ChatGPT es el mejor amigo de los funcionarios de Colombia, pero lo usan sin reglas

“Deberíamos optimizar con Inteligencia Artificial las respuestas a los derechos de petición que ya tenemos sistematizadas”, propuso un funcionario de la empresa estatal de renovación de Bogotá, RenoBo. “Como ciudadano me sentiría muy mal si un derecho de petición, el instrumento que la gente tiene para comunicarse con los servidores públicos, me lo contesta un bot”, le respondió alguien de su equipo. Es una conversación similar a las que se repiten en otras entidades públicas de Colombia, donde el uso de herramientas de IA ya es inevitable. “Creo que puede apalancar la eficiencia del Estado, pero también es un reto para los procesos participativos”, dice el funcionario de RenoBo, quien explica que su equipo dedica mucho tiempo a tareas repetitivas.

Ante la avalancha de trabajo, con toneladas de documentos públicos y respuestas oficiales por dar, una cantidad indeterminada de servidores públicos colombianos aprovecha la Inteligencia Artificial para ser más eficientes, pero usarla, sobre todo en sus versiones gratis, conlleva riesgos. Aparte de alucinar e inventar respuestas, pueden estar entregando datos que luego son utilizados para reentrenar al modelo y llegar a terceros.

Las alertas ya están sobre la mesa. El 5 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia anuló un fallo porque el Tribunal de Sincelejo basó su argumentación en dos sentencias inexistentes, y aprovechó para reafirmar lo que había dicho la Corte Constitucional en 2024 sobre las alucinaciones. Tras la anulación del fallo, los funcionarios de la Rama Judicial -que ya tiene unos lineamientos sobre el uso de IA- recibieron por correo un manual de uso. “La IA es solo una herramienta que puedes usar, pero no puede reemplazar tu criterio”, se lee en un texto, que pide “descartar herramientas gratuitas”.

Son advertencias que funcionan para todo el Estado. EL PAÍS habló con 42 funcionarios públicos y radicó más de 20 derechos de petición para entender cómo usan herramientas de IA generativa como ChatGPT, Gemini o Deepseek, conocer sus lineamientos de uso y saber si están capacitando a sus funcionarios. Algunas entidades han desarrollado herramientas propias, como Watson en la Fiscalía o PretorIA en la Corte Constitucional, y otras han capacitado sobre IA. Pero lo más usual es que funcionarios usen herramientas comerciales como ChatGPT para todo tipo de acciones, desde responder derechos de petición hasta hacer ilustraciones. En la mayoría de los casos no hacen explícito ese uso, porque lo ven innecesario si solo le pidieron apoyo o porque puede poner en duda su trabajo. Es una opacidad que también se nota en que casi ninguna fuente consultada se deja citar y que impide que los ciudadanos sepan qué datos reciben los modelos, qué decisiones se toman a partir de ellos y cuáles interacciones con el Estado están mediadas por IA.

La IA está en todas partes

“¿Te parece claro este párrafo?”, pregunta una funcionaria de la Corte Constitucional mientras redacta una sentencia. “Ayúdame a preparar un discurso para esta población”, pide una contratista de la Gobernación de Casanare para una visita de su jefe. “Justifícame más y déjame un espacio para adjuntar el presupuesto”, escribe una contratista de la alcaldía de Cucutilla, Norte de Santander, para alquilar unos conos viales. “Empecé porque estaba muy colapsada”, cuenta. “Venga, ¿por qué no descongestiona?”, le dijo un día un compañero de trabajo. “Le pone su información. Usted lee lo que sale y, si tiene errores, le dice qué quiere cambiar”. Alguna historia parecida comparten varios entrevistados, que empezaron a ver en las pantallas de sus compañeros a ChatGPT.

“La gente ha apelado a la IA para alivianar la sobrecarga laboral de forma rudimentaria o instintiva porque no hay una política institucional”, dice un contratista de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. “Elaborar un acta con ella ahorra horas de vida”, agrega, y explica que en la UNGRD muchos contratistas pasan varios meses del año sin contrato, lo que sobrecarga a quienes se quedan.

En varias entidades nacionales y locales, la IA se ha vuelto clave para responderles a los ciudadanos y a otras entidades. No solo facilita el trabajo, dicen los entrevistados, sino que opinan que la redacción de muchos documentos ha mejorado. Pero el uso es desigual, lo mismo que los resultados. “Encuentro respuestas que obviamente las hizo ChatGPT”, dice un funcionario de la Alcaldía de Bogotá sobre oficios que envían otras entidades. Tres asesores legislativos concuerdan en que encuentran ponencias e intervenciones que, dicen, es claro que escribió la IA. “Recuerdo haber visto, en una exposición que una persona leía -y en el Congreso no está muy bien visto leer-, y leyó el tipo de preguntas que ChatGPT plantea al final de una respuesta”, cuenta Daniel Urrea, asesor del representante a la Cámara Daniel Carvalho. Para él, “el uso en el Congreso ya no tiene vuelta atrás”. Es una percepción que comparten los 10 asesores legislativos que hablaron con EL PAÍS.

En la Rama Judicial la IA también es ubicua. Un estudio que analiza los resultados de tres encuestas hechas a más de 4.500 servidores judiciales -publicado por Juan David Gutiérrez y David Stiven Peralta, de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes- encontró que la tercera parte ha usado IA para facilitar su trabajo, con ChatGPT mandando la parada. Otro que publicarán en 2026 Maria Adelaida Ceballos, profesora de Derecho de Los Andes, y Kelly Giraldo, investigadora de Dejusticia, encontró que las actitudes varían. Algunos servidores judiciales son entusiastas: “hacen público que la usan, dicen sus riesgos, ponen de su bolsillo para capacitar gente en sus despachos, compran versiones avanzadas para usarla tranquilos”, explica Ceballos. Pero otros, sobre todo funcionarios de niveles más bajos, la usan de manera opaca.

A lo largo y ancho del Estado, el uso de ChatGPT va mucho más allá de investigar y escribir. Un contratista de Parques Nacionales Naturales Amazonas la utilizó para que un proyecto de avistamiento de aves tuviera en cuenta la forma en la que las comunidades indígenas se relacionan con los pájaros. “Ese conocimiento ancestral se lo vamos subiendo a la IA”, cuenta. En la secretaría de Gobierno de Cali, Gemini ayuda a conectar la oferta de programas sociales con las necesidades identificadas por líderes de los territorios.

En esa diversidad, el grado de dependencia varía. Algunos confiesan que ya no piensan sin ChatGPT, mientras otros lo usan de forma muy puntual porque desconfían. “El man está loco. Una vez le pregunté algo, le mostré a mi jefe, verificamos y no existía”, dice un contratista de la Alcaldía de Bogotá. Son alucinaciones inherentes a los modelos que funcionan prediciendo la siguiente palabra más probable para completar una frase según el contexto. Y unos más no las usan. “No haría un discurso del alcalde con ChatGPT”, dice Jaime Sanín, asesor del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. “Los discursos transmiten la visión del gobernante y pedirle a una inteligencia artificial hacerlos es renunciar a esa mirada. Es un cuestionamiento más ético que práctico”, explica. Sin embargo, no usarla tiene un costo alto, porque ya es tan omnipresente que algunos funcionarios sienten que se van a quedar atrás y su productividad será cuestionada. “La gente más viejita, de 35 para arriba, se está viendo asfixiada frente a niveles de competitividad superiores”, concluye un contratista.

Se usa sin dios ni ley, sin reglas y capacitaciones

En ese panorama variado, lo que parece ir más atrás es la preparación. Solo 4 de los 42 servidores públicos con los que habló EL PAÍS dicen que los han capacitado. “La gente no le para bolas a eso”, dice el contratista de la UNGRD sobre las capacitaciones. “Es como cuando le dicen a uno que tiene que suspender su trabajo para hacer la pausa activa”, agregó. Aunque 12 de las 18 entidades que respondieron derechos de petición señalan que están haciendo capacitaciones, en su mayoría se enfocan en las herramientas propias, no en las comerciales; y son sobre todo formaciones voluntarias, que no abarcan a todos los funcionarios y contratistas, y que pueden terminar como otro correo olvidado.

La falta de capacitación se nota en que solo uno de los más de 40 entrevistados sabía que ChatGPT y la mayoría de modelos de IA generativa tienen activada una opción que, si no se apaga, permite “mejorar el modelo para todos”. Eso significa entrenarlo con los datos y documentos que sube cualquier usuario, y permite que la herramienta use y pueda revelar esa información en interacciones con otros usuarios. “El chatbot siempre te va a responder con una colcha de retazos y uno de esos retazos puede ser textos con los cuales fue entrenado”, dice Gutiérrez, el profesor de los Andes. No es algo hipotético. En marzo de 2023, un hackeo en un software conectado a ChatGPT le expuso a unos usuarios partes de chats de otros, con datos como nombres de usuario, correos e informaciones de pago.“Son datos de gente del sur global que le entregas a empresas privadas del norte global. Ahí hay unas discusiones geopolíticas muy interesantes”, dice Ceballos.

Hoy los grandes modelos de lenguaje comerciales se pueden estar entrenando con borradores de normativas y otros documentos en proceso de construcción, que cambiarán o nunca serán públicos. En los casos más complejos, tienen acceso a nombres, números de cédula, avalúos de predios, registros de víctimas del conflicto armado y, en general, información muy sensible.

Además de las pocas capacitaciones, hay muy pocas políticas de uso para las herramientas de IA, y menos para las comerciales. Solo seis de las 18 entidades anunciaron estar trabajando en unos lineamientos, mientras las otras 12 sencillamente no tienen. Por eso, los funcionarios toman precauciones por su cuenta. “Intento no dar información de expedientes, de nombres de los accionantes o de nombres de los juzgados”, dice una abogada que trabaja con un magistrado de la Corte Constitucional. “Algunos hacen un resumen de los autos, y han recibido llamados de atención por eso”, cuenta una persona que trabaja en Jurisdicción Especial para la Paz.

Esa falta de lineamientos termina siendo un incentivo para esconder el uso de la IA, porque abandonarla ya no parece una opción. Así, a tientas, no dejan de cuestionarse. “Está aquí y es inevitable”, dice una contratista. “Pensé en sacarle el mejor provecho, pero igual siento un vacío”.