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A un año del crimen de Fernando Villavicencio en Ecuador: siete sospechosos muertos y sin autor intelectual

La investigación del asesinato del candidato presidencial el 9 de agosto de 2023 se enreda en acusaciones de corrupción y fallos en la seguridad

Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado en Ecuador
Fernando Villavicencio candidato presidencial ecuatoriano durante su discurso antes de ser asesinado el 9 de agosto de 2023.KAREN TORO (REUTERS)

El asesinato de un candidato a la presidencia marcó el 9 de agosto de 2023 un punto sin retorno en la crisis de violencia que enfrenta Ecuador. Tras unas semanas turbias por el crimen del alcalde de una ciudad costera, un grupo de sicarios colombianos, camuflados entre la gente que salía de un mitin político, disparó cuatro veces contra Fernando Villavicencio.

Un año después, 13 personas están detenidas por su presunta vinculación con el hecho. Seis de ellas fueron asesinadas en el pabellón siete de la cárcel de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil y otra en la prisión del Inca en Quito. De los sobrevivientes, cinco fueron condenados como autores y cómplices del asesinato el 12 de julio pasado. Son quienes contrataron a los sicarios en Colombia, los trajeron a Quito, y les entregaron los vehículos que usaron el día del magnicidio. La Fiscalía señaló como autor intelectual del crimen a Carlos Angulo, alias Invisible, que se encontraba recluido en la cárcel de Cotopaxi en el momento del asesinato. Angulo dirigió todo el operativo desde la cárcel, hizo videoconferencias con los implicados y dio la orden al teléfono móvil de Johan Castillo, alias Ito, el sicario que llevó desde la periferia de Cali a Quito para cometer el magnicidio.

Laura Castillo, alias La flaca, fue quien ejecutó las órdenes que salían de la cárcel de máxima seguridad de Cotopaxi. Junto con Angulo, fue sentenciada a la pena máxima de 34 años de prisión. Los otros tres procesados recibieron 12 años y multas económicas por cómplices. Pero el proceso para saber quién ordenó el crimen y cuál fue la motivación continúa empantanado, sin mayores respuestas y bajo reserva de la Fiscalía. Para Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del candidato, hay un mal sabor en el proceso judicial.

La Fiscalía mantiene abierta una investigación sobre la autoría intelectual del asesinato, pero la familia Villavicencio se enfrenta a restricciones en el acceso a la información del caso. “Recientemente, el fiscal subrogante nos informó que no se nos entregará el número del expediente ni las copias de los informes solicitados, y que se ha impuesto una doble reserva a la investigación”, señala Amanda.

Durante el juicio, el Tribunal escuchó el testimonio de un testigo protegido, la pareja de Laura Castillo, quien describió cómo se organizó la logística antes del asesinato. A él le ofrecieron ser parte del trabajo, pero no aceptó; unos días después del crimen, uno de los implicados le dijo que el trabajo había costado 200.000 dólares y lo había ordenado “alguien del Gobierno de Correa”. Esa versión no convence a la familia de Villaviencio. “Tememos que la Fiscalía vaya solo por esa hipótesis, si bien nuestro padre denunció hechos de corrupción contra el correísmo, también denunció a muchas otras esferas del poder, él cuestionó a muchas mafias”, explica Tamia.

Fue justamente su oposición al expresidente Rafael Correa la que lo convirtió en una figura reconocida en Ecuador. Una de sus investigaciones periodísticas destapó una trama de sobornos que terminó en un juicio contra Correa y una docena de sus colaboradores más cercanos que fueron sentenciados por corrupción. Villavicencio siempre logró tener información privilegiada sobre contratos irregulares en las áreas estratégicas del Estado. Se convirtió en un personaje incómodo para muchos políticos.

En una de las últimas entrevistas que dio el día de su asesinato al medio Ecuavisa, Villavicencio criticó el papel de las autoridades en el combate del crimen organizado. Afirmó que “la Policía sabe dónde están las guaridas de los delincuentes, de los narcotraficantes, de la minería ilegal, de los delincuentes de cuello blanco”, y prometió que una de las primeras cosas que haría en caso de llegar a la presidencia sería depurar a la fuerza pública. También había denunciado, en los últimos días, amenazas de alias Fito, uno de los criminales más peligrosos que se le escapó al Gobierno de Noboa en enero de este año. Villavicencio recibió una advertencia de este criminal: “Si yo sigo mencionando el nombre de Fito y mencionando a los Choneros [su banda] me van a quebrar”, había advertido.

En cada mitin en el que participó, el candidato recibió amenaza. Por eso el policía a cargo de su seguridad, el capitán Cristian Cevallos, había pedido en varias ocasiones equipos tácticos, vehículos y armas largas para reforzar la seguridad de Villavicencio. Siete días antes del asesinato, Cevallos hizo una nueva solicitud pero no recibió respuesta de las autoridades policiales. Además, no se asignó la cantidad suficiente de agentes, según la norma. Esta información fue parte de una investigación realizada por una comisión del Congreso para determinar sobre los responsables políticos.

El informe concluyó que se trató de un crimen político debido a las investigaciones de Villavicencio sobre el crimen organizado. Sin embargo, la mayoría de la comisión, compuesta por asambleístas de diversos partidos, aprobó un informe paralelo presentado por un legislador del partido del Gobierno, que responsabilizaba al expresidente Guillermo Lasso, al Ministerio del Interior y a la Policía, descartando la hipótesis que involucraba a otros actores del crimen organizado.

“Estamos huérfanas también del Estado”, señala Amanda. “Nos hemos dado cuenta de que el país está en una orfandad de justicia”, añade Tamia. Las señales actuales sobre el avance de la investigación no les brindan la certeza de que la justicia identificará a los responsables del asesinato de su padre. Siguen con dudas sobre la posible omisión de otros responsables dentro del engranaje estatal que facilitó el crimen, como el SNAI, la entidad gubernamental a cargo de las cárceles, que tenía bajo custodia a Angulo.

“¿Quién es responsable de que ese preso tuviera internet de fibra óptica en su celda? ¿Quién falló en la custodia de los otros sicarios asesinados en las cárceles? ¿Qué ha pasado con los responsables de las falencias en su seguridad?”, se preguntan. “Mi padre nos enseñó que una golondrina no hace verano, y aunque él buscó siempre la verdad, nosotras estamos decididas a seguir su legado”, concluyen.

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