¿Puede un país superar la polarización para hablar del futuro? En Uruguay, al menos, sí se puede

Hace poco más de dos años, Naciones Unidas le planteó a la sociedad uruguaya un ejercicio que puede sonar a ficción en los tiempos que corren por el mundo: conversar sin agravios entre quienes piensan distinto, debatir sobre el porvenir y perseguir acuerdos priorizando el bienestar colectivo. La iniciativa se llamó Diálogos sobre el Futuro de Uruguay y reunió a casi 2.000 personas de todos los ámbitos —el 66% mujeres— entre agosto de 2022 y mayo de 2024, en 14 conversatorios que abordaron temas sociales, políticos, económicos y ambientales, cruciales para este país sudamericano de 3,4 millones de habitantes.

Parte de esta experiencia fue recogida en un documento con propuestas para que Uruguay dé un salto al desarrollo sostenible y que el equipo de la ONU entregó a Yamandú Orsi del Frente Amplio (centroizquierda) y Álvaro Delgado del Partido Nacional (centroderecha), los dos candidatos que disputarán la presidencia en la segunda vuelta de las elecciones, el próximo 24 de noviembre. “Aparte de ser un buen laboratorio para políticas públicas, Uruguay es una vacuna contra el pesimismo mundial”, señala a América Futura Pablo Ruiz Hiebra, coordinador residente de Naciones Unidas en Uruguay desde 2021.

En ese texto, el organismo destaca la estabilidad institucional del país, considerado una de las 24 democracias plenas del mundo, como lo definió The Economist, y sus altos niveles de desarrollo humano, de acuerdo con el índice del Programa de Desarrollo de la ONU. Pero también recorre las aristas más preocupantes de la realidad uruguaya, como la pobreza infantil y la seguridad ciudadana, que el próximo Gobierno debería atender teniendo como brújula a los Objetivos de Desarrollo Sostenible pautados en la Agenda 2030. En esa dirección, propone a los candidatos cuatro líneas de acción específicas.

La primera recomienda centrarse en “abatir significativamente” la pobreza haciendo foco en las familias con niñas, niños y adolescentes. “Esa debe ser la prioridad número uno del país”, dice Ruiz Hiebra. En Uruguay, el 20% de los niños menores de 6 años vive en condiciones de pobreza, un porcentaje que duplica el registrado en el total de la población (10%). “Es sorprendente que haya un 20% de pobreza en la infancia en un país que no crece [demográficamente], mientras que en los adultos mayores de 65 años hay un 2%”.

Entre otras medidas, el organismo propone ampliar la cobertura de las transferencias monetarias para asegurar que todas las familias que lo requieran perciban esas prestaciones, y sugiere aumentar progresivamente su valor para reducir a la mitad la incidencia de la pobreza en la infancia y en toda la población. “Claramente es el momento de hacer una gran inversión en la infancia”, remarca. Esa apuesta implicaría un incremento presupuestal del 0,6% del PIB, que equivale a unos 453 millones de dólares al año. Hoy por hoy, detalla Unicef, las transferencias suponen solo el 15% de los ingresos en los hogares pobres.

En el país hay consenso en el diagnóstico sobre la pobreza infantil y las medidas necesarias para empezar a corregirla, tal y como han manifestado Delgado y Orsi, los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta electoral. “¿Por qué si sabemos que hay que cambiarlo no lo hemos cambiado?”, pregunta Ruiz Hiebra sobre las coincidencias políticas que hay en torno a los asuntos prioritarios para el desarrollo de Uruguay. Lo ilustra con un caso bien definido en el papel, pero que no acaba de llevarse a la práctica: “Los partidos políticos se comprometieron hace 10 años en aumentar al 1% del PIB en ciencia y tecnología. Sin embargo, han pasado 10 años de gobiernos de diferentes signos y la inversión en ciencia y tecnología sigue constante, aunque se haya alterado un poquito”.

De acuerdo con datos de la Unesco, el país invierte el 0,42% del PIB en investigación y desarrollo, mientras que el promedio en el grupo de países de altos ingresos —del que Uruguay forma parte desde 2013— es de 2,76%. Según el actual Gobierno (una coalición de centroderecha), ese 0,42% se incrementó al 0,62% a partir de un mayor protagonismo del sector privado en el área. “Si bien este nuevo valor ubica a Uruguay por encima del promedio regional, aún se encuentra lejano al de los países de altos ingresos”, se lee en el documento.

El reto de la segunda transición energética

En la segunda de sus propuestas, la ONU hace hincapié en que esta inversión de (por lo menos) el 1% en ciencia y tecnología “es parte intrínseca” de un modelo de desarrollo capaz de promover un tipo de producción y consumo sostenibles, de profundizar acciones frente al cambio climático y de avanzar en la transición energética. “Uruguay ha alcanzado logros importantes que tiene que profundizar”, dice Ruiz Hiebra. Destaca uno no del todo conocido fuera de fronteras: el 98% de su electricidad proviene de fuentes renovables, sobre todo eólica e hidroeléctrica, gracias a una política energética consensuada y puesta en marcha hace más de una década. Actualmente, el 40% del consumo final de energía es de origen renovable, por lo que Uruguay tiene por delante la oportunidad de concretar una segunda transición energética, que alcance especialmente al transporte y a los procesos industriales.

