En la puerta del ascensor del hospital del Guasmo Laura Ipanaque escuchó por última vez decir a su hijo de 19 años: “Mami, te amo”. Javier estaba en una camilla. Le había pedido a los médicos que dejaran que su madre orara con él. “Le pedí a Dios que fuera su médico de cabecera, luchó por sobrevivir”, cuenta ella. La siguiente vez que lo vio, Javier estaba intubado, sin poder hablar. “Aún así, tenía la esperanza de que iba a salir caminando de allí”, sigue Laura. En ese momento ni siquiera entendía lo que había pasado ni quién había disparado a su hijo. Desconocía que mientras oraba por él, Javier se estaba desangrando por las balas que habían perforado el pulmón derecho, el intestino y la médula. Murió al día siguiente, a las 7.20 de la mañana.

Solo Eduardo Velasco, el primo de Javier, y los militares que dispararon saben lo que pasó la mañana del viernes 2 de febrero. Las cinco cámaras de videovigilancia que están instaladas en las calle Robles en el barrio Cuba, al sur de Guayaquil, donde sucedió el crimen, no funcionan, según le han dicho a la familia. No hay un registro de lo que ocurrió, solo la versión de Eduardo, el testigo que sobrevivió, y la de las Fuerzas Armadas de Ecuador, que tienen el respaldo del presidente Daniel Noboa, quien ha llamado “antipatrias” a quienes defienden los derechos humanos y cuestionan la labor que está haciendo el Gobierno para controlar la violencia del país.

Eduardo tiene 34 años y trabaja como taxista para distintas cooperativas. Se siente en la obligación de contar que su primo fue asesinado por los militares ecuatorianos “sin razón alguna”. Para los voceros del Ejecutivo, la reducción de los índices de violencia a más de la mitad a los 55 días de decretar el conflicto armado interno son argumentos que indican que el plan va por buen camino. En ese escenario, la familia de Javier ha denunciado al Estado por ejecución extrajudicial, mientras que las autoridades han denunciado a Eduardo por ataque y resistencia, los han llamado, a él y a su primo muerto, “terroristas”.

La jornada en la panadería de la familia Vega Ipanaque empezó, como siempre, mucho antes del amanecer del viernes 2 de febrero. Los tres hijos dormían cuando Laura salió. Ese día le tocaba a Javier el turno de la mañana, pero lo cambió con su madre para acompañar a su primo Eduardo a la casa de un posible comprador de un perro cachorro de raza pitbull que estaban vendiendo. La persona interesada vivía en la calle Robles, en el barrio Cuba, justo al lado donde un grupo de militares hacía un operativo en un callejón donde hay 26 viviendas.

“Nos sacaron a todos de las casas y nos obligaron a estar a dos cuadras del lugar”, describe uno de los habitantes del sector que prefiere que se guarde su identidad. Detrás del cordón militar, ubicaron a los habitantes de ese callejón, a vecinos y a los curiosos, mientras los uniformados revisaban las casas en busca de terroristas, armas, municiones o droga. Desde que comenzó el Estado de excepción, las Fuerzas Armadas han realizado 137.000 operativos, en los cuales han detenido a 11.000 personas, 280 por terrorismo, según la información oficial.

Los militares cierran varias calles alrededor del lugar de los allanamientos. “Desde donde estábamos no pudimos ver qué pasó con el carro rojo oscuro donde iban los dos jóvenes, ellos llegaron desde el otro lado, solo escuchamos dos disparos”, cuenta un habitante del barrio. En el auto rojo oscuro iban Eduardo y Javier. A ambos, minutos antes, los militares les habían impedido el paso por esa misma calle. “Cuando llegamos nos dimos cuenta de la presencia de los militares. Me bajé del carro para pedirle a uno de ellos si nos dejaba pasar porque íbamos a una casa que estaba a solo unos pasos, pero me dijo que no y regresé al carro”, relata Eduardo.

“Comencé a retroceder para dar la vuelta e irnos por la misma calle y el militar que estaba más cerca me apunta, yo me asusté y choqué con un patrullero. El militar que estaba más cerca comienza a patear la parte de adelante del carro y le dije: ¡Aguanta, no patees el carro!”, continúa. Según Eduardo, los militares se acercaron y uno de ellos se puso al lado del vehículo. “Al arrancar rocé al militar, no sé si fue la bota, algo, porque pasé muy cerca de él, pero no fue un impacto directo contra él”. Segundos después se escuchó un tiro.

