Alberto Fujimori pide al Congreso peruano una pensión, un asistente y dinero para el combustible

Alberto Fujimori, el presidente que renunció por fax en noviembre de 2000 y fue condenado a 25 años de prisión por delitos contra los derechos humanos, continúa en su lucha por reposicionarse en el tablero político. Ya no solo se trata de su incursión en las redes sociales, donde a través de varios videos busca levantar su imagen, sino que también pretende recibir una serie de beneficios por su condición de exjefe de Estado.

La Unidad de Investigación de Latina Televisión halló que el 26 de enero, un mes y medio después de ser excarcelado por una decisión del Tribunal Constitucional, el patriarca de los Fujimori envió un oficio al Congreso, solicitando la contratación de un asistente personal llamado Óscar Demetrio Paredes Estrada. No pasó mucho tiempo para el siguiente pedido: el 20 de marzo mandó otro documento al Parlamento para que le asignaran unos vales de combustible. El auto favorecido es uno de marca Honda, antigua posesión de su exesposa Susana Higuchi, fallecida en noviembre de 2021.

El 24 de abril, Fujimori y su defensa legal ingresaron un tercer documento dirigido al Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno, para solicitar el pago de una pensión mensual de 15,600 soles (4.216 dólares), amparándose en la Ley 26519 que indica que los exmandatarios de la República gozarán de una pensión equivalente al total de ingresos de un congresista en actividad.

En las últimas horas, se han escuchado diversas voces de protesta que sostienen que a Fujimori no le corresponde ninguna pensión vitalicia, debido al artículo 2 de dicha ley que indica que “el derecho queda en suspenso para el caso de expresidentes respecto de los cuales el Congreso haya formulado acusación constitucional, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes”.

Como se recuerda, Alberto Fujimori salió en libertad en diciembre pasado debido a un fallo del Tribunal Constitucional basado en un indulto presidencial que le fue otorgado en el 2017 por cuestiones humanitarias, no porque haya sido declarado inocente de los delitos contra los derechos humanos y corrupción por los que fue condenado a 25 años de prisión. “El indulto que le dieron no elimina su condena por corrupto y asesino, solo deja sin aplicación la pena impuesta. A Alberto Fujimori no le corresponde nada. Ni pensión, ni personal ni combustible”, ha dicho la parlamentaria Sigrid Bazán.

Un detalle que también ha enervado a un gran sector de la población es que, de acuerdo con la Procuraduría General, Alberto Fujimori mantiene una deuda con el Estado por reparación civil de más de 15 millones de dólares por el allanamiento irregular a la vivienda de su exasesor Vladimiro Montesinos, sumado al pago de su Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), y la compra irregular de Cable Canal. “Vale indicar que el recurso declarado fundado por el Tribunal Constitucional no libera al condenado de pagar la reparación civil al Estado”, dice el comunicado de la Procuraduría. En otras palabras, la deuda no se condonó ni se ha extinguido, sino que se mantiene a pesar del indulto.

Rosángela Barbarán, parlamentaria de Fuerza Popular, el partido que fundó su hija Keiko bajo los preceptos del fujimorismo, señala que con la pensión que por ahora se encuentra en trámite el exautócrata podría abonar su deuda. “Con ese monto se le tendrían que generar las retenciones para el pago de la reparación civil”, indicó. Finalmente, Elio Riera, abogado de Fujimori, anunció que los pedidos continuarán: “Le corresponde la pensión, los vales de combustible y el asistente. Además, hemos solicitado escolta presidencial al Ministerio del Interior. Todo esto le corresponde por ley”.

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