Llamado urgente para una estrategia de formalización laboral en Iberoamérica
Es crucial invertir en sectores como el trabajo agrícola o la venta ambulante, fomentando la creación y el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas que ofrezcan empleos formales
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La informalidad laboral es uno de los grandes problemas estructurales que afectan a los países de América Latina y el Caribe. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas, la tasa de ocupación informal promedio en 2022 se situó en el 48.7%; es decir, una de cada dos personas trabaja en la informalidad.
A pesar de su aumento como resultado de la pandemia de covid-19, la informalidad no puede abordase como un fenómeno coyuntural sino como un problema endémico en la región, cuya reducción se encuentra estancada en la última década. Los bajos niveles educativos de la población con menores recursos, los salarios reducidos que limitan las posibilidades de ahorro, las propias estructuras económicas en los países de la región, la insuficiencia de los mecanismos de supervisión y de cultura previsional en la población, son algunos de los elementos que contribuyen a mantener la informalidad.
Son numerosas las consecuencias de esta situación, especialmente para las propias personas trabajadoras informales, que tienen entre tres y cuatro veces más probabilidades de encontrarse en situación de pobreza que quienes tienen empleos formales, según la OIT. A esto debemos sumar que ven limitados sus derechos laborales (salario mínimo, horarios laborales, condiciones de trabajo, salud ocupacional y prevención de riesgos laborales, etc.) y previsionales (cotizar a sistemas de pensiones, acceso a sistemas de salud, etc.).
Pero el impacto de la informalidad va más allá y afecta a la sociedad en su conjunto, puesto que aumenta los ya elevados niveles de desigualdad en la población, reduce los ingresos públicos, y tiene consecuencias en la productividad de personas trabajadoras y empresas, entre otros.
Son las mujeres, así como las personas jóvenes, afrodescendientes, personas con discapacidad o personas pertenecientes a pueblos originarios quienes se ven más afectadas por la informalidad.
La informalidad laboral y el bajo crecimiento económico forman un círculo vicioso que contribuye a que América Latina y el Caribe siga siendo la región más desigual y a que los niveles de pobreza afecten a casi el 30% de la población.
Las organizaciones internacionales llevamos tiempo alertando acerca de esta situación e instando a los gobiernos de la región a avanzar en una respuesta efectiva a esta realidad, que potencie el empleo digno, inclusivo y formal, como forma de combatir la pobreza y avanzar hacia una calidad de vida digna para la población.
Así, en el contexto de la triple transición -digital, ambiental y social- en que nos encontramos en la actualidad y ante la recta final de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, parece aún más necesario que nunca acordar una estrategia regional para la formalización laboral inclusiva, como medida clave para avanzar en el desarrollo económico y social.
Como se ha señalado en las cinco conferencias y en los análisis llevados a cabo por la OISS en esta materia, parece necesario, en primer lugar, actualizar la normativa de los países de la región para que la afiliación sea obligatoria en todos los sectores, especialmente en aquellos con alta informalidad y que tradicionalmente han quedado fuera de los sistemas de seguridad social, como el empleo doméstico o el empleo en explotaciones agrarias familiares.
Asimismo, la simplificación de trámites para la afiliación y la desafiliación, al igual que el desarrollo de mecanismos innovadores por parte de los sistemas de seguridad social, que incentiven la formalización teniendo en cuenta las necesidades y la realidad de los diversos colectivos, contribuirían a mejorar la situación.
Los sistemas de inspección laboral constituyen una valiosa herramienta que permite identificar y sancionar los incumplimientos de la normativa. Para que puedan cumplir esta función sería esencial que estuvieran dotados de los medios técnicos, económicos y humanos suficientes, lo que supone aún un reto en gran parte de la región.
Por otro lado, el impulso a programas de capacitación dirigidos sobre todo a aquellos sectores que presentan niveles más altos de informalidad también tendría efectos muy positivos. El acceso a programas reglados de formación, así como una mejor adecuación de la formación a las demandas del mercado laboral, y la acreditación de competencias profesionales, contribuirían a la formalización laboral.
También en el ámbito de la formación, pero en este caso dirigida a la toda la ciudadanía, sería necesario fomentar una mayor capacitación financiera y previsional. La falta de conocimientos sobre los sistemas de seguridad social y sobre sus ventajas económicas, junto a la existencia de prejuicios o desconfianza hacia los mismos, contribuye a mantener una escasa cultura previsional y fomenta la informalidad.
Sería de gran importancia promover el acceso a financiación e invertir en aquellos sectores con mayores niveles de informalidad, como el trabajo agrícola o la venta ambulante, fomentando la creación y el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas que ofrezcan empleos formales, especialmente en el sector de la economía social (cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, etc.) y formalizando las ya existentes.
Se trata, en suma, de un abordaje integral y multidimensional que requerirá de un importante esfuerzo conjunto de gobiernos y agentes sociales, en un momento complejo de la cooperación regional. Sin embargo, esta estrategia podría marcar un punto de inflexión en el desarrollo económico y social de la región, que merece este gran esfuerzo.
La Organización Iberoamericana de Seguridad Social, que cumple 70 años promoviendo el bienestar económico y social como la primera gran cooperación al desarrollo social en la región, muestra su compromiso con esta meta y su voluntad de seguir contribuyendo a los avances sociales y a la construcción de una comunidad iberoamericana más próspera, inclusiva y sostenible.
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