La logística de la importación del gas aumenta la presión sobre su precio en Colombia

William Campo maneja un taxi en Cali que se mueve con gas natural vehicular (GNV) y relata que el combustible en su estación habitual se encareció más del 50% de la noche del lunes al martes. El súbito incremento tiene una explicación inmediata: el vencimiento, el 30 de noviembre, de tres cuartas partes de los contratos de suministro del combustible, un cambio que redujo la oferta. Pero hay una raíz más profunda: Colombia perdió la autosuficiencia de gas a finales de 2024, y en 2025 ha requerido importarlo. A todo eso se suma que las importaciones, que en su mayoría llegan desde Estados Unidos y Trinidad y Tobago, entran al país por Cartagena y recorren largas distancias por la red nacional, lo que aumenta los precios para el usuario final, especialmente en el interior del país.

Juan Benavides, investigador del sector energético vinculado al centro de pensamiento Fedesarrollo, lo resume como un despropósito económico: “La solución más rápida y barata sería importar por La Guajira, en Ballena”, insiste, y calcula que ello sería al menos un 40% más barato. La única regasificadora habilitada, llamada SPEC, está en Cartagena y pertenece a Promigas (del grupo Sarmiento Angulo). Mientras, la estatal Ecopetrol quiere construir sus propias plantas en La Guajira o en Coveñas, en el Caribe, así como un proyecto en el puerto de Buenaventura, en el Pacífico. Una fuente cercana a esas operaciones aclara que el proyecto en La Guajira está en proceso de contratación y que se prevé que opere a finales de 2026, algo que corrobora a este diario el Ministro de Minas, Edwin Palma.

Pero el tiempo apremia desde hace al menos una década —cuando se sabía que las reservas iban a la baja— y la necesidad de importación era previsible. Sin embargo, el Gobierno ha negado insistentemente la necesidad de importar, y por lo tanto la urgencia de tener las plantas. En febrero, el entonces Ministro de Minas, Andrés Camacho, negó tajantemente, a través de X, que hubiera un déficit. La ironía es cruel y ha forzado al país a retroceder en su agenda climática. Según una encuesta de la ANDI, las empresas solo tienen asegurado el 51,9% del gas que necesitarán en 2026, y ante esa incertidumbre y el alza en los precios, la industria ha migrado a combustibles más contaminantes, como el gas propano, el diésel o el carbón. “Algo muy malo debe pasar para que el gas transportado en cilindros por carretera sea más barato que el gas que viaja por la red”, comenta Daniel Romero, director de la cámara de grandes consumidores de energía y gas de la ANDI.

El coletazo llega de forma dispar a diversos rincones del país. El GNV, que registra un aumento del 55% en el mercado mayorista, se ha encarecido al consumidor entre un 30% y un 35% en Bogotá, Valle del Cauca, la Costa Caribe y Yopal, según Naturgas, entidad que agrupa a las empresas del sector. En el Eje Cafetero los ajustes son cercanos al 5%; en los Llanos o en Antioquia oscilan entre el 0% y el 5%. La industria, por su parte, afronta alzas superiores al 28%, “con amenazas de que los precios se tripliquen el próximo año”, aquilata Romero.

La vulnerabilidad tiene varias explicaciones. Primero, las reservas probadas llegaron a 5,9 años en 2024, el nivel más bajo en dos décadas. Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, rememora que en 2012 el país tenía 11 años de reservas de gas, y precisa que la caída se ha ido acelerando. “Para revertir esto habría que triplicar la actividad de descubrimientos inmediatamente”, advierte. La perforación de pozos ha caído desde más de 110 en 2014 a solo 34 en 2024. Con el freno a la exploración impulsada desde el Ejecutivo, Ecopetrol ha reportado solo 10 pozos perforados este año.

No se trata solo de menos permisos para explorar. La reforma tributaria de 2022 aumentó la carga sobre las empresas, y sus gremios calculan que la llamada participación estatal en las utilidades de sus proyectos subieron del 63% a más del 80%. Ese aumento coincidió con el abandono del negocio de exploración de la multinacional Shell —el pasado abril— y el repliegue, en 2023, de ExxonMobil en sus pilotos de fracking. En el corto plazo se suma otro riesgo, de carácter comercial: la reciente insolvencia de Canacol Energy, el segundo productor de gas del país. Todo eso mientras crece el número de usuarios conectados a la red, que ha pasado de 10,25 millones de suscriptores en 2020 a 12,17 millones este año.

La red de transporte tampoco ayuda: es precaria, no conecta a Medellín con el Pacífico, y cobra por distancia. Pearl y Benavides proponen migrar a una estampilla nacional, que establecería un pago común y fijo, sin importar la distancia ni la fuente de la molécula. Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, sintetiza todo el riesgo en una frase: “Cuando el sistema opera al límite, la seguridad energética del país se pone en riesgo”.

Riesgos cruzados

La situación del gas afecta toda la matriz energética. “La seguridad energética que tiene hoy el país se debe en gran parte a las centrales termoeléctricas, que usan gas”, explica Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras. El combustible operó como un seguro en momentos críticos, como las temporadas de sequía de 2024, cuando aportó el 50% de la energía del país. Según las modelaciones estadísticas de Sergio Cabrales, experto en energía y profesor en la Universidad de los Andes, Colombia está en riesgo de racionamiento de gas hacia finales de 2026 si se repiten períodos de sequía intensos, como El Niño.

El alza en el costo toca las cuentas de un país que ya está en aprietos fiscales. Fedesarrollo calcula que, sin nuevas reservas, el PIB perderá 0,1 puntos cada año entre 2025 y 2031, el equivalente a 11,2 billones de pesos. Si además hay restricciones de suministro, la pérdida total treparía hasta casi el doble. La esperanza reposa en el proyecto offshore Sirius‑2, “el mayor descubrimiento de gas natural en la historia del país”, según Pearl. Hallado por Ecopetrol y la brasileña Petrobras, a unos 77 kilómetros de la costa de Santa Marta, tiene el potencial de suministrar el 45% de la demanda nacional por 10 años.

El problema es que requiere inversiones por 4.000 millones de dólares, no se espera que opere antes de 2030 y depende de 122 consultas previas y tres licencias ambientales. Benavides lo califica como una “bala de plata de mediano calibre”: aun con Sirius, el país necesitaría importaciones a partir de 2031. La opción de traer gas desde Venezuela tampoco resuelve el problema: el gasoducto Antonio Ricaurte necesita reparaciones que tomarían hasta dos años y Colombia se expone a violar sanciones de EE UU. Mientras se encuentra una solución que apacigüe los precios, Campo, el taxista, ha incrementado su meta de pasajeros diarios para cubrir los costos de tanquear su vehículo.