Otro desafío para la administración que viene supone avanzar hacia modelos de producción y consumo sostenibles, que preserve los recursos naturales. “Uruguay camina hacia la sostenibilidad, pero sigue teniendo retos grandes que abordar”, apunta Ruiz Hiebra. Menciona el debate que hay en el país en torno al desarrollo de la producción agroindustrial, el uso de agroquímicos y su impacto en la cantidad y calidad del agua, como parte de la tensión entre crecimiento económico y cuidado del ambiente. “¿Cuáles son los límites? Es un debate que no está cerrado, pero sí hay medidas de protección que tomar, por ejemplo, en las zonas de origen del agua potable”.

La estabilidad institucional y la solidez de su democracia, señala el documento de la ONU, coloca a Uruguay en una posición propicia para diseñar y poner en práctica políticas de mediano y largo plazo. “Durante las últimas cuatro décadas, Uruguay no experimentó crisis institucionales: procesos de impeachment, renuncias de jefes de Gobierno, adelantamiento de elecciones, revueltas populares, etcétera”. Pero esa posición envidiable, matiza el texto, no debería implicar soslayar o minimizar los retos pendientes relacionados con el funcionamiento del sistema. Uno de ellos implica dar pasos hacia una democracia paritaria, especifica el documento en su tercera propuesta.

“Las dos principales imperfecciones de la democracia uruguaya hoy, según los analistas, son la falta de una paritaria participación de mujeres y la financiación de los partidos políticos”, dice Ruiz Hiebra. Si se compara a Uruguay con los países que gozan de democracias plenas con respecto al porcentaje de mujeres con bancas en el Parlamento, el rezago del país es claro: 25% [que aumentaría a 29%, según los resultados de la primera vuelta de las elecciones], frente al 38% que registran en promedio las democracias más avanzadas. Este hecho muestra que los avances en materia legislativa, como la Ley de cuotas, han sido insuficientes. “Hay que transformar esa realidad y eso requiere medidas de tipo legal o el compromiso de los partidos que de verdad la transformen”, agrega Ruiz Hiebra. Esta disparidad, abunda el documento, se advierte también en los cargos ejecutivos gubernamentales y en los de alta responsabilidad en el sector privado.

En otro ámbito, el diálogo que abordó el estado de la seguridad ciudadana en Uruguay fue el único que transcurrió a puertas cerradas, buscando evitar que la presencia de medios de comunicación interfiriera en la discusión. Los datos son elocuentes: en los últimos veinte años la sociedad uruguaya ha sufrido un incremento de los homicidios que alcanzaron una tasa de 11 muertes cada 100.000 habitantes en 2023, muy por encima de los valores existentes en las democracias plenas, aunque por debajo de la media latinoamericana. Por otra parte, Uruguay sigue presentando cifras muy preocupantes de población carcelaria, con 419 personas en prisión cada 100.000 habitantes frente a valores significativamente más bajos en los grupos de países de los que forma parte: 101 como media (cada 100.000 habitantes) en 23 democracias plenas.

Naciones Unidas recomienda establecer un amplio diálogo apenas sean elegidas las nuevas autoridades, con miras a diseñar una política de Estado en seguridad ciudadana, que según la consultora Factum constituye la principal preocupación para el 49% de los uruguayos. “El próximo gobierno tendrá que maximizar la capacidad de diálogo que hay en esta sociedad”, enfatiza el coordinador residente. Además, la ONU plantea formar un grupo asesor de alto nivel para la seguridad y reforzar los programas de reinserción dirigido a los privados de libertad, combinándolos con otros focalizados en la lucha contra la pobreza.

En su cuarta propuesta, el organismo sugiere invertir tiempo y esfuerzo en fortalecer la dimensión internacional de Uruguay, basándose en el apego al multilateralismo y la cooperación que lo caracteriza. En este capítulo, Ruiz Hiebra hace hincapié en las oportunidades que puede ofrecer una política de inmigración “segura y ordenada” en un país demográficamente estancado como este. “Es un tema que tiene que abordarse pensando en el Uruguay del futuro”, apunta. El país tiene camino que recorrer en cuanto a su proyección internacional y el desarrollo de su potencial comercial, cultural y cooperativo. “La imagen de Uruguay se diluye cuando uno sale de la región, tiene el reto de posicionarse en el mundo sin desdecirse de los compromisos subregionales”, observa Ruiz Hiebra al término de este recorrido por las cuatro propuestas que recibieron los candidatos.