Eduardo no pensó que era contra ellos. “No creí que los militares dispararan, pensé que se había armado una balacera por el operativo. Mi primo Javier me golpeó con el brazo y me di cuenta de que estaba pálido y arranqué”, continúa. Él también recibió un disparo en el hombro izquierdo, del que todavía se recupera. Los militares los persiguieron. “Tomé el camino hacia el hospital que en ese momento creí que era el más cercano, pero me obligaron a parar y me detuve en una zona transitada”. Los bajaron del carro y los tiraron al piso. “Yo pedía que llevaran a mi primo al hospital, pero me pegaron una patada en el pecho y me callé”. Eduardo y Javier fueron llevados al hospital con custodia policial, el tratamiento hacia ellos fue de presuntos terroristas.

Las Fuerzas Armadas salieron a dar su versión. Aseguraron que los dos hombres intentaron evadir el control “embistiendo a personal militar e impactando contra el vehículo de la patrulla”, como consta en el comunicado oficial. “En respuesta a este ataque se realizaron disparos para precautelar la seguridad del personal. Acto seguido se inició la persecución alcanzando al vehículo metros más adelante, donde se pudo constatar que dos presuntos terroristas se encontraban heridos”. El comunicado cita el decreto 111 que firmó el presidente Noboa, en el cual reconoce -por primera vez en la historia reciente del país- la existencia de un conflicto armado interno que convierte a 22 organizaciones delictivas en objetivo militar.

Cuando Laura llegó al hospital, el personal médico iba a subir por el ascensor a Javier, y escuchó a su hijo por última vez. Mientras esperaba noticias de su estado de salud, veía las redes sociales y la prensa. “No podía creer que les decían terroristas. ¿Mi hijo? ¿Quieren justificar lo que hicieron tildando a mi hijo como terrorista?”, se pregunta. “La misma Policía dijo que no encontraron nada en el carro, ni a ellos. Nada. Solo nos han causado el dolor más grande, destruyendo aún más a una familia, por lo menos deberían rectificar”, pide.

La tristeza apenas permite hablar a Laura. Los ojos se le humedecen con solo escuchar el nombre de Javier, el segundo de sus cuatro hijos. Se queda en silencio, con la mirada perdida. Solo al final dice: “Era el más cariñoso. Siempre me abrazaba, donde yo estuviera”. Javier tocaba el bajo y la guitarra en el grupo musical de una iglesia cristiana evangélica de Guayaquil. Hace menos de un año se había graduado del colegio. Mientras hacía los trámites para entrar a la universidad, trabajaba en la panadería de la familia con sus padres, en el sur de la ciudad más poblada de Ecuador.

En la casa de sus abuelos maternos, su presencia está en todas partes. El instrumento yace abigarrado con una sábana estampada, para evitar que los abuelos de Javier vean la guitarra y enciendan un llanto interminable. Ellos se sientan a ver fotos y videos del menudo y atlético nieto, de cabello lacio. La grabación muestra a un joven sonriente en su colegio, vestido con la camiseta de la selección de Ecuador. “Era bromista y desinhibido. Todo el mundo lo quería por lo amoroso que era”, dice Nicole, su hermana menor.

Violencia desbordada

Los militares salieron a las calles hace dos meses a hacerse cargo de la seguridad a petición del presidente, en un contexto de ebullición social por el pico de violencia, las constantes balaceras y extorsiones. Tras el miedo extendido por todo el país, ahora eran los supuestos delincuentes los que estaban sometidos por la fuerza pública. Las imágenes grabadas por los militares en las que los jóvenes lloran, suplican que no los maltraten, revisan los tatuajes de su cuerpo y son obligados a cantar el himno nacional como un acto de remisión de sus delitos recorrieron rápidamente las redes sociales y recibieron miles de likes, corazones, y aplausos. Las Fuerzas Armadas son hoy la institución con mayor credibilidad del país, sobre el Estado y la iglesia, según la encuestadora Perfiles de Opinión.

Sin embargo, esa aparente paz y reducción de delitos tropieza con violaciones a los derechos humanos y el debido proceso, como denuncian varias organizaciones, como el Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil, CDH. Los grupos de derechos humanos han encendido las alarmas para exigir la vigilancia del accionar de la fuerza pública, “si se sigue dando rienda suelta se puede caer en delitos de lesa humanidad”, dice Elsie Monge, conocida defensora de derechos humanos de la organización INREDH, quien investigó también las peores barbaries cometidas en Ecuador entre 1984 y 1985 por la Policía Nacional.

“Lo que estamos viendo ahora con estos decretos de impunidad para la fuerza pública es preocupante, es como licencia para matar. Es muy peligroso asignar a las fuerzas armadas el rol de mantener el orden, ellos no están entrenados para eso. Están entrenados para matar”, recalca Monge.

Mientras tanto, Laura dice que algún día los perdonará. “En la iglesia me han enseñado a que tengo que perdonar y cuando lo haga se lo diré a los militares que hicieron esto. Por ahora todos los días le pido a Dios que me ayude a perdonar, sé que lo haré, pero la justicia terrenal tendrá que encargarse de ellos”.

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