados de las fuerzas de seguridad saben perfectamente que se exponen a esos riesgos, pero hasta ahora a nadie parecía importarle excesivamente lo que pasaba por su cabeza, y eso que su tasa de suicidios, 30 casos por cada 100.000 habitantes, multiplica por cinco la de la población en general. No se trata solo de estar sometido a situaciones de estrés límite. La salud mental también se resiente por la precariedad laboral (jóvenes policías recién formados jugándose la vida por menos del equivalente a 900 dólares al mes), turnos agotadores, acoso laboral, unas jerarquías asfixiantes y los problemas colaterales que todo eso genera en familiares y amigos.

En los últimos seis años, en Brasil se suicidaron 821 profesionales de la seguridad pública en activo (sumando diferentes cuerpos: guardia municipal, policía federal, policía militar, civil, penal…) y 226 que ya estaban retirados. Son datos de un reciente informe del Instituto de Investigación y Prevención del Suicidio (IPPES), que liderado por la investigadora Dayse Miranda, lleva años haciendo un minucioso trabajo en busca de unos datos que muchas veces la Administración pública ni siquiera recopila. Hasta hace muy poco, la Policía Militar del estado de Minas Gerais, por ejemplo, definía este tipo de muertes como “fenómeno inexistente” en sus filas.

A la presentación del informe sobre el suicidio, a finales de septiembre en el centro de Río de Janeiro, acudieron decenas de policías y gestores públicos ansiosos por hablar de un tema que les preocupa y que durante años ha estado escondido bajo la alfombra. En un clima que tenía algo de catarsis colectiva, la secretaria de Administración Penal del Gobierno de Río, María Rosa Lo Duca Nebel, se emocionó al recordar a dos agentes que se quitaron la vida este año sin que ella detectase a tiempo que algo iba mal, y lamentó tener que gestionar cárceles con cinco policías para 3.000 presos. “¿Tú crees que esa persona va a estar bien de la cabeza?”, provocó.

Los psicólogos para los uniformados escasean. Los psiquiatras, aún más (en la Policía Militar de Río no hay ni uno, aunque son 43.000 agentes en activo). Y eso que son los psiquiatras los que tienen la importante misión de definir cuándo un agente no está en condiciones de portar un arma en la calle. Muchos de los policías que pasan por una crisis de pánico o una depresión no buscan ayuda por miedo a que les quiten lo que consideran prácticamente una extensión de su cuerpo.

Pero las cosas están cambiando poco a poco. El primer estudio detallado sobre esta problemática en Brasil llega de la mano de un programa pionero creado por el IPPES con el apoyo del Ministerio Público del Trabajo (gracias al empeño de sus dos procuradoras, Cynthia Maria Simões y Samira Torres). La coordinadora del programa de prevención es una agente de la policía civil, Meire Cristine Ferreira, algo que ha ayudado a disipar las reticencias entre el resto de policías. Hace mucho tiempo llegó a estar de baja dos años por síndrome del pánico. Desde entonces, se convirtió en una “militante de la salud de los trabajadores”, resume.

Con ella llegan a las comisarías conferencias, talleres sobre gestión humanizada o cursos de manejo clínico de comportamientos suicidas. También se ha firmado un convenio con un hospital privado para poder ofrecer consultas gratuitas. Muchos agentes dejaban de buscar ayuda por no poder pagarse una terapia privada o por el recelo de encontrarse con expresidiarios en los saturados centros públicos de atención psicosocial.

El programa de prevención lleva en marcha dos años en el estado de Río de Janeiro y la idea es replicarlo en todo Brasil. Convencer a las corporaciones no ha sido fácil. La Policía Militar de Río, una de las más violentas del país y con mayor tasa de suicidios, pasó años esquivando el asunto. Ha sido la última en sumarse al proyecto, hasta que ha sido imposible obviar el elefante en la sala.

Y es que el suicidio ha ido escalando posiciones hasta que en 2023 se colocó, por primera vez, como la principal causa de muerte no natural de los policías, según datos del Fórum Brasileño de Seguridad Pública. El año pasado, 53 agentes de la policía civil y militar perdieron la vida durante las operaciones en la calle. Otros 73 fallecieron fuera de su horario laboral, en otros trabajos con los que sacarse un dinero extra o reaccionando fatalmente a un atraco en un día de descanso, por ejemplo. Pero nada supera ya al suicidio: 118 muertes el año pasado, un 26% más que en 2022.

Para la agente penal Victoria, la masculinidad tóxica que lo sobrevuela todo y una política pública diseñada con una lógica de guerra forman un cóctel explosivo que se ceba con los propios agentes y ha aplazado el debate durante años. No es casualidad que todas las personas que aparecen en este reportaje sean mujeres. La policía es una institución muy masculina y el 86% de los suicidios son de hombres, pero las que están empezando a romper el tabú son ellas. “Es aquello del mito del héroe, no hay que mostrar sentimientos”, apunta Victoria sobre las reticencias de sus colegas a hablar del tema. “Desde que el policía entra en un curso para ser policía ya se le explica que tiene que eliminar al delincuente, que es el enemigo. Al principio se pone el uniforme para ir a trabajar, pero luego empieza a no quitárselo nunca más cuando vuelve a casa. Continúa con esa carga pesada, es policía las 24 horas”.

Esa filosofía de la represión y la mano dura implacable acaba teniendo efectos perniciosos también en el entorno de los agentes, en muchas ocasiones entra en casa en forma de violencia de género. En los últimos seis años, Brasil cuenta al menos 62 casos de policías que se suicidaron poco después de haber asesinado a su esposa o a su expareja.