Angie Rodríguez renuncia a la dirección de la Presidencia

Un mes después de que el presidente colombiano Gustavo Petro pidiera la renuncia de Angie Rodríguez como directora del Dapre, el Departamento Administrativo de la Presidencia, este miércoles se concretó su salida del Gobierno. A través de un mensaje en la cuenta de X de la institución, Rodríguez anunció que ha presentado su renuncia irrevocable a sus cargos como directora del Dapre y secretaria general de la Presidencia, donde servía como mano derecha del presidente Gustavo Petro. “Me voy con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado”.

La administradora pública de 39 años seguirá como gerente del Fondo Adaptación, entidad de la que lleva encargada desde noviembre. La institución, que prepara al país ante eventos climáticos adversos, maneja un millonario presupuesto y se ha convertido en un fortín político, según denuncias de políticos cercanos al Gobierno. Carlos Carrillo, político de izquierdas y director de la UNGRD -la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo-, ha asegurado que Rodríguez ha nombrado “amigos y hasta primos” en el Fondo, y denuncia que también se hicieron despidos masivos, en la que ha calificado como una “masacre laboral”.

Rodríguez, que desde su llegada a la Casa de Nariño, en febrero de del año pasado, había ido ganando más poder y visibilidad, dio la primera puntada del choque intestino. El 11 de diciembre de 2025 convocó a medios de comunicación a la sede presidencial y transmitió en los medios públicos un balance sobre sus primeras semanas como encargada del Fondo. Pero el informe no estaba centrado en sus logros, sino en cuestionar la labor que Carrillo había hecho como gerente encargado en los meses previos. Denunciaba poca ejecución, presentaba riesgos de corrupción, fallas contractuales y alertas ignoradas. “La baja ejecución presupuestal también es corrupción”, dijo después, en declaraciones a medios de comunicación.

Carrillo ha hecho una lectura muy distinta de los hechos. Para él, detrás de las críticas hay un interés del ministro del Interior, Armando Benedetti -cercano a Rodríguez- por adueñarse de los contratos del Fondo de Adaptación, en alianza con grupos políticos de Córdoba y de Sucre, como el ‘Ñoño Elías’, condenado por el caso de Odebrecht. En su versión, la baja ejecución mientras estuvo al mando no fue por ineficiencia, sino para evitar contratos en los que había indicios de irregularidades.

El Fondo, adscrito al Ministerio de Hacienda, cuenta con un presupuesto de más de 660.000 millones de pesos (unos 170 millones de dólares) y ha estado en medio de señalamientos por la presunta entrega de contratos con base en intereses políticos. Debido a los retrasos en la adjudicación de contratos, Rodríguez, con la aprobación del Consejo directivo -integrado por Benedetti, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con quien ha trabajado previamente-, tendría la facultad de asignar proyectos.

Ante las tensas relaciones de Rodríguez y Carrillo, el 8 de enero el también exconcejal de Bogotá informó a través de sus redes que había radicado una denuncia por acoso laboral en contra de la aún directora del Dapre. Según indicaba, “sus insinuaciones y declaraciones públicas y privadas” buscaban “menoscabar” su reputación y “obstaculizar” su labor. Este martes, un día antes de la renuncia, se hizo pública una acción de Rodríguez que Carrillo calificó como “infantil”: luego de que él hiciera un comentario en el que la tildó de “traidora” en el grupo de WhatsApp que reúne a los directores del Gobierno nacional, la directora de la Presidencia lo expulsó del chat.

Tanto el Fondo Adaptación como la Unidad de Gestión del Riesgo son entidades con una alta probabilidad de corrupción, debido al elevado presupuesto que manejan y a su facultad para entregar contratos por enormes sumas de dinero. Pese a la nobleza y similitud de sus misiones: la primera, ejecutar proyectos de gestión del riesgo que permitan que el país esté preparado ante los estragos del cambio climático; la segunda, fortalecer las capacidades públicas para reducir el riesgo de la población ante los estragos de la naturaleza, en la práctica sus presupuestos pueden ser movilizados para pagar favores políticos.

Así lo demuestra el escándalo de corrupción de la UNGRD, el mayor del mandato de izquierda, en el que 46.800 millones de pesos destinados a la compra de 40 camiones cisterna para distribuir agua potable en zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira fueron malversados hacia clanes políticos y en contratos adjudicados “a dedo”. El escándalo derivó en la salida de su antiguo director, Olmedo López. El presidente Petro lo reemplazó por Carrillo, a quien encomendó la misión de acabar con la corrupción en la entidad.

El uso de la Unidad para conseguir favores haría parte de un entramado más complejo, que tiene a dos exministros de la actual Administración tras las rejas: el de Interior, Luis Fernando Velasco, y el de Hacienda, Ricardo Bonilla. La justicia colombiana investiga si dinero público, tanto de la UNGRD como del Invías, habría sido desviado hacia varios congresistas para que votaran a favor de las reformas del Gobierno. Ambos aseguran que son inocentes, y que lo demostrarán en juicio.