Elizabeth Moreno: la ‘madre’ de las comunidades de la subregión de San Juan, en Chocó

El día en que Elizabeth Moreno Barco (Togoromá, Chocó, 56 años) recibió el Premio Nansen para las Américas 2023, que entrega ACNUR –la Agencia de la ONU para los Refugiados–, vestía una gabardina con el mapa del Chocó. Su cuerpo y su territorio fueron uno solo en la ceremonia, una muestra de su profundo compromiso con este departamento.

Fue galardonada por haber ido “más allá de su deber para proteger o ayudar a personas desplazadas por la fuerza”, en el país con el mayor número de desplazados en el mundo, según ACNUR. Moreno conoce desde sus entrañas las dimensiones de esa tragedia: ella misma tuvo que desplazarse, en 2013, cuando dos facciones remanentes de las AUC se enfrentaron por el control de Togoromá, corregimiento de Docordó, en la región de San Juan, tan dolorida por el conflicto armado. Desde entonces, no ha podido volver a su casa.

Esta mujer afro imponente –de 1,75 metros de altura y a la que todos llaman La Chava, le ha hablado sin pelos en la lengua a los armados, a los gobiernos y hasta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por décadas, su misión ha sido buscar la paz para las comunidades del Chocó y denunciar los abusos que sufre la población afrocolombiana e indígena.

Su lucha empezó cuando era madre comunitaria, a mediados de los noventa. “Desde muy joven experimenté la brutalidad del conflicto armado y supe que debía cambiar esa realidad”, dijo, en julio pasado, durante su intervención en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

En 2007 se unió al Consejo Comunitario Mayor del San Juan (Acadesan), una organización territorial que promueve y protege los derechos de 72 comunidades afrocolombianas que viven en el sur de la región de San Juan. Ocho años más tarde fue elegida como la primera mujer en liderar Acadesan y desde esa posición se aseguró de que los intereses de las comunidades étnicas fueran incluidos en las conversaciones de paz de La Habana (Cuba).

También negoció una tregua parcial entre grupos armados rivales, en 2017, que trajo la paz al San Juan durante tres años. “Para nosotros hubiera sido mejor que la tregua continuara en el tiempo”, dice. “Es necesario que los líderes en los territorios tomemos acciones concretas hacia la terminación del conflicto y las disputas por quién se queda. Las comunidades deberíamos ser las que permanezcamos porque tenemos esa propiedad y la autoridad sobre el territorio”.

Es directa y clara al hablar de lo que significa la paz para ella: no se trata de deponer las armas, “eso sería solo el silenciamiento de los fusiles”. Es superar las necesidades insatisfechas en que viven aún las poblaciones. Implica igualdad social e inclusión. “Queremos un país en el que no tengamos que andar escondidos, donde no nos condicionen la movilidad, que vivamos libres, sin miedo a encontrarnos una mina antipersonal, a ser desplazados, a estar en medio de una confrontación armada”, reflexiona Moreno.

Hace un mes, quedó en medio del fuego cruzado entre el ELN y el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas, dos días antes del último paro armado en la subregión de San Juan: “Es maravilloso salir con vida y poder contar esta historia, pero muy difícil vivirla. Uno se pone a pensar en la gente a la que todos los días le toca sufrir esos mismos episodios e irse del territorio. Es triste y doloroso”.

Actualmente, lidera el Foro interétnico solidaridad del Chocó (FISCH), una plataforma de derechos humanos que impulsa el bienestar y la igualdad de toda la población del departamento. Fue elegida el mismo año en que recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos (2023), creado por la organización sueca Diakonia y la misión internacional de la Iglesia sueca. Desde allí ha contribuido en la construcción de políticas públicas que integren la participación de las comunidades en los diseños de soluciones para alcanzar el fin del conflicto. “Las comunidades étnicas debemos ser el centro de la construcción y la transformación del país”, señala tajante.

Su siguiente lucha es por las mujeres. “Ser mujer y líder en un contexto tan desafiante como el que vivimos en la región Pacífico implica una doble responsabilidad: enfrentar los retos por ser una líder social en un entorno dominado por la violencia, pero también romper las barreras de género que limitan nuestra participación en escenarios de toma de decisión”, sostuvo ante la ONU.

Con el dinero que recibió por el premio Nansen montó una escuela de liderazgo para que 30 mujeres se conviertan en lideresas en el futuro. “Así como yo –una mujer negra, de escasos recursos, que no era letrada– pude llegar hasta donde estoy, hay muchas mujeres afro e indígenas en mi territorio que tienen el valor y la valentía para ser lideresas, pero que no tienen las herramientas”, sostiene.

La escuela será un espacio para capacitarlas y ayudarlas a que sus voces trasciendan. Con La Champa de Chava, como se llama, busca que todas ellas se suban y naveguen hacia la construcción de una Colombia en paz.

*Apoyan Ecopetrol, Movistar, Fundación Corona, Indra, Bavaria y Colsubsidio