¿Es Uruguay la democracia más sólida de América Latina?
El índice de calidad democrática de ‘The Economist’ destaca la estabilidad del país sudamericano gracias a un sistema de partidos fuerte que “evita la emergencia de líderes populistas y desviaciones autoritarias”
La democracia uruguaya despunta en la región y se consolida como la más estable de América Latina y el Caribe, según el índice de calidad democrática de la revista The Economist. Uruguay, con 3,4 millones de habitantes, se ubica en el puesto 14 de un listado que abarca 165 países encabezados por Noruega y al mismo nivel que Australia y por debajo de Canadá, el más democrático en las Américas. De acuerdo con este ranking, poco más del 1% de la población de América Latina y el Caribe disfruta de una “democracia plena”, en Uruguay y Costa Rica, el otro país mejor valorado y ubicado en el lugar 17. En Sudamérica siguen Chile (puesto 25), Surinam (49), Brasil (51), Argentina (54) y Colombia (55), consideradas “democracias imperfectas”.
“La fortaleza de la democracia uruguaya se basa en gran medida en un sistema de partidos fuertes que evita la emergencia de líderes populistas y desviaciones autoritarias, como las que estamos viendo en otros países de la región”, dice a EL PAIS Nicolás Saldías, doctor en Ciencias Políticas e integrante de la Unidad de Inteligencia de The Economist, responsable de este índice difundido días atrás. El politólogo destaca que la cultura democrática, muy arraigada en Uruguay, se fortaleció después de la dictadura que gobernó el país entre 1973 y 1985. “Las encuestas muestran que los uruguayos son los más comprometidos con el sistema democrático en la región, y por mucho”, explica Saldías por correo electrónico desde Washington, donde reside.
Uruguay obtiene el mayor puntaje, 10 sobre 10, en cuanto a “sistema electoral y pluralismo”, una de las categorías evaluadas desde 2006. También figura como uno de los mejores del mundo en “libertades civiles”, con 9,71 puntos, mientras que en “funcionamiento del gobierno” obtiene un 8,93. En “cultura política” este año el puntaje disminuye a 6,88, debido principalmente a que una parte los uruguayos se ha mostrado partidaria de que los expertos (sin filiación partidaria) tuvieran más poder político. En “participación política” reúne 7,78 puntos, porque el voto obligatorio que rige en Uruguay (como en otros diez países latinoamericanos) es considerado un indicador negativo por la revista británica. Ir a votar o no hacerlo, defienden sus autores, debe ser una elección libre.
Discrepa con este criterio el veterano analista político uruguayo Oscar Bottinelli, director de la consultora Factum. Para Bottinelli, esa es precisamente una característica que apuntala al sistema democrático uruguayo: “El voto obligatorio hace que todo el mundo participe”. En ese sentido, entiende que valorar negativamente el sufragio obligatorio “proviene de un liberalismo individualista” que tiene componentes “altamente elitistas”. La tradición muestra que en el país sudamericano existe una “sacralización del voto”, afirma. En las elecciones generales de 2019, la participación alcanzó el 90% y los votos en blanco o anulados no superaron el 4%. “Eso refleja que la gente opta, dándole fortaleza al sistema”, indica.
Bottinelli coincide en que la solidez del sistema de partidos políticos es un pilar que sostiene en buena medida la democracia local. El país pasó del bipartidismo con los históricos Colorado y Blanco, al tripartidismo con la incorporación del izquierdista Frente Amplio, que gobernó entre 2005 y 2020, hasta llegar al pluripartidismo actual. “Pero siempre dentro del sistema de partidos, en Uruguay no existen movimientos antisistema”, apunta. También ha influido su “elenco estable” de liderazgos políticos, continúa Bottinelli, cuya renovación generacional arrancó abruptamente en la última década. “Esa ha sido otra fortaleza”, señala.
Una región convulsionada
El índice muestra que 2023 fue el octavo año consecutivo de decadencia democrática en América Latina y el Caribe, cuyo puntaje promedio cayó de 5,79 en 2022 a 5,68 en 2023. Poco más del 1% de la población de la región vive en una democracia plena, el 54% en democracias defectuosas, el 35% en un régimen híbrido (entre imperfecto y autoritario) y el 9% en regímenes autoritarios. El mayor descenso lo registró El Salvador, expone el informe, cuyo puntaje se deterioró a instancias del Gobierno “cada vez más autoritario” del presidente Nayib Bukele y su candidatura inconstitucional a la reelección.
“La polarización política, los intentos de golpes de Estado, los actos de violencia política, el aumento en la inseguridad y el escaso crecimiento económico están generando una sensación cada vez más profunda de que la democracia no está dando resultados positivos”, dice Saldías acerca del contexto en América Latina y el Caribe. Por esta razón, explica el politólogo, la región tiene el puntaje más bajo del mundo en la categoría “cultura política”, que evalúa el grado de consenso social de respaldo a la democracia y a sus representantes políticos. “Peor aún, el caso de Nayib Bukele como un modelo para algunos puede alimentar desviaciones antidemocráticas en toda la región”, advierte.
El riesgo de la inseguridad
Pese a su buena salud, la democracia uruguaya no es ajena a esta realidad. Como en casi todos los países de la región, asegura Saldías, la principal debilidad de Uruguay radica en la cultura política. Este año, el puntaje del país en esta categoría ha disminuido con respecto a los anteriores. ¿Por qué razón? Saldías lo atribuye principalmente a que más del 50% de los uruguayos ha manifestado preferir que los expertos o tecnócratas “tengan más poder político”, mostrando una falta de confianza en la política tradicional. Además, su apoyo a la democracia ha caído por debajo del umbral del 75% establecido por The Economist. “Otro riesgo para la democracia uruguaya es la inseguridad, que podría alimentar el surgimiento de populistas con políticas autoritarias”, añade.
Para mantener su calidad democrática, opina Bottinelli, Uruguay tendría que hacer foco y modificar su financiamiento político, que implicaría reducir costos en las campañas electorales. Según este politólogo, otra debilidad que amerita ser atendida es el “desequilibrio” que existe en el ámbito informativo. “Claramente hay un predominio de medios de comunicación que no hacen culto de la imparcialidad y equidistancia en la información, tanto en medios privados como públicos”, afirma. También observa que en Uruguay ha bajado el nivel del debate político, que ha derivado en la descalificación personal en detrimento de la discusión propositiva. Por eso, advierte: “Eso puede ir alejando a la gente que sienta que sus problemas reales no están sobre la mesa”.
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