El Poder Judicial peruano absuelve a Vladimiro Montesinos por las torturas a la exagente de inteligencia Leonor La Rosa

En abril de 1997, una mujer menuda que no podía caminar por sí sola denunció, desde una cama de hospital, haber sido víctima de secuestro y tortura por un grupo de militares en los sótanos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), liderado por Vladimiro Montesinos, el asesor presidencial del entonces presidente Alberto Fujimori. Se trataba de Leonor La Rosa Bustamante, una agente acusada de filtrar información a la prensa de operativos que tenían como propósito atentar en contra de los adversarios del Gobierno. Su secuestro de 11 días en aquellos calabozos era una represalia y a su vez una medida extrema para que confesara su condición de espía.

Este viernes, 26 años después, el Poder Judicial ha fallado a favor de Montesinos: lo ha absuelto por el delito de lesiones graves, así como a otros altos mandos de la época, como Nicolás de Bari Hermoza Ríos, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; y Julio Salazar Monroe, exjefe del desactivado SIN. La sala determinó que “no existe evidencia probatoria médico legal que acredite las lesiones graves en grado cualitativo y cuantitativo” de La Rosa. Un asunto que levanta polvo pues la agente —que vive en Suecia como refugiada al amparo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)— señaló que fue golpeada, recibió descargas eléctricas y sufrió quemaduras en manos, piernas y brazos. Además de una lesión en la médula espinal que la postró a una silla de ruedas. Años después, en 2002, dijo haber sido violada por sus captores.

Sin embargo, la justicia no lo ha resuelto así. Estos policías de alto rango han sido absueltos del delito contra la libertad sexual, pero no de ser los coautores del delito de secuestro agravado. El Poder Judicial ha condenado a 16 años de prisión a Carlos Edmundo Sánchez Noriega, a 14 años a José Rafael Domingo Salinas Zuzunaga y a 10 años a Manuel Percy Salcedo Sandoval. Además, deberán pagar un monto de 120.000 soles (32.000 dólares) de reparación civil.

“Fueron interrogatorios reiterados, prolongados e innecesarios que solo evidenciaban que intentaban disminuirla como persona para que acepte los cargos atribuidos, extendiendo y duplicando una investigación por más de 11 días en sede administrativa y militar, y que fue interrumpido por causas de fuerza mayor de la agraviada. Afectó su estado de salud, generando un estado de estrés post-traumático en sus niveles de ansiedad, presentando una hemorragia vaginal, practicándole un legrado uterino que devino en un paro cardiorespiratorio que le dejó una secuela de encefalopatía hipóxica”, concluyó la sala sobre las afectaciones de Leonor La Rosa. En otras palabras sostienen que las torturas que denunció no son tales, y que más bien se deben a una crisis de estrés.

En el 2002, Leonor La Rosa recibió una compensación económica de 120.000 dólares a modo de desagravio de parte del presidente Alejandro Toledo, además de la promesa de velar por su salud permanentemente. “Con orgullo y vergüenza por la nación te pido disculpas en nombre del Estado. No te vamos a devolver salud, no te vamos a quitar todo ese sufrimiento, pero esta democracia te quiere reconocer. Te juro que nunca más, nunca más, el Estado será tu enemigo”, le dijo Toledo en esa ocasión.

Vladimiro Montesinos, quien estuvo presente de forma virtual en la lectura de la sentencia pues cumple condena de prisión por diversos delitos, ha vuelto a la palestra en este 2023 por la resolución de sus casos: en junio fue condenado a 23 años de cárcel por el asesinato de la suboficial Mariela Barreto Riofano al determinarse su autoría mediata. Sin embargo, en noviembre fue absuelto por el crimen del líder sindical Pedro Huilca. La de Leonor La Rosa es su segunda absolución del año. No obstante, tanto el caso de Huilca como el de La Rosa están pendientes de revisión, pues los abogados defensores han presentado recursos de nulidad. Por ahora, la única certeza es que Vladimiro Montesinos purgará condena hasta el 24 de junio de 2026 por el caso Barrios Altos.