El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas pedirá asilo a México

Jorge Glas, vicepresidente de Ecuador en los Gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, cumple tres días como huésped en la embajada de México en Quito. Se presentó en la sede diplomática el domingo 17 de diciembre por la tarde “expresando temor por su seguridad y libertad personal”, dice el comunicado de Relaciones Exteriores de México. Para su abogado Franco Loor, el exvicepresidente “es un perseguido político” y confirmó a EL PAÍS que este miércoles entregarán a las autoridades mexicanas un pedido de asilo político.

El ingreso a la legación diplomática se dio tras el pedido de Fiscalía al comandante de Policía de localizar y detener a Glas para que comparezca en una investigación sobre el uso de los fondos destinados para la reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas afectadas por un terremoto el 16 de abril de 2016, que dejó cerca de 700 personas.

“No hay una orden de detención. No hemos solicitado que sea capturado”, dijo la fiscal Diana Salazar, en una entrevista en el canal Teleamazonas. “No se puede hablar de que lo estamos persiguiendo, solo estamos realizando actos de investigación”, añadió. Pero el abogado Loor insiste que “una detención sin la orden de un juez no existe en las normas ecuatorianas” y que su defendido siente miedo de ser enviado nuevamente a la cárcel “donde reinan los narcotraficantes”. “El más claro ejemplo es el asesinato de los seis detenidos por el crimen de Fernando Villavicencio dentro de las cárceles”, dijo.

Sobre Jorge Glas pesan dos sentencias que estaba cumpliendo en libertad, gracias a una medida cautelar otorgada por el juez Emerson Curipallo. El juez está detenido desde 14 de diciembre por su presunta participación en una estructura de corrupción en el sistema judicial que alcanza al presidente del Consejo de la Judicatura, jueces, fiscales, policías, secretarios, peritos y abogados.

Glas ocupó importantes cargos en los gobiernos de Correa y Moreno, como ministro de Telecomunicaciones y al frente de todos los ministerios de los sectores estratégicos. Tiene una sentencia de seis años de cárcel por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Otra de ocho años por cohecho por el caso Sobornos, donde también fueron sentenciados Rafael Correa y más de una decena de funcionarios y empresarios. Correa niega los cargos.

El caso Reconstrucción que investiga la Fiscalía inició por varias denuncias en 2019 y 2020, pero no fue hasta mayo de 2023 que el caso ha tenido avances. En junio, la Fiscalía solicitó al juez que lleva la causa una audiencia para formular cargos contra Jorge Glas y otros funcionarios públicos por el presunto delito de peculado, pero hasta el momento no se fija una fecha para el proceso.

Jorge Glas presidió el Comité de Reconstrucción que tuvo cerca de 3.000 millones de dólares producto de un impuesto cobrado a los ecuatorianos a través de una ley que se llamó de Solidaridad, aprobada por la Asamblea, de mayoría correísta, y créditos internacionales para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto. Siete años después, varios de los proyectos, como viviendas y hospitales, no se han ejecutado. Según una auditoría de la Contraloría, varios millones de dólares de ese fondo se desviaron a la corrupción, por ejemplo, a través de la repavimentación de carreteras y pasos elevados.

Desde el ingreso de Jorge Glas a la legación diplomática, la Cancillería de Ecuador no se ha pronunciado. Una vez que se formalice el pedido de asilo político, “el gobierno de México la analizará detenidamente y recabará la información necesaria para proceder como corresponda, de conformidad con los tratados internacionales pertinentes”, dice un comunicado de Exteriores de México.

El Gobierno mexicano ya acoge en su territorio a otros siete funcionarios de Correa que se habían refugiado previamente en la Embajada en Quito, entre ellos a la mano derecha del expresidente, Ricardo Patiño, quien además fue ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador. También la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, los asambleístas Soledad Buendía, Carlos Viteri Gualinga, y Edwin Jarrín, quienes no tenían procesos penales en su contra; sin embargo, se declararon perseguidos políticos y abandonaron el país en 2019 después de las violentas manifestaciones durante un paro nacional.

La exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, se refugió durante casi tres años en la embajada de Argentina, para evadir una condena de ocho años por el mismo caso Sobornos, hasta que en marzo de 2023 huyó en un escape que supuso la ruptura de relaciones entre ambos Gobiernos.

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