Perú aprueba leyes que favorecen a responsables de crímenes de lesa humanidad

Además de por los llamativos relojes de la presidenta, el Gobierno de Dina Boluarte será recordado por sus silencios. Sus reiterados silencios para eludir las preguntas de los abogados de las víctimas que murieron protestando en contra suya; su silencio de más de 90 días con la prensa; y ahora su silencio para observar o pronunciarse acerca de dos normativas que han despertado la preocupación de la ciudadanía y la comunidad internacional: aquella que redefine el concepto de organización criminal y aquella que librará de todo proceso judicial a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra antes de julio de 2002, cuando entró en vigencia en Perú el Estatuto de Roma.

Este viernes ambos proyectos han sido promulgados por el Congreso a pesar de la objeción de diversos organismos internacionales. De acuerdo al Ministerio Público, esta segunda ley dejará en libertad a procesados por 600 casos relacionados con violaciones a los derechos humanos. Diversos analistas han alertado que beneficiará directamente al expresidente Alberto Fujimori —condenado a 25 años de prisión por diversas matanzas, de los cuales solo cumplió 16 por un indulto humanitario—, pues dejaría sin efecto el juicio que tiene pendiente por el caso Pativilca, donde se le acusa de haber orquestado el asesinato de seis agricultores en 1992. A sus 86 años, Fujimori pretende competir en las elecciones generales de 2026.

Serán favorecidos también los altos mandos de las fuerzas militares que, en el violento contexto de las dos últimas décadas del siglo pasado, cometieron masacres contra inocentes, bajo la sospecha de que eran terroristas. Allí están el Grupo Colina, comando paramilitar que ejecutó a decenas de civiles y estudiantes universitarios en los casos Barrios Altos y La Cantuta; el comandante Telmo Hurtado, quien en 1985 ordenó la aniquilación de 69 ayacuchanos; o el exministro del Interior Daniel Urresti, hallado culpable de la muerte del periodista Hugo Bustíos en 1988, cuando servía al Ejército. Los otros beneficiados, por supuesto, serán los mandos terroristas, un detalle que ha sido pasado por alto por sus principales impulsores.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se opuso desde el inicio a las nuevas normativas y le recordó al gobierno de Boluarte sus obligaciones internacionales, a partir de su adhesión al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. “Lo contrario haría ilusorio el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, tanto en el derecho interno, como ante el Sistema Interamericano”, dice su comunicado del lunes pasado. Hace algunas semanas, en una carta suscrita por Boluarte y el extitular del Congreso Alejandro Soto, el Gobierno dejó en evidencia la postura de desacato que ahora ha refrendado. “Deploramos profundamente que la Corte IDH implique que el Perú no es un Estado constitucional de derecho y que carece de los mecanismos propios de una República democrática en la que operan el balance y el control de los poderes fácticos”, indicaron.

Volker Türk, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, ha lamentado la oficialización de la norma sin observación alguna del Poder Ejecutivo. “La ley contraviene las obligaciones del país en virtud del derecho internacional y es un hecho preocupante, en un contexto más amplio de retrocesos en materia de derechos humanos y el Estado de derecho en Perú [...] La falta de rendición de cuentas por estos crímenes, cuando quiera que se hayan cometido, pone en peligro los derechos a la verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición de miles de víctimas de graves violaciones en el Perú”, sostiene.

La otra ley aprobada establece que, a partir de ahora, un grupo calificará como organización criminal en tanto haya cometido delitos cuya penas sean superiores a seis años de cárcel. Ello excluirá a una serie de delitos como tala ilegal, tráfico de órganos, tráfico ilícito de migrantes, estafa agravada, tráfico de productos pirotécnicos, entre otros. Por si fuera poco, debilitará las investigaciones fiscales debido a que los allanamientos a los inmuebles de los criminales solo podrán realizarse en presencia del investigado y su abogado, mermando así el efecto sorpresa para hallar medios probatorios.

A inicios de semana, la presidenta Boluarte no asistió a la conmemoración del bicentenario de la Batalla de Junín, celebrada en la provincia del mismo nombre, aduciendo “motivos de fuerza mayor”. Si bien el primer ministro, Gustavo Adrianzén, ha dicho que su ausencia se debió a un cuadro respiratorio, medios locales aseguran que Boluarte simplemente no quiso correr el riesgo de ser abucheada. ¿Responderá por la promulgación de estas dos leyes? De momento ha sido consecuente y está sumida en el más profundo silencio.

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