Venezuela y su territorio, un trauma nacional

El brusco aumento de la discursiva nacionalista en la causa de la soberanía venezolana en la Guayana Esequiba, promovido con inusitada agresividad por el Gobierno de Nicolás Maduro, descansa sobre una conclusión que lleva años dormida, pero que subyace en la psique de la sociedad, comenzando por las Fuerzas Armadas: la gran cantidad de territorio legítimo que ha perdido la nación en diversos laudos internacionales y circunstancias políticas confusas, en los tiempos de la colonia española y también como nación independiente.

A pesar de esa realidad y del enorme despliegue de propaganda orquestado desde el Gobierno nacional para promover un referéndum de anexión sobre el Esequibo, los centros de votación se vieron con poca gente durante toda la jornada y el chavismo no obtuvo la convocatoria que habría deseado para capitalizar la iniciativa de soberanía.

La celebración, en cambio, ha dado paso al debut de un tono nacionalista muy intransigente en el alto Gobierno, que está sirviendo como argumento para penalizar judicialmente cualquier posición política incómoda. Cuatro de los más cercanos colaboradores de la candidata opositora, María Corina Machado —una tradicional activista en la causa del Esequibo, pero que ahora apela a la Corte Internacional de Justicia para dirimir su soberanía—, han sido detenidos, acusados de colaborar con la multinacional Exxon Mobil y el Gobierno de Guyana.

La antigua Capitanía General de Venezuela, creada en 1777, tenía cerca de unos 1.500.000 kilómetros cuadrados (la actual República de Venezuela tiene 912.000), que incluían a la isla de Trinidad, una de las provincias de aquella entidad, arrebatada por los ingleses a España en 1802. Con la llegada de la independencia, el país perdió también el control de la península de la Guajira, parte de los actuales llanos orientales colombianos y amplios sectores de la Amazonía, en beneficio de Colombia y Brasil.

También, progresivamente, la Guayana Esequiba. Un territorio sobre el cual ha existido una larga pugna diplomática posterior, primero con los británicos, que fomentaron la colonización de la zona, y luego con el Gobierno independiente de Guyana. Un asunto que había permanecido adormecido como polémica durante varias décadas hasta ahora.

“Hay dos laudos que han dejado una huella profunda en la identidad territorial de Venezuela”, afirma Lauren Caballero, internacionalista y analista de la Universidad Central de Venezuela. “El laudo de 1891, que definió la frontera definitiva entre Venezuela y Colombia y la pérdida casi total de la península La Guajira, y el Laudo Arbitral de París de 1899, que se tradujo en la pérdida del Esequibo. Estos dos eventos de alguna manera han generado una especie de trauma en la conciencia de generaciones de venezolanos, hasta el punto que la diplomacia en Caracas evitó durante casi todo el siglo XX comprometerse en algún tratado internacional que la obligase a dirimir con terceros su delimitación territorial”.

El famoso “hito de Castilletes”, posterior a la delimitación que se tradujo en la pérdida de casi toda la península La Guajira, es el punto de partida ulterior del famoso diferendo sobre el Golfo de Venezuela— controlado por el país, pero reivindicado en una parte por Colombia—, que durante años fue el que monopolizó todos los titulares noticiosos en esos años, con algunos picos de tensión diplomática y militar binacional incluidos.

“Siguiendo la doctrina de Simón Bolívar, Venezuela apeló siempre al principio del uti posedetis juris para delimitar en forma amistosa y expedita sus fronteras al disolverse la Gran Colombia. Para ese entonces, ya los primeros colonos británicos comenzaban a cruzar la frontera de la ribera occidental del río Esequibo, lo cual provocó protestas diplomáticas del propio Bolívar”, explica Kenneth Ramírez, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales.

En la pérdida de estos territorios, advierten ambos expertos, concurren también como causas la diplomacia incipiente de la Venezuela independiente, y las dificultades de entonces para controlar efectivamente todo su territorio. Venezuela fue, por lo demás, uno de los varios teatros de operaciones de la diplomacia imperial británica en todo el mundo.

“Con Brasil, el país perdió también miles de kilómetros cuadrados”, afirma Ramírez. “Inexplicablemente, Venezuela aceptó sin mayor oposición apartarse del Uti Posedetis Juris, y el tratado de límites de 1859 confirmó los derechos venezolanos sobre las cuencas de los ríos Orinoco y Esequibo”. En aquel año, uno de los más caóticos que ha tenido Venezuela en su historia, una nación sin gobierno, comenzaba la Guerra Federal, un conflicto civil de cuatro años de duración, aún más virulento que la guerra de independencia.

El Congreso venezolano no había querido ratificar el famoso tratado Pombo-Michelena, que colocaba límites satisfactorios a las demandas venezolanas frente a Colombia en 1833. Tras sucesivas negociaciones colombo-venezolanas sin acuerdos, “en 1886, el Acta de París nombra árbitro de derecho a la Reina María Cristina para ejecutar sentencia en este diferendo con Colombia. El Laudo de 1891 es muy perjudicial para Venezuela, puesto que le arrebata extensas zonas territoriales desde el Caribe hasta el Amazonas”, relata Ramírez.

“Esto es lo que explica la reticencia del Estado venezolano de asistir a la Corte Internacional de Justicia para dirimir con Guayana la controversia del Esequibo, esa ha sido una postura permanente”, afirma Caballero. “A pesar de que en el Acuerdo de Ginebra de 1966 los negociadores venezolanos no excluyeron la posibilidad de un arreglo judicial, según lo estipulado en las Naciones Unidas”.

“Venezuela ha perdido un quinto de su territorio desde los tiempos de la Capitanía General”, añade Kenneth Ramírez. “Como bien afirmó el poeta Andrés Eloy Blanco en un famoso discurso parlamentario en 1941, lo hizo sin disparar un solo tiro. Es natural que haya una sensibilidad con el tema de las fronteras. Y han sido, otra vez, los errores diplomáticos del Gobierno de Maduro los que nos tienen en esta situación, negados a asistir a la Corte Internacional de Justicia”.

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