La policía de Río de Janeiro afloja el gatillo fácil y las muertes violentas caen al mínimo en 34 años

Detrás de la postal que forman un Carnaval que ya calienta motores, las playas más icónicas de Brasil, la bossa nova o un hotel centenario como el Copacabana Palace, Río de Janeiro es un Estado donde cada día del año pasado murieron más de 11 personas de manera violenta, unos asesinatos que se concentran en las áreas metropolitanas de la espectacular ciudad. Los 4.356 muertos de 2023 suponen la cifra más baja en 34 años, cuando las autoridades estatales empezaron a llevar la cuenta, según el Instituto de Seguridad Pública. Más llamativo aún es que el descenso de las muertes violentas en general (-5%) es consecuencia de que la policía mata menos (-35%), ha aflojado el gatillo fácil. Es decir, 869 personas murieron en operaciones policiales, lo que significa más de dos al día y casi 500 menos que el año anterior.

Las fuerzas de seguridad de Brasil están entre las más letales del mundo. Y entre ellas destacan por su gatillo fácil las de Bahía, que le ha arrebatado el infausto primer puesto a Río de Janeiro. El balance anual de Río, elaborado por el Instituto de Seguridad Pública, y presentado el viernes pasado, tiene asombrados a los estudiosos en seguridad pública. “Esta caída es sorprendente, teniendo en cuenta que no se ha implementado ninguna política por iniciativa del Gobierno del Estado [de Río de Janeiro] dirigida a reducir la letalidad policial”, dice Carolina Grillo, de la Universidad Federal Fluminense, que recuerda que el punto de partida “era muy alto, en 2022 fueron 1.330 personas muertas”.

Grillo, coordinadora del Grupo de Estudios de Nuevos Ilegalismos, advierte contra la tentación de felicitarse por la cifra de víctimas a manos de uniformados: “Incluso con una caída del 34,7%, la letalidad policial sigue en un nivel inaceptable, es más del doble que en 2012 y 2013″. Enfatiza que sería necesaria una caída mucho mayor para alcanzar niveles internacionalmente aceptables, es decir, que las fuerzas de seguridad causen menos del 10% de las muertes violentas. Actualmente, la policía de Río, un Estado con 16 millones de habitantes, perpetra el 20% de los homicidios. Durante los cuatro años anteriores alcanzó el 30%, un periodo que abarca casi todo el mandato del expresidente Jair Bolsonaro.

Cuando la ONG Human Rights Watch presentó recientemente su informe anual, la letalidad policial fue una de las preocupaciones que esta ONG más destacó en el capítulo dedicado a Brasil. El director de su oficina brasileña, César Muñoz, criticó “la ausencia de medidas contundentes para combatir el problema que supone el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad”. Y alertó de que en 16 de los 27 Estados los muertos a manos de la policía aumentaron en 2023 y que en dos de ellos (los poco poblados Goiás y Amapá) los agentes perpetraron la mitad de las muertes violentas.

Otra especialista, Joana Monteiro, de la Fundación Getulio Vargas, escribió en X que el desplome de la letalidad policial en Río “es muy claro a partir de agosto de 2023″, porque desde entonces hasta fin de año hubo 43 muertos al mes, frente a los 93 de media mensual en el primer semestre y los 111 mensuales de 2022. “Yo no sé qué ocurrió, quien puede explicarlo es la PMERJ”, la Policía Militar del Estado de Río.

El Instituto de Seguridad Pública de Río destaca en su balance que el decomiso de armas largas aumentó casi un 30% (610 fusiles), más de 6.000 armas cortas fueron aprehendidas, recuperados casi 15.000 vehículos robados y casi 37.000 detenidos in fraganti. Y subraya la inversión de 2.500 millones de reales (510 millones de dólares, 470 millones de euros) en tecnología, equipos de protección para los agentes, además de obras en cuarteles y comisarias.

La expansión de las cámaras adosadas a los uniformes de la policía es uno de los factores que en los últimos años han contribuido a reducir la letalidad policial en Brasil, pero su uso es muy desigual. Y además está en el centro del polarizado debate político. Los gobernadores de Río y de São Paulo, afines al expresidente Bolsonaro y conscientes de que las fuerzas de seguridad son uno de sus grandes caladeros de votos, se resisten a abrazar ese método.

Recuerda la especialista Grillo que, “en los últimos años, el Gobierno del Estado de Río ha ofrecido resistencia ante todas las decisiones del Tribunal Supremo dirigidas a reducir la letalidad policial, sea con recursos como mediante la desobediencia deliberada”. Los grupos de familiares de las víctimas y otros movimientos sociales acudieron al alto tribunal en 2019. Y el Supremo ordenó en 2022 colocar cámaras a todos los agentes de Río. Pero solo ahora, el 8 de enero pasado, empezó a usar el equipamiento de la discordia el más simbólico de los batallones de la Policía Militar, el BOPE, que protagonizó la famosa película Tropa de Élite. Grillo explica también que “lo que cambió en 2023 fue que, con la entrada del presidente Lula [da Silva] al Gobierno, Río de Janeiro ya no tiene apoyo político para seguir desafiando al Supremo”.

Proclamar a los cuatro vientos que “bandido bueno es bandido muerto”, como hacían algunos dirigentes políticos en tiempos de Bolsonaro, ya no tiene aval político desde la cúspide del poder. “Si antes las autoridades expresaban descaradamente su apoyo a la práctica de matanzas policiales, la certeza de la impunidad se ve amenazada de alguna manera”, añade la coordinadora del Grupo de Estudios de Nuevos Ilegalismos.

Las experiencias en otros Estados brasileños indican que las cámaras en los uniformes reducen las muertes de sospechosos y también las de los agentes.

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