Creando ciudadanía iberoamericana desde la seguridad social
La migración es un tema crucial para la región, con casi 40 millones de personas emigradas de sus países de origen
La migración es uno de los elementos que caracterizan a la región iberoamericana, primera en el ámbito global en número de migrantes inter e intrarregionales, con casi 40 millones de personas emigradas de sus países de origen. Se trata de personas que contribuyen con su trabajo al crecimiento de los países que les reciben, pero que pueden quedar fuera de los sistemas de seguridad social por no cumplir con los criterios mínimos para acceder a prestaciones. Esto puede agudizar situaciones de pobreza, especialmente en la vejez, e incentivar la informalidad laboral.
Para contribuir a paliar esta situación, y con el impulso de la Organización Iberoamericana de Segruidad Social (OISS), desde 2011 está en vigor el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, un acuerdo pionero que permite sumar los aportes a los sistemas de seguridad social realizados en varios países para acceder a prestaciones. Se trata de un caso de éxito único, ya que se aplica en países entre los que no hay una unión política previa, y sin necesidad de modificar su legislación ni de realizar transferencias económicas entre Estados.
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay son los doce países -a los que en breve se sumará Colombia- en los que el Convenio Multilateral es ya una realidad que ha beneficiado a casi cien mil personas migrantes de la región y sus familias en su acceso a pensiones de jubilación, de incapacidad o por fallecimiento.
Este instrumento, que podría considerarse el primero del acervo iberoamericano, es quizá el mejor ejemplo de lo que puede lograr la cooperación iberoamericana, mejorando el bienestar de la población y generando ciudadanía iberoamericana. Una cooperación que tiene en las cumbres iberoamericanas su mayor exponente y que, para ser “justa y sostenible”, como se ha puesto como objetivo en República Dominicana, debe ser inclusiva con las personas migrantes y con su ejercicio al derecho humano a la seguridad social.
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