La vicepresidenta de Ecuador denuncia a Daniel Noboa por violencia política

La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, ha presentado una denuncia contra el presidente Daniel Noboa ante el Tribunal Contencioso Electoral, acusándolo de violencia política de género. La querella surge tras meses de creciente tensión entre ambos líderes. La relación entre Noboa y Abad se deterioró notablemente después de pasar al balotaje en las elecciones presidenciales de 2023. Una vez que fueron electos, no volvieron a hablar, aseguró la vicepresidenta en una entrevista con EL PAÍS.

Uno de los primeros decretos de Noboa, tras asumir la presidencia, fue designar a Abad como embajadora de la paz en Israel, en una misión diplomática inédita para Ecuador. La vicepresidenta ha calificado esta misión como “inútil” porque, argumentó, Ecuador no tiene un papel significativo en el conflicto entre Israel y Palestina. Según Abad, esa medida marcó el inicio de una serie de medidas y declaraciones que vulneran sus derechos y buscan presionarla para que abandone el cargo y no asuma la presidencia cuando Noboa se postule para la reelección.

La demanda también incluye a la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld; al viceministro de Gobierno, Esteban Torres; y a la asesora presidencial, Diana Jácome. Según Abad, todos ellos han participado activamente en la campaña de desprestigio en su contra. Sommerfeld, por ejemplo, no ha autorizado las solicitudes de vacaciones de Abad y ha criticado su desempeño en el cargo diplomático. En una entrevista en mayo, la ministra afirmó que Abad estaba actuando en contra de Ecuador en lugar de cumplir con sus funciones.

Por aquellos días, el viceministro y vocero del Gobierno, Esteban Torres, dio una rueda de prensa para advertir de nuevas diligencias judiciales en un caso que la Fiscalía denominó “Nene”, en el que investiga al hijo de Abad por presunto tráfico de influencias en la vicepresidencia de la República. El Ministerio Público también intentó vincular penalmente a Abad, pero la intención se frustró tras la negativa del Congreso de levantar la inmunidad que goza la mandataria. Torres ha declarado que “sería nefasto para el país que Verónica Abad asuma el poder”.

Abad ha denunciado que el Gobierno está utilizando una estrategia coordinada para dañar su imagen y la de su familia. Esta estrategia, según la vicepresidenta, incluye cuestionamientos sobre su maternidad. Diana Jácome, asesora presidencial, se ha referido a Abad como “una enemiga respaldada por grupos políticos que quieren atacar al Gobierno” y ha cuestionado la maternidad de Abad al insinuar que preferiría mantener su posición de poder en lugar de preocuparse por su hijo. “Si tu hijo está preso... ¿tú te regresas o prefieres mantenerte porque quieres el poder?”, dijo Jácome, en una entrevista en junio, en el punto más álgido del caso “Nene”, por el que encerraron al hijo de la vicepresidenta en la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, La Roca.

En medio de este conflicto, Noboa ha manifestado que Abad “se va a salir solita”. Con un tono seguro, de quien conoce algo que nadie más sabe, agregó que “al final todo cae por su propio peso”. Los argumentos sobre el distanciamiento de Noboa y Abad han variado con el paso del tiempo. En un momento, los voceros dijeron que fue porque sabían sobre el caso de corrupción, presuntamente orquestado por el hijo de la vicepresidenta. Y otras veces le han atribuido tener afinidad con el correísmo, partido del expresidente Rafael Correa, al que ella siempre se ha mostrado como opositora.

La denuncia de Abad fue presentada el 8 de agosto, pero solo se hizo pública este lunes, en un contexto de crisis en el Tribunal Contencioso Electoral. En ese cuerpo, tres jueces convocaron inesperadamente una audiencia para remover al presidente de la institución, Fernando Muñoz, el juez que había archivado una denuncia previa contra Abad. La denuncia busca la destitución del presidente, la canciller, el viceministro y la asesora, la suspensión de sus derechos de participación por cuatro años y una multa económica de 32.000 dólares.

El Gobierno ha intentado en cinco ocasiones apartar a Abad del cargo para que no asuma el poder en enero, cuando Noboa tenga que dejar la Presidencia para dedicarse a la campaña. La normativa vigente impide que un funcionario público sea candidato, para evitar que influya en los comicios. Entre los intentos fallidos se incluye el envío apresurado de Abad a Israel, la detención de su hijo, la negativa del Congreso a autorizar su enjuiciamiento, y la denuncia por campaña anticipada presentada por un funcionario público.

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