El escándalo de la UNGRD paraliza la comisión parlamentaria que necesita el Gobierno para endeudarse

Entre los vericuetos del Estado se encuentra la comisión interparlamentaria de crédito público. Tres senadores y tres representantes a la Cámara tienen la llave para permitir al Gobierno endeudarse, un aval que suele ser un formalismo, un requisito de papel. Pero si la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo se tensa, como ha ocurrido en esos dos años largos de Gobierno de Gustavo Petro, se convierte en un peaje de un valor incierto. Eso ha ocurrido: este lunes, pese al afán del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por obtener un permiso, la reunión fracasó por falta de cuórum. Y no había suficientes congresistas porque dos de ellos, envueltos como Bonilla en una investigación por la presunta compra de votos justamente en la comisión, han renunciado a ese cargo.

Wadith Manzur, senador conservador cordobés, y Karen Manrique, representante a la Cámara por la circunscripción de paz de Arauca, son los ahora ausentes. Él se apartó la semana pasada; ella en la mañana de este lunes. El Gobierno había citado al encuentro para buscar créditos internacionales por 5.000 millones de dólares, unos 22 billones de pesos, alrededor del 5% de todo el presupuesto de este año. Es una fuente de recursos particularmente necesaria en un año con bajo recaudo y tantas afugias que el Ejecutivo ha recortado sus gastos en 5,6% hace una semana.

Bonilla suma así otro momento a una mala racha que no se limita a las dificultades financieras del Estado, sino a su relación con el Congreso y a su situación jurídica. El viernes en la noche, Noticias Caracol reveló el testimonio que hizo a la Fiscalía una exasesora del ministro, María Alejandra Benavides. Al igual que dos exdirectivos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y de Desastres(UNGRD), Benavides aseguró que a finales del 2023 Bonilla buscó dirigir millones de pesos de esa entidad para canalizarlos a congresistas de la comisión de crédito público, incluyendo a Manzur y a Manrique. Se trataba, según las denuncias del exdirector de la UNGRD Olmedo López, de una forma de asegurar que avalarían los créditos que entonces pedía el Ejecutivo.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que investiga penalmente a los congresistas, ha indagado el asunto y ha iniciado un proceso. “Los investigados, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la UNGRD”, ha indicado públicamente.

Justamente, este mismo lunes los magistrados recibieron a Manrique en una indagatoria. La congresista, de quien López ha dicho que pidió un contrato que beneficiaría a los poderosos frentes araucanos de la guerrilla del ELN, guardó silencio. Manzur está citado este martes para esa misma audiencia, que es parte de una etapa inicial en la que la Corte recolecta pruebas y define si le imputa cargas a los parlamentarios.

Además de los trámites de créditos, la relación entre los congresistas indagados y el Gobierno es fundamental para el futuro de otras iniciativas legislativas. Especialmente para la ley de financiamiento, una reforma tributaria que ha presentado el Ejecutivo como vehículo necesario para financiar su presupuesto en 2025 e incluso evitar una cesación de pagos. Todos los miembros de la comisión de crédito son también parte de las comisiones terceras de cada cámara, que debe estudiar a partir de esta semana ese proyecto.

Con un Congreso escindido en decenas de bancadas, partidos en dificultades intestinas y falta de mayorías claras a favor o en contra del Gobierno, la relación entre Ejecutivo y Legislativo pasa en parte por negociaciones individuales con parlamentarios, como ha ocurrido en Colombia en las últimas décadas, tras el fin del bipartidismo que marcó el siglo XX. Eso ha dado un mayor espacio a transacciones interesadas que han producido escándalos como la llamado Yidispolítica, durante la Administración de Álvaro Uribe, o el de la ‘mermelada’ en el caso de Juan Manuel Santos.

Por eso, Alejandro Gaviria, el académico y político que se ha convertido en uno de los grandes críticos del Gobierno tras haber sido su primer ministro de Educación, ha extendido las críticas al sistema mismo. “Hay que eliminar la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Solo cumple una función, la función extorsiva por parte de congresistas”, ha argumentado en X, a la vez que ha señalado al Gobierno de tolerar y ver crecer el clientelismo. “Era la única forma de mantener la contradicción absurda de partidos de gobierno que hacen oposición programática y respaldan simultáneamente muchas iniciativas”.