Cuatro condenados, un fugitivo y 11 años de espera: lo que revela el fallo sobre el asesinato de líderes indígenas en Perú

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La justicia cojea, pero llega. Además, llega tras la lucha colectiva y con algo de incertidumbre. Esta es la sensación que quedó entre la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, en Ucayali, Perú, tras conocer la sentencia que ratificó 28 años y tres meses de prisión para los empresarios madereros que asesinaron, hace ya 11 años, a cuatro de sus líderes. “Hay algo de esperanza en que el Estado sí puede impartir justicia”, dice a América Futura el Apu Jamer López, presidente de ORAU Organización Regional Aidesep Ucayali. “El caso Saweto [como se ha conocido internacionalmente] abre un nuevo camino, pero no ha sido de la noche a la mañana. Ha pasado tiempo”, se lamenta.

Fue en septiembre de 2014 cuando un cazador halló los cadáveres de Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Francisco Pinedo y Jorge Ríos, de la etnia ashéninka, con disparos y signos de maltrato tras regresar de un viaje en el estado brasileño de Acre. Como desde hace cuatro años los líderes no solo se habían opuesto a que las madereras entraran en su territorio, sino que las habían denunciado por tala ilegal ante varias autoridades, era lógico para sus viudas e hijas saber a quienes apuntar como sus homicidas. La última semana de agosto, sus palabras volvieron a ser sentencia.

En segunda estancia, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali confirmó la condena contra los empresarios Hugo Soria y José Estrada Huayta, y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Felix, como responsables de la muerte de los cuatro indígenas. Los primeros, señaló el tribunal, fueron los autores intelectuales, mientras los últimos ejecutaron el crimen. Además, la sala incrementó la reparación civil que le deben dar a las cuatro familias de las víctimas a 400.000 soles en total (113.000 dólares), cuando el primer fallo había establecido solo el monto de 200.000 (56.000 dólares).

La verdadera justicia, sin embargo, no ha terminado de llegar, explica Roció Trujillo, abogada y parte de la defensa legal del caso Saweto desde 2023. Los familiares de los líderes buscaban una compensación más alta y el brasileño Eurico Mapes Gómez, una de las cinco personas que, se presume, también estuvo involucrado en el homicidio múltiple, no se presentó jamás a ninguna de las audiencias. “Ha estado prófugo desde entonces, así que, hasta que se encuentre y se haga un proceso específico para él, determinando su responsabilidad, no se habrá cumplido del todo la justicia que queremos”, asegura.

El proceso también ha sido desgastante. Hasta febrero de 2023 lograron un primer fallo que, sin embargo, seis meses después, se declaró nulo, por lo que tuvieron que empezar desde cero. Los fiscales se cambiaron en más de dos ocasiones sin mayor explicación y, como recuerda Trujillo, los abogados de los imputados ya advirtieron que van a interponer un recurso para llevar el caso a la Corte Suprema. “Las economías ilegales han buscado en todo momento quebrar el proceso, archivarlo”, comenta la abogada. “Pero ha sido el movimiento indígena el que lo ha sostenido y abrazado”.

Sobre lo que viene hay incertidumbre. A pesar de que, en 2015, y con el duelo de los líderes encima, AltoTamaya-Saweto logró titular las 78.129 hectáreas de su territorio, las amenazas no han cedido. “Hay algunos hechos que no se han contado, pero llegará el momento de compartirlo”, suelta el Apu López, adelantando que la deforestación y la tala ilegal persisten. “Estamos esperando cuál es la reacción ante el fallo”, agrega, sin descartar que pueda traducirse en más represión de la que ya ha vivido la comunidad.

De las hermanas Saweto - como se les llama a Ergilia Rengifo, Julia Pérez, Lita Rojas y Lina Ruiz, hijas y viudas que se apersonaron de la lucha - solo una sigue en el mismo territorio. Al resto le ha tocado desplazarse por amenazas. Ni a ellas ni a los demás de los habitantes de Alto Tamaya-Saweto, les han cumplido con la promesa de darles esquemas o garantías de seguridad por parte del Estado.

“En esta búsqueda de justicia, lo que hay es todo un pueblo indígena, respaldando y unido”, suma el Apu. Aunque coja e incierta, dice que esta última sentencia es un precedente para los otros 35 casos de líderes indígenas asesinados que están pendientes en el país. Y es que en términos legales no deja de ser un avance. Trujillo recuerda que el tribunal desarrolla la idea de que Edwin Chota era un líder indígena que, en esa calidad, defendía su territorio, el medioambiente y los bosques, reconociendo precisamente ese como el motivo por el que lo asesinaron. “Se entendió la necesidad de incorporar los derechos indígenas en los temas procesales y penales, así como que la reparación no es solo una individual, sino una en el ámbito colectivo”.

En la última audiencia, ninguno de los cuatro sentenciados estuvo presente. Ante esa ausencia y algunas especulaciones de que no aparezcan, Rengifo López, viuda de Jorge Ríos, fue enfática en recordar que esta no puede convertirse en una decisión que se quede en el papel. “Después de 11 años de dolor y espera, hoy sentimos que se ha avanzado para lograr justicia. Ahora esperamos que los sentenciados cumplan la condena”.