Declarado en Perú el estado de emergencia por una huelga de transportistas

Las calles de Lima, la ciudad que alberga al 30% de la población total de Perú, se convirtieron en un auténtico campo de batalla este jueves debido a una huelga masiva de empresas de transporte público. Manifestantes lanzaron piedras a los buses que insistieron en trabajar, otros bajaron a los pasajeros a la fuerza y en varios puntos de la capital se pincharon llantas al colocar tachuelas en las carreteras. Se calcula que alrededor de 63 empresas que agrupan a más de 5.000 unidades acataron la medida de fuerza contra una ola de extorsiones de mafias que pugnan por adueñarse del cobro de cupos en el transporte.

Desde el 20 de agosto, cuando un autobús fue baleado en el distrito de Puente Piedra, se registraron dieciséis atentados y la muerte de tres choferes. A uno de ellos, Jorge Ríos Lafite, de 21 años, los sicarios lo mataron mientras recogía pasajeros en la urbanización Pro, al norte de Lima. Su esposa contó que le exigían siete soles (1,8 dólares) diarios, pero como hace poco se había malogrado su vehículo no tuvo cómo pagar.

Según la Cámara Internacional de Industria del Transporte, existen otros casos donde los extorsionadores cobran una matrícula que podría alcanzar los 70 mil soles (18dólares) y luego quince soles (cuatro dólares) por cada ruta completada. El monto del cupo varía de acuerdo al tipo de vehículo, número de flota y cantidad de pasajeros. Una investigación del diario El Comercio indica que por cada cien unidades, la ganancia de una organización criminal podría ascender a 670.000 soles (176.000 dólares) al año.

La huelga de transportistas inició el lunes con ocho líneas en cinco distritos. Este jueves, la medida se intensificó y puso contra las cuerdas al Gobierno, que desplegó a 15.000 policías para controlar los desmanes. Mientras el Ministerio de Trabajo le pidió a las empresas que priorizaran el teletrabajo y le dieran una tolerancia de cuatro horas a sus empleados, el Ministerio de Educación tuvo una reacción tardía y recién a las siete de la mañana suspendió las clases presenciales en los colegios públicos y privados. “No le vamos a seguir el juego a ningún paro”, diría después el ministro del sector, Morgan Quero.

Los gremios de transportistas marcharon hasta el Congreso, y cuando los ánimos podían caldearse todavía más fueron recibidos durante la tarde por la Mesa directiva. Luego dieron una conferencia de prensa en conjunto. “Es lamentable ver en los medios cómo los matan (choferes y cobradores). Estoy dispuesto a morir y voy a morir pidiendo justicia porque vivimos en un país democrático”, dijo con la voz quebrada Martín Valeriano, representante de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas. “Siento una indignación por este Gobierno que no se preocupa por atender a la población que se está desangrando. Parece la tierra de nadie”, agregó al borde del llanto. Según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), cada día de huelga representa una pérdida de 230 millones de soles (60,5 millones de dólares).

Poco después, la presidencia del Consejo de Ministros declaró el estado de emergencia por 60 días en once distritos de Lima Metropolitana y el Callao. El ministro de Defensa, Walter Astudillo, dijo que las Fuerzas Armadas saldrán a las calles para asegurar el control interno. Este estado de emergencia no incluirá por ahora toques de queda ni orden de inmovilización, pero sí la presencia masiva de militares en las calles

El paro de los transportistas por el cobro de cupos ha abierto un debate jurídico, pues el próximo jueves 3 de octubre el Congreso debatirá un proyecto de ley que tipifica como “terrorismo urbano” el sicariato, la extorsión, el secuestro y la posesión de armas de fuego de procedencia ilegal. Se trata de un proyecto que cuenta con el visto bueno del grueso de gremios de transporte. Para la oposición es un mecanismo de doble filo, pues podría ser utilizado para criminalizar las protestas ciudadanas en contra del Ejecutivo. “Hablar de terrorismo urbano es peligroso y contraproducente. Empodera al régimen para seguir persiguiendo la disidencia ¿Protestas por incendios forestales? ¿Por la inacción estatal frente al crimen? ¿Por falta de medicinas? No van a tardar en acusarte de ‘terrorista urbano’”, ha enfatizado el investigador Roger Merino, PhD en Ciencias Sociales y Políticas.

Para un gran sector de la opinión pública la raíz de esta ola de atentados ha sido generada por los propios parlamentarios, quienes en julio aprobaron una ley que excluye al delito de extorsión del crimen organizado y que, además, obliga a que los allanamientos de la Fiscalía se realicen en presencia del involucrado y su abogado, castrando así el efecto sorpresa de cualquier operativo policial. “Congresistas que piden declaratoria de terrorismo urbano, estado de emergencia y patrullaje de militares, pero que promovieron y votaron la ley que saca al delito de extorsión de la ley de crimen organizado y votaron a favor de la limitación de los allanamientos”, criticó la periodista Clara Elvira Ospina, directora del portal de investigación Epicentro TV. Las tensiones continuarán en el hemiciclo del Congreso, y también en las calles.

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