Cientos de campesinos del cañón de Micay bloquean la Panamericana en rechazo a los proyectos del Gobierno en el sur del Cauca

Menos de dos meses después de que el gabinete colombiano aterrizara en El Plateado, el corazón del conflicto armado en el sur del Cauca, para anunciar la presencia del Estado en este territorio, las comunidades campesinas de la zona elevan su voz de protesta. A través de un comunicado público, 1.000 campesinos de Argelia y El Tambo, los dos municipios que concentran uno de los enclaves con más hectáreas de coca del mundo, le piden al Gobierno de Gustavo Petro que renuncie a construir una hidroeléctrica, que frene la operación militar para tomar el control de su región, y que desista de la idea de comprar la hoja de coca que se produce allí. “Continuaremos en nuestras acciones de movilización hasta que nuestras exigencias sean escuchadas y avancemos en la construcción colectiva de soluciones que garanticen la justicia social y ambiental”, dice el documento.

Las movilizaciones comenzaron en la noche del pasado miércoles 27 de noviembre, con la llegada de alrededor de 500 campesinos a la vía Panamericana, una de las más importantes del país. Lo hicieron lejos del cañón, en el municipio de Puerto Tejada, en el norte del Cauca y a más de 150 kilómetros de sus territorios. Duverney Galvis, líder de la Asociación Campesina Agrícola y Ambiental de Huisitó, una vereda de El Tambo, dice vía telefónica que ve como insuficientes las propuestas del Gobierno. “Hace un mes vinieron a decir que estaban con los pobladores, pero, aunque hemos pedido que nos escuchen, siguen adelante con unos proyectos que no vemos viables. Nos generan afectaciones ambientales al territorio y las intervenciones militares han dejado civiles desplazados”, dice. Se refiere a la zona conocida como el cañón del río Micay, que incluye a partes de los municipios de Argelia, El Tambo, López de Micay, Guapi y Timbiquí, en los que la economía cocalera es central.

Según el líder campesino, él y sus pares han pedido al Ejecutivo una reunión que no se ha dado, en contraste con las que se han hecho con pueblos indígenas de la región. Por eso, dice, se han movilizado para exigir el encuentro y explicar su rechazo a las ideas del Ejecutivo. “La propuesta de compra de hoja de coca fue muy peligrosa porque no tiene sustento. Es inviable que se comprometan con los campesinos a hacer eso, cuando el Gobierno no tiene el dinero suficiente para comprar las 12.600 hectáreas de coca que hay en esta región”.

También critican el anuncio del presidente de apoyar la construcción de la represa Arrieros del Micay, un proyecto planteado desde 1997 para la generación de energía. Aunque el Ministerio de Ambiente ha advertido sobre el impacto ecológico del proyecto, que ha estado congelado desde entonces, este Gobierno desempolvó la propuesta. En enero pasado, en una visita a López de Micay, Petro reconoció que la obra “tiene problemas con el ambientalismo”, pero defendió su construcción con el argumento de que es el único proyecto de embalse del Pacífico, que podría solucionar los problemas energéticos de la región. “La construcción de la represa es algo a lo que nos hemos opuesto por casi 30 años y sobre lo que exigimos que se consulte con las comunidades”, dice Galvis. El Gobierno ha reiterado que respetará la voluntad de los pobladores y que cumplirá con la ley de consulta previa, que aplica para pueblos indígenas y afrodescendientes, antes de avanzar.

El tercer gran reclamo que moviliza a los campesinos es la Operación Perseo, la estrategia militar para retomar el control en El Plateado, un territorio rural que ha sido una trinchera de grupos disidentes de las FARC. La orden de retomar el control a la fuerza proviene de la Casa de Nariño. “Consideré que era fundamental, dada la negativa del EM [Estado Mayor Central, una de las grandes sombrillas de grupos disidentes] de conciliar un proceso de sustitución de cultivos ilícitos y liberación de las poblaciones del Cañón del Micay”, dijo el presidente Petro en octubre pasado. Desde el Ministerio de Defensa dicen que el mandatario se refería a la estrategia de los disidentes de tomar control de las poblaciones a través de las amenazas, forzar desplazamientos e incluso “caminar por las calles con niños en los brazos”.

La orden de entrar a El Plateado no es marginal. En 2022, otra operación llevó al Ejército al casco urbano de Argelia, fuera del cañón. En octubre de 2023, justo antes de las elecciones regionales, el registrador Alexander Vega y el entonces comisionado de Paz Danilo Rueda se reunieron con jefes locales de la disidencia llamada Carlos Patiño para que posibilitaran llevar las urnas. Dos días después, el Ejército confirmó que había logrado llevar el material electoral hasta El Plateado. Todo ello reveló el grado de control que ejercían los disidentes.

Hasta ahora, la única autoridad que se ha pronunciado por la movilización campesina ha sido la Alcaldía de Popayán, que ha asegurado que garantiza el apoyo para las personas que participan de la movilización. “Planteamos que consideren la forma de encontrar un espacio de diálogo con el Gobierno Nacional cuanto antes, porque un cierre a la vía Panamericana sería un golpe muy duro para la economía del Cauca y el suroccidente del país”, se lee en el comunicado. Los campesinos, sin embargo, aseguran que su movilización será permanente en tanto no logren un espacio de negociación con ejecutivos del alto Gobierno, repitiendo un mecanismo de presión que han utilizado afros, indígenas y otros movimientos sociales por años.