Las indígenas que demandaron al Estado peruano para que proteja a su río

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Un río manchado de petróleo. En eso se ha convertido el Marañón tras décadas de derrames de crudo en el norte de la Amazonía peruana. Sin embargo, para los kukama kukamiria —arraigados en sus orillas por más de dos siglos— es mucho más que eso. “El Marañón es un padre para nosotras y todos los seres vivos”, asegura Mari Luz Canaquiri Murayari, presidenta de la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana, que agrupa a las mujeres de 29 comunidades indígenas enclavadas en sus riberas. “Antes éramos muy felices con nuestro inmenso río, pero ahora solo tenemos dolor por lo que le han hecho”, lamenta.

El segundo río más largo de Perú —que se despliega por más de 1.700 kilómetros hasta unirse al Amazonas— arrastra el peso de más de 60 derrames petroleros del Oleoducto NorPeruano entre 1997 y 2019, según Osinergmin. Más de la mitad de tales desastres se debe a la falta de mantenimiento de esta tubería de 1.106 kilómetros, operada por la empresa estatal Petroperú, que transporta el crudo desde la selva hasta la costa peruana.

Mari Luz Canaquiri tiene 49 años, pero apenas era una niña cuando vivió por primera vez uno de esos derrames en Shapajilla. Esta comunidad, al igual que el resto en esta cuenca, no tiene acceso a agua potable. “Era como si no pasara nada”, recuerda la lideresa indígena. “Tomábamos agua del mismo río porque nadie nos informó que el petróleo era dañino, hasta que nos enfermamos y así nos han ido matando lentamente”.

Agobiadas por esa contaminación, a mediados de 2021, las hijas, madres y abuelas que conforman la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana demandaron al Estado peruano para que declare al Marañón sujeto de derechos. “Queremos que respeten al río, que dejen de atropellar sus derechos y los nuestros”, explica Canaquiri, reconocida con el Premio Internacional Terre de Femmes 2023 por su lucha. “Queremos que respeten a este río sagrado que guarda a nuestros antepasados, quienes habitan un mundo bajo sus aguas”, añade.

No solo el petróleo ha sumergido al Marañón en una tragedia silenciosa. Una serie de proyectos de infraestructura —como las represas hidroeléctricas y la Hidrovía Amazónica— ponen en peligro la vida de una de las principales arterias de agua de la selva peruana, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Lo mismo la minería ilegal de oro, que la contamina con mercurio y otros metales tóxicos.

En respuesta, la demanda constitucional de las kukama kukamiria —con respaldo del Instituto de Defensa Legal, International Rivers y Earth Law Center— busca otorgar derechos específicos al Marañón. Entre ellos, el derecho a existir, a fluir, a estar libre de toda contaminación, a la restauración y regeneración de sus ciclos naturales.

“Son derechos que han sido pisoteados”, señala Celia Fasabi, vicepresidenta de la federación indígena y agente de salud en su comunidad Nuevo San Juan. A sus 37 años, ella ha sido testigo de las muchas formas en que la contaminación del Marañón afecta la vida de los kukama, sobre todo de las mujeres: desde enfermedades en la piel, embarazos que acaban en abortos espontáneos, hasta cáncer. “No podemos más que defender al río hasta los últimos días de nuestras vidas, para que respeten su vida y la nuestra”.

De suceder, no sería la primera vez que un cuerpo de agua es declarado un ser vivo y sujeto de derechos en América Latina. A mediados de 2016, la Corte Constitucional de Colombia reconoció como tal al río Atrato, en Chocó, algo que antes solo había ocurrido con el Ganges en India y el Wanganui en Nueva Zelanda.

Para Monti Aguirre, de International Rivers, lo de Colombia encendió una luz en toda la región. “Estaban solicitando derechos para las comunidades afectadas, pero el juez también otorgó derechos al río que había sufrido por la minería”, explica la experta de la organización internacional que apoyó la demanda de las kukama kukamiria con un amicus curiae junto a Earth Center Law y la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza. “Eso hizo ver que tenemos leyes y políticas que funcionan, entre comillas, para el bienestar del ser humano, pero si el bienestar de la naturaleza no está protegido, entonces el del ser humano tampoco”.

Perú no ha sido lejano a ese movimiento de derechos de la naturaleza, más aún desde la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos en 2017. Esta reconoce que la naturaleza tiene un valor intrínseco en sí misma, más allá de su utilidad para las personas y, como tal, debe ser protegida, reconociendo entonces sus derechos.

“Eso marcó un precedente para nosotros”, sostiene Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal y encargado de la defensa de las kukama kukamiria. “Lo que diga la Corte es vinculante para Perú y ese ha sido el argumento jurídico que utilizamos para solicitar que se reconozcan los derechos del Marañón”.

Esa demanda —contra Petroperú, los Ministerios del Ambiente y de Energía y Minas, entre otras entidades públicas— también solicita el mantenimiento y reparación del Oleoducto NorPeruano, construido en los años setenta. Sin embargo, en la audiencia judicial ante el Juzgado Mixto de Nauta, en noviembre pasado, el Ministerio del Ambiente se negó a reconocer la urgencia de adoptar medidas de protección para el río Marañón, según informó el Instituto de Defensa Legal.

“Fue evidente que el Estado no se siente responsable y lamentablemente ha sido así por mucho tiempo”, explica Monti Aguirre. “Lo que demandan las mujeres kumama nos hace ver más allá de lo antropocéntrico y entender que dependemos del mundo natural para nuestra propia existencia”.

A pesar de la negación estatal, el crudo sigue impregnado en las aguas del Marañón. “Muchas veces sale y flota en el río, es decir, nunca hemos dejado de estar contaminados”, comenta Mari Luz Canaquiri. “Es como si no existiéramos, aunque es gracias a nosotras que se mantiene nuestra Amazonia, si no, ya la hubieran exterminado”.

La demanda, en efecto, también busca el reconocimiento de las mujeres como guardianas del Marañón y sus afluentes. Esta es una figura que se ha logrado en otros casos, como el de Colombia. Para Constanza Prieto Figelist, de Earth Law Center, “esto les permitiría tener una mejor forma de representación, no solo de sus comunidades, sino de los intereses del río para su protección”. “De ser así, podríamos decir que en Perú se abre una nueva etapa en el derecho ambiental”.

En consecuencia, ellas serían representantes legales del río y sus afluentes en la toma decisiones sobre actos legislativos, administrativos y ejecutivos, así como proyectos que pudiesen afectarlos directa o indirectamente. El río y sus afluentes se podrían sentar en la mesa y ser escuchados a través de la voz de sus guardianas.

Pero por mucho tiempo esa voz, la de las kukama, fue silenciada. Como en la mayoría de pueblos indígenas, el machismo impedía que las mujeres tuvieran la palabra. “Queríamos que nos escucharan para defender nuestro territorio ancestral, pero ni nos dejaban opinar”, recuerda Celia Fasabi. “Eso solo nos hizo más fuertes para organizarnos y ahora ellos han entendido que esta lucha es por nuestro río, por nuestra vida”.

En los próximos meses, el Juzgado Mixto de Nauta, en Loreto, emitirá una sentencia que podría ser histórica. Para Mari Luz Canaquiri, es crucial reiterar que esta lucha es en favor de todos. “Si la jueza nos da la razón, también será un beneficio para ella, para todos los amazónicos, para Perú y el mundo”, recalca. Si bien los kukama kukamiria son gente del río, la larga lucha de sus mujeres es por lo más elemental, por el derecho a existir y vivir.