Guatemala se prepara para elegir a los magistrados que dirigirán el sistema de justicia

Elegir jueces y magistrados honestos, independientes y justos será uno de los mayores retos para este año en Guatemala. Históricamente el proceso para nombrar magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones ha estado “amañado” por grupos de poder político y económico que influyen para colocar en esos puestos a jueces afines a sus intereses y les garanticen impunidad.

Los nuevos magistrados deberán asumir a mediados de octubre para cumplir un período de cinco años, hasta 2029. Sin embargo, la fase de postulación, depuración y elección de quienes ocuparán los cargos está por empezar y se desarrollará durante los próximos cuatro meses. Los antecedentes de corrupción que han empañado las pasadas elecciones tienen en alerta al Ejecutivo, a la sociedad civil y a organismos internacionales.

“Me preocupa el contexto de desconfianza que se ha generado en torno a los procesos de nombramiento de los altos tribunales en el pasado, las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias que acompañaron el proceso anterior y la falta de participación efectiva de la sociedad civil”, dijo en un comunicado Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados.

La semana pasada, Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), confirmó que aceptó la solicitud del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, para acompañar el proceso y sostuvo la primera reunión para tratar el tema con dos asesores del mandatario.

Carmen Aida Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, una organización especializada en fiscalizar elecciones en nueve entidades del Estado, dijo a EL PAÍS que es importante poner atención a esta elección porque el Ministerio Público “necesita de las Cortes para concretar la restauración de patrones de impunidad” que desarrolla actualmente.

Cortes cuestionadas

En Guatemala la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el más alto tribunal de justicia, está conformado por 13 magistrados titulares y 13 suplentes electos por el Congreso de la República. El legislativo recibe una lista depurada de candidatos enviada por una comisión de postulación, integrada por decanos de las universidades privadas y pública del país, representantes del Colegio de Abogados, entre otros. La Corte de Apelaciones (CA), bajo el mando de la CSJ, está distribuida en 46 Salas e integrada por 230 magistrados. Estos también son escogidos por el Congreso a través de una nómina depurada y enviada por la comisión de postulación.

En 2018 una investigación de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), entonces dirigido por Thelma Aldana, develó una estrategia impulsada por el abogado Roberto López Villatoro para intervenir en el nombramiento de los magistrados de ambas cortes (CSJ y CA). El caso fue conocido como Comisiones Paralelas 2020. El abogado creó, según la investigación, una estructura “paralela” a las Comisiones de Postulación “en complicidad con diputados y comisionados”. Villatoro quedó absuelto de los cargos en septiembre del año pasado.

Pero en su momento el caso fue un escándalo y generó que más adelante otro de los grandes operadores de Cortes, como se le conoce a Gustavo Alejos, un político y empresario guatemalteco, también quedara en evidencia en el caso Comisiones Paralelas II. En esta segunda investigación salieron salpicados importantes políticos de la época y magistrados de la CSJ que “negociaban” su permanencia en los cargos. Este último llevó al exilio a la jueza Ericka Aifán, que estaba a cargo de juzgar a sus colegas.

Tanto Comisiones Paralelas 2020 como Comisiones Paralelas II ocurrieron durante el proceso de elección para el periodo 2014-2019. Debido a las investigaciones, no se procedió al cambio de magistrados hasta noviembre de 2023, cuando se nombró solamente magistrados de la CSJ y no de la CA. Los jueces electos entonces deberán entregar el cargo en octubre próximo.

Recuperar el sistema

“Estamos a las puertas de que se hagan nuevas alianzas y vamos a estar atentos y expectantes de cuáles van a ser las nuevas dinámicas y la nueva correlación de fuerzas que se va a establecer porque eso es lo que se va a definir en los próximos meses”, agrega Aida Ibarra, de Pro Justicia.

Bernardo Arévalo ganó la presidencia teniendo en su contra al Ministerio Público, a la Corte de Constitucionalidad (CC) y a la Corte Suprema de Justicia. Hace dos semanas, la CC resolvió que los 23 diputados del oficialismo queden como independientes sin bancada. “La independencia e imparcialidad de los tribunales es una de las garantías esenciales del Estado de Derecho”, añade la relatora de la ONU, Margaret Satterthwaite. En los próximos meses se verá hacia donde se inclina la balanza de la justicia para Guatemala y para el nuevo Gobierno, que se fijó como prioridad la lucha contra la corrupción.

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