Un Brasil sin cifras, una Amazonia sin alas

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Xaropinho, un loro real amazónico (Amazona ochrocephala), de plumas predominantemente verdes, coronilla amarillenta y pico gris, oye que se abre la pequeña puerta de su pajarera. Encaramado a un delgado trozo de madera, empieza a saltar de palo en palo hasta llegar a la salida. Frente a él, la veterinaria Natália Assis lo espera con un trocito de banana. De ese modo empieza el 10 de julio de 2025 en el Centro de Triaje y Rehabilitación de Animales Salvajes (Cetras) de la Universidad Federal Rural de la Amazonia (UFRA), en Belém do Pará, donde vive Xaropinho desde que fue encontrado en un barco, víctima del tráfico.

Xaropinho salta porque le cortaron las alas lo que indica que sus captores no lo mantenían encerrado en una caja. Llegó al Cetras el 22 de abril de 2025 delgado, débil y lleno de ácaros. Lo sometieron al procedimiento habitual del centro: sedación, identificación de la especie y cirugía, cuando es necesario. Todos los días se le pesa y se le observan las heces. Periódicamente se le administran medicamentos antiparasitarios y vermicidas y se le hacen análisis de sangre.

Xaropinho puede considerarse afortunado. El 90% de los animales víctimas del tráfico mueren durante el transporte, de acuerdo con Antônio Carvalho, especialista en tráfico de fauna silvestre de Wildlife Conservation Society (WCS) Brasil, una organización fundada en 2003 que se dedica a la conservación de la Amazonia y el Pantanal.

Guardados en maletas con falso fondo, cajas de cartón, fardos de periódicos, en los maleteros de autos e incluso dentro de la ropa de los delincuentes, los animales son drogados, torturados o incluso mutilados para no llamar la atención de la policía. “Es mucho más probable que perdamos nuestra fauna por el tráfico que por el cambio climático”, dice Carvalho.

Otra preocupación del experto se refiere a la transparencia sobre qué sucede con los animales rescatados por las autoridades. Su principal destino, los Cetas, gestionados por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), son burocráticos, adolecen de falta de inversión y están sobrecargados, por lo que se convierten en almacenes de animales. Según el organismo, solo en 2024 se incautaron más de 22.200 animales silvestres, que se enviaron a los Cetas.

Según Paulo Henrique Demarchi, asesor técnico del Grupo de Combate a los Crímenes Ambientales de la Policía Federal de Carreteras, esta autoridad es una de las fuerzas que más detiene a traficantes y rescata animales salvajes. Como parte de su formación, desarrollan un curso sobre delitos ambientales, que los capacita para combatir el tráfico. Otro organismo que realiza rescates es la Policía Civil.

La falta de integración entre organismos

En Brasil, nadie puede precisar exactamente cuántos animales salvajes se capturan cada año. No existe un organismo central que sintetice y dimensione cuántas vidas se pierden por este crimen.

Aunque instituciones estatales como el Instituto de Medio Ambiente de Acre, el Instituto de Protección Ambiental de Amazonas, las policías Civil y Militar y el Ministerio Público trabajan en diferentes frentes, el propio Ministerio Público reconoce que no existe una base de datos nacional consolidada que unifique las incautaciones, las investigaciones y los resultados judiciales referentes a la fauna. La falta de conexión entre los sistemas hace prácticamente imposible identificar patrones de actividad, rutas de transporte o vínculos entre incautaciones realizadas en distintos territorios.

La ausencia de una estandarización también afecta la calidad de los datos. Muchos sistemas agrupan todos los tipos de delitos ambientales en una única base de datos, con campos de texto libre y errores de cumplimentación que dificultan la búsqueda y el filtrado. Además, los incidentes de posesión ilegal de animales a menudo no se clasifican como comercio debido a la falta de pruebas directas, por lo que no quedan registrados todos los casos de tráfico.

A falta de un sistema sólido, se trabaja con estimaciones. La organización no gubernamental World Animal Protection calcula que en Brasil se capturan cada año hasta 38 millones de animales silvestres, que generan unos beneficios de aproximadamente 1.000 millones de dólares, un 15% del comercio mundial de animales salvajes.

Según datos públicos de la Policía Federal de Carreteras, los delitos ambientales son los más numerosos en la Amazonia Legal, con los estados de Mato Grosso, Pará y Amazonas a la cabeza en los últimos años. Sin embargo, en comparación con el conjunto del país, los estados de fuera de la región, como el Distrito Federal, Mato Grosso del Sur y Bahía, acumulan mayores cifras.

La principal razón para que haya menos incautaciones en la Amazonia Legal es que se trata de la mayor selva del planeta: a muchas comunidades y municipios solo se puede llegar en avión o barco. Las carreteras, cuando las hay, son de tierra y están descuidadas. Además, como explica el asesor técnico Paulo Henrique Demarchi, en esa región, una sola base policial tiene bajo su responsabilidad un área mucho mayor que las bases de otras partes del país. “La estructura logística de la Amazonia Legal juega a favor del traficante”, dice.

Los ríos son las principales vías de transporte en la región amazónica. Según un informe de la ONG Traffic, los más transitados por los traficantes son el Purús, el Madeira y el río Negro. Las aeronaves suelen ser los medios de transporte de las especies más caras. Según la Red Nacional de Lucha contra el Tráfico de Animales Silvestres (Renctas), los aeropuertos más utilizados, tanto para trayectos nacionales como internacionales, son los de Belém y Santarém, ambos en el estado de Pará; el de Manaos, en el estado de Amazonas; el de Oiapoque, en Amapá; y el de Boa Vista, en Roraima.

El tamaño del mercado ilegal

Los peces ornamentales son los tipos de animales más incautados en Brasil. El segundo lugar lo comparten las aves y los reptiles. Este orden se refleja en el mercado legal: entre 2010 y 2018, se comercializaron legalmente casi 400.000 peces, frente a más de 45.000 reptiles y 37.000 aves.

Las aves son las protagonistas del mercado ilegal en línea. En 2024, año del último informe de Renctas sobre este tipo de comercio, 1.684 anuncios eran de aves frente a 610 de reptiles, que ocupaban el segundo lugar. Si una boa constrictora escandaliza y levanta sospechas sobre cómo fue adquirida, las aves están tan arraigadas en la vida cotidiana que es habitual que alguien piense que es normal criarlas o venderlas.

Después de las aves y los reptiles —que incluyen iguanas, serpientes y lagartos, considerados “mascotas exóticas”—, les siguen los peces ornamentales para acuarios y los pequeños mamíferos (titíes y tamarinos), como las clases de animales más ofrecidas online. En la lista también hay escorpiones, arañas, crustáceos e incluso estrellas de mar. El comercio ilegal virtual no se limita a las especies amenazadas. También incluye animales considerados fuera de peligro, aunque su situación podría cambiar dependiendo de la demanda comercial.

Las publicaciones que analizó Renctas indican que se trata de una actividad muy lucrativa y estructurada, a pesar de que a menudo se disfraza de colectivos de aficionados y entusiastas. Las plataformas más utilizadas en Brasil para este fin son Facebook y, sobre todo, WhatsApp, que tiene las ventajas del cifrado de extremo a extremo y el control sobre quién entra y sale de los grupos.

Para dificultar aún más el rastreo, los traficantes utilizan chips digitales vinculados a números extranjeros, principalmente europeos y asiáticos: los llamados eSIM. Otra estrategia consiste en crear anuncios falsos de otro tipo de bienes en plataformas de comercio electrónico.

Explotación del saber tradicional y de la pobreza

Para los awa-guajás, indígenas que viven en lo que queda de selva amazónica en el estado de Maranhão, todos los animales de la naturaleza se “crían” unos a otros. La cría no es posesión, es cercanía. En la aldea no existe la dicotomía entre casa y selva, doméstico y silvestre.

El pueblo indígena arara, que significa ‘guacamayo’ en portugués, vive en el estado de Pará. Según su cosmología, cuando la vida aún no había comenzado, solo había cielo y agua, separados por una corteza que servía de suelo a sus habitantes, que un día se rompió. Los pájaros amazónicos devolvieron al cielo a algunos supervivientes, que se convirtieron en estrellas; a otros los dejaron encima de los trozos de corteza que flotaban en el agua, y así nació el pueblo arara.

Hoy, esos mismos guacamayos que ayudaron a los humanos a sobrevivir en la Tierra han quedado reducidos a mercancías. En su informe de 2024, Renctas reveló la existencia de un mercado ilegal de arte plumario muy activo que llevan indígenas brasileños en situación de vulnerabilidad social. Cada año se matan cientos de aves para abastecer el mercado arquitectónico y decorativo, colecciones privadas y, en algunos casos, rituales religiosos.

La Constitución brasileña garantiza el uso tradicional de los artefactos en las comunidades, pero la ley prohíbe su comercio. Algunas piezas compradas en comunidades amazónicas por cantidades que apenas superan un puñado de dólares se venden por decenas de miles de euros en Europa.

Los pueblos originarios sufren otros daños, ya que la demanda de artesanía repercute directamente en la incidencia de las especies que se utilizan en sus comunidades. “Hemos visto tocados rituales para cuya confección se necesitan al menos 80 loros. Cuando se lleva este impacto a especies que ya están amenazadas de extinción, aumenta enormemente la posibilidad de que una especie se extinga como consecuencia de alimentar el comercio ilegal”, dice Dener Giovanini, cofundador de Renctas.

Un loro capturado, como Xaropinho, no es solo un cuerpo menos: es un eslabón ecológico perdido. Los psitaciformes (loros y guacamayos) dispersan semillas de frutos grandes y pequeños, y actúan como jardineros de la selva. La disminución de sus poblaciones altera la regeneración y la estructura de la vegetación. Cuando las bandadas desaparecen, también lo hace la capacidad de la selva de regenerarse.

Para lidiar con este problema, Renctas creó el proyecto Tradición con conservación, que forma a indígenas de varias aldeas de la Amazonia para que produzcan arte plumario utilizando plumas artificiales. También se ha abierto una tienda virtual para vender los tocados elaborados por los indígenas, cuyos beneficios se destinan íntegramente a las comunidades como forma de liberarse de los comerciantes ilegales.

Un problema sin rostro

En Brasil todos los animales salvajes son considerados de interés público colectivo, están protegidos por el Estado y la captura, el transporte o la venta sin autorización son delitos. Pero la letra de la ley no siempre tiene peso. Según la Ley de Delitos Ambientales, capturar, poseer o vender fauna autóctona sin autorización puede acarrear una pena de 6 meses a 1 año y una multa, que puede oscilar entre 500 y 5.000 reales (92 y 920 dólares) por animal, dependiendo de la especie y las circunstancias del delito. El indulgente castigo no disuade a las redes que operan con márgenes altos y riesgos bajos, ya que los intermediarios suelen adquirir los animales a precios bajos.

En el aeropuerto de la capital de Bahía, uno de los principales centros de distribución de fauna salvaje del país, Freeland, una ONG que desde 2012 trabaja para proteger a las comunidades y especies silvestres vulnerables del crimen organizado y la corrupción, formó a los Agentes de Protección de la Aviación Civil, encargados de inspeccionar el equipaje mediante equipos de rayos X, para que aprendieran a detectar animales ocultos.

“Hay muchos turistas que intentan llevarse carne de caza, estrellas de mar. Muchos lo hacen sin maldad, podrían ser incluso nuestra tía. Esa no es la clase de persona que queremos atrapar. Pero los agentes les preguntan de dónde lo han sacado y entonces llegamos a las fuentes del tráfico”, dice Juliana Ferreira, directora ejecutiva de Freeland.

Desde que se puso en marcha el programa, a mediados de agosto de 2024, las detecciones de transporte ilegal de fauna salvaje en el aeropuerto de Salvador aumentaron un 2.500%. Este éxito muestra que una vía para luchar contra el tráfico pasa por la unión de agentes públicos y privados, la concienciación y el aumento de las penas.

También es esencial la información. En Brasil y el resto de la Amazonia, las estadísticas solo revelan una parte de lo que realmente circula. Los datos sobre el tráfico, aunque son voluminosos, están fragmentados. Los organismos estatales y federales no trabajan en conjunto y muchas incautaciones no se registran en bases nacionales. Mientras la legislación sea desigual entre los países amazónicos, las fronteras sean vulnerables y la demanda elevada, la fauna de la Amazonia seguirá estando sometida a una fuerte presión por parte de las redes criminales que operan con eficacia y discreción.

De acuerdo con los investigadores, es un llamado a reaprender lo que los araras y los awa-guajás ya sabían: nadie posee la selva sin perderse en ella. La Amazonia necesita alas vivas, no alas colgadas. Y Brasil tiene que aprender a contar para dejar de perder.

*Nombres modificados a petición de los entrevistados