El Congreso de Colombia aprueba el divorcio exprés

La Cámara de Representantes de Colombia aprobó en la noche del martes una nueva causal de divorcio: la voluntad de uno de los cónyuges de disolver el matrimonio. Ya no será necesario contar con el acuerdo de ambas partes, esperar dos años de separación de hecho o probar la culpa del demandado con alguna de las justificaciones tradicionales, como las relaciones extramatrimoniales, los tratos crueles o el consumo habitual de drogas. Con 89 votos a favor y 12 en contra, el divorcio exprés ahora solo necesita de la conciliación de textos con el Senado y la sanción presidencial.

Katherine Miranda, representante por Bogotá y autora del proyecto, comenta por teléfono que conseguir apoyos fue más fácil de lo esperado. Cuenta que ya había presentado la iniciativa en 2021 y que, en ese entonces, el hundimiento fue por falta de tiempo y no de votos. Dice que, en ambas ocasiones, los contraargumentos fueron más religiosos que jurídicos y tuvieron poca tracción. Interpreta que pesaron más los altos índices de violencia machista en Colombia —que se manifiesta también en largos procesos de divorcio—. “Como sociedad hemos avanzado muchísimo desde los noventa [cuando se aprobaron las otