Alberto Fujimori cobrará una pensión vitalicia pese a que fue condenado por delitos de lesa humanidad

En agosto de 1995, cuando iniciaba su segundo mandato, Alberto Fujimori promulgó una ley que estableció una pensión vitalicia para los expresidentes constitucionales, acorde a los ingresos de un congresista en actividad. Cinco años después, Fujimori renunció a su investidura desde Japón vía fax, en medio de una serie de denuncias que corroboraron la corrupción generalizada que enlodó a su gobierno. Poco tiempo después, el Congreso aprobó por unanimidad acusarlo constitucionalmente por delitos de lesa humanidad.

Tras un periodo engorroso, Fujimori fue extraditado de Chile en 2007 y purgó prisión en Lima tras haber sido hallado culpable, en calidad de autor mediato, de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos. Fue liberado sin concluir su pena en diciembre del 2023, gracias a un cuestionado indulto humanitario otorgado por el Tribunal Constitucional que se sustentó en un “resquebrajado estado de salud”. Desde entonces, Fujimori no solo ha recobrado un mejor semblante milagrosamente, sino que ha vuelto a la arena política, al punto de perfilarse como el candidato de Fuerza Popular para las elecciones de 2026.

Pero el terreno político no es la única de sus ambiciones. Hace una semana se conoció que el 10 de julio, en medio del secretismo absoluto, un área administrativa del Congreso le otorgó una pensión vitalicia de 15.600 soles (4.216 dólares) a Fujimori por haberse cruzado la banda presidencial del Perú en los años noventa. Una decisión que ha causado la indignación de un gran sector de la población, así como el pronunciamiento de los constitucionalistas, quienes sostienen que carece de asidero legal.

La ley en cuestión es clara en ese sentido: los expresidentes constitucionales gozarán de una pensión equivalente al total de los ingresos de un congresista en actividad, pero este beneficio quedará suspendido en caso de contar con una acusación constitucional, a menos que el Poder Judicial declare su inocencia. La pregunta se desprende: ¿el indulto humanitario que recibió Fujimori eliminó su condena y lo convirtió en un inocente?

César Delgado Guembes, exoficial mayor del Congreso, precisa: “El indulto lo único que hace es condonar el resto de la pena, pero no la condena. No es una amnistía”. La abogada Rosa María Palacios subraya que el patriarca del fujimorismo no solo tuvo una acusación constitucional, sino que fue condenado y que, además, aceptó los cargos por corrupción. Pero agrega otra lectura al asunto. “De ninguna manera le corresponde una pensión (...) Es una mano política para ver a Fujimori como un presidente legítimo y que jamás parezca que hubo una dictadura. Es una forma de propaganda política”.

Elio Riera, abogado de Fujimori, ha defendido el beneficio económico, aduciendo que su patrocinado no registra una acusación constitucional vigente que se lo impida y que su petición ha seguido el curso regular. “La norma señala que la pensión se suspende mientras exista una acusación constitucional vigente. En el caso en concreto del señor expresidente, él no mantenía ninguna acusación. Si nos ceñimos estrictamente a la ley, esta permite que se pueda reivindicar ese derecho”, ha dicho.

Lo cierto es que la decisión de otorgarle una pensión vitalicia al exautócrata se topa con un agravante: Alberto Fujimori mantiene una deuda millonaria con el Estado peruano de la que no ha pagado ni un centavo. La deuda asciende a 57 millones de soles (15.405.000 dólares). Si bien algunos especialistas consideran que la Procuraduría podría embargar su pensión a modo de pago, el asunto es descabellado: con 86 años a cuestas, Fujimori necesitaría más de 300 años de pensión vitalicia para saldar sus obligaciones.

Eduardo Salhuana, el actual presidente del Congreso —elegido el 26 de julio—, ha dicho que desconocía el asunto y que se enteró cuando el tema ya estaba resuelto. Inmediatamente, el anterior titular del Legislativo, Alejandro Soto, se defendió en sus redes sociales, asegurando que en su mesa directiva no se trató ni se aprobó ningún beneficio para Fujimori. En medio de esa nebulosa, donde las responsabilidades se difuminan, Salhuana propuso que se suspenda la pensión vitalicia en tanto la decisión sea sometida a la revisión de constitucionalistas, al indicar que se trata de una norma que “tiene vacíos y puede generar diversas interpretaciones”.

Este viernes, la Mesa Directiva del Congreso sometió a votación dicha propuesta y al final acordó no suspender el beneficio económico otorgado a Fujimori, pero sí someterlo al ojo de informes técnicos que deberán ser presentados en un plazo no mayor de 60 días. Walter Ayala, abogado del expresidente Pedro Castillo, encarcelado desde diciembre de 2022 debido a su frustrado intento de autogolpe, ha levantado su voz de protesta, pues a su patrocinado no se le ha concedido el mismo beneficio económico: “Es lamentable que se hayan emitido dos resoluciones diferentes. En el caso de Pedro Castillo no existe ninguna sentencia en su contra y en el caso de Alberto Fujimori sí existe una sentencia donde es condenado por delitos de lesa humanidad”. Por ahora nada parece impedir que, a fin de mes, en la cuenta de Alberto Fujimori, considerado como el séptimo presidente más corrupto del mundo, se depositen 15.600 soles.

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