“Más cacao, menos coca”, el compromiso de los cocaleros en Putumayo

Cuándo el avión de la Fuerza Aeroespacial de Colombia, FAC, aterrizó, el pasado viernes 5 de septiembre a las 12.15 de la tarde, en el aeropuerto del municipio de Villa Garzón, en el departamento del Putumayo, el ministro de Defensa, el general retirado Pedro Sánchez, tenía el corazón adolorido por el atentado criminal del que habían sido víctimas, en la vereda Siloé de ese municipio, un oficial y un soldado profesional del Batallón de Infantería No 25, que adelantaban actividades para desmantelar un laboratorio de procesamiento de pasta base de coca.

Los uniformados fueron atacados, en medio de una asonada, rociados con gasolina e incinerados vivos. El Gobierno nacional ofrece 200 millones de pesos de recompensa a quien permita capturar a los responsables.

Bajo un fuerte sopor y una humedad selvática, ante la tropa que lo esperaba, el ministro Sánchez, rodeado de la cúpula militar, envió un mensaje a los grupos armados ilegales que dominan las economías ilícitas asociadas al narcotráfico, instrumentalizan a la población civil, violan los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y se han convertido en la principal amenaza a la democracia y la vigencia de la Constitución y la ley.

Anunció que la decisión del Gobierno nacional es “neutralizar la amenaza de los grupos armados ilegales que operan en la zona. Para ello vienen cuatro pelotones más, para la Fuerza de Despliegue Rápido que está acá, la número 6, y 10 vehículos blindados para brindar mejor seguridad en las vías. Tendremos mejores sistemas de acción y más capacidades tecnológicas. Vamos a demostrar que sí es posible transformar el territorio”.

El ministro llegó a Villa Garzón con la misión de reunirse con la comunidad de la vereda Santa Teresa, de ese municipio, y junto con la cúpula militar y de policía, la directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda, el Gobernador del Putumayo, John Gabriel Molina, y otros altos funcionarios y dirigentes políticos locales, ratificar el compromiso del Gobierno nacional con 580 familias, que están dispuestas a suscribir un acuerdo para acogerse al programa y erradicar 1.500 hectáreas de hoja de coca.

Tan solo a un kilómetro del sitio de la reunión, donde estaban los líderes comunales de las 19 veredas de Villa Garzón, como la de Siloé, donde quemaron vivos a los dos militares, los cultivos de hoja de coca reverdecen en medio de la selva. Putumayo es el tercer departamento productor de coca de Colombia. En ese encuentro, las caras de los campesinos e indígenas eran de ilusión, a pesar de que cuando llegaron los enormes helicópteros artillados de la Policía Antinarcóticos, al centro del caserío, la turbulencia tumbó el tejado de la casa del líder indígena Ángel Torres, el dueño de la única tienda de la zona.

El subdirector de la Policía, Rosemberg Novoa, y el propio ministro de Defensa se comprometieron con el afectado a reparar lo más pronto posible los daños. Pero Ángel Torres no estaba ni molesto ni preocupado por su casa. Más bien se veía muy emocionado de ver reunidos, por primera vez, en el salón comunal de la vereda, a tanta gente que antes solo veía por televisión, como el ministro de Defensa, la cúpula militar y la directora Miranda. Ellos llegaron, en cumplimiento de las directrices del presidente Gustavo Petro, a hacer compromisos concretos, realizables, para sacar a las poblaciones de la economía de la coca, avanzar en la lucha contra las economías ilícitas y liberarlas del dominio de los ejércitos ilegales que ocupan los territorios.

Cuando el ministro Sánchez tomó la palabra, pidió excusas por los daños ocasionados. En el salón se respiraba optimismo y expectativa. El acuerdo que firmarán el próximo 15 de septiembre lo llevan trabajando desde hace varios meses. Han sido jornadas interminables de negociaciones para cambiar el futuro y concretar nuevas oportunidades. Por eso, una de las asistentes era Paula Ortiz, de la vereda Sinaí, que mantiene con tesón un emprendimiento ecoturístico a la orilla del río. Sus ojos verdes resplandecían con los anuncios de la directora Miranda de recursos para el ecoturismo.

Todos aplaudieron a Wilson Daza, líder de la comunidad de Santa Teresa, cuando dijo con ilusión: “Estamos dispuestos a cambiar de vida. Llevamos negociaciones y más negociaciones. Vamos a salir adelante”. Y después habló la vocera del comité de negociación de esa vereda, María Urbano, de 33 años, contadora pública, quien dijo con fuerza, como para que la escuchara todo el Putumayo: “más cacao, menos coca”, y señaló los puntos esenciales de ese acuerdo, que incluyen proyectos productivos, maquinaria amarilla, salud y educación.

El Gobernador del departamento, a su vez, hizo un largo listado de oferta institucional, y subrayó la oportunidad para que los jóvenes ingresen a la educación superior. “La comunidad debe saber que no están solos en la tarea de erradicar los cultivos ilícitos. No podemos rendirnos, tenemos que estar unidos y salir adelante”, dijo.

Otro campesino que estaba con los ojos llenos de esperanza era Carlos Benavides, de más de sesenta años, quien tiene cinco hectáreas sembradas de chontaduro, una fruta tropical amazónica, en la vereda La Castellana. “Somos los mayores productores de chontaduro, pero necesitamos vías para sacar la fruta y comercializarla. Estamos rodeados de coca, hay que cambiar”, indicó.

Cuando habló Gloria Miranda, sus palabras fueron aplaudidas. “Por orden del presidente Petro vamos a comprar el cacao al 80% del precio internacional. Cuenten con la maquinaria amarilla. Vamos a traer educación y salud”. Con esa maquinaria se espera reparar más de 150 kilómetros de vías terciarias, vitales para el campesinado.

Y añadió: “Esto no es solo el inicio de un proyecto productivo en sí mismo, sino es el inicio de la paz de Villa Garzón, porque la gente acá ya se cansó de la guerra, de vivir con intranquilidad y le quiere apostar a una economía legal, como el cacao”. En el departamento del Putumayo el Gobierno nacional invertirá 160.000 millones de pesos en el programa de sustitución.

Al final, habló de nuevo el ministro de Defensa. “La coca nos ha arrebatado la paz”, dijo, mientras la comunidad lo escuchaba con atención, afuera los niños indígenas jugaban fútbol en un pastal, y los soldados permanecían vigilantes. En la zona opera una disidencia de las Farc, Comandos de Frontera, que en este momento están en un proceso de paz. Es una estructura que pertenece a la Segunda Marquetalia.

Al terminar el evento, el ministro de Defensa, la directora Gloria Miranda y la comitiva se subieron a unas camionetas y se dirigieron a un kilómetro de distancia, a un sembrado de matas de coca. Ante líderes de la comunidad desenterraron varias matas y en su lugar sembraron una de plátano, como símbolo de la liberación de las comunidades del yugo de la coca.

Andrés López, líder campesino, dijo que estaba muy optimista de la reunión y habló de los beneficios de las negociaciones de paz en la zona. “Gracias a esos procesos hoy podemos tener reuniones con las entidades y podemos hablar de turismo y desarrollo social”, agregó.

Al caer la tarde, los helicópteros salieron de Santa Rosa, esta vez sin hacer daños. La comunidad quedó a la espera del próximo encuentro con el Gobierno nacional.

En el avión de la FAC, el ministro se refirió al tema de la posible descertificación de Colombia, por su lucha contra los cultivos ilícitos: “Cuando se fragmenta y se fractura la cooperación internacional y el apoyo entre las naciones, ganan los ilegales y pierden las naciones, pierden sus fuerzas. No hay ningún país en el mundo, creo yo, que luche con tanta contundencia, pero también de una manera integrada el problema del narcotráfico. 1.600 millones de dosis han dejado llegar a los mercados, a los 316 millones de consumidores. Cada día destruimos 17 laboratorios, afectamos a los grupos criminales y transformamos el territorio para que sea sostenible. La erradicación libera a los campesinos. Las instituciones transforman las economías a los legales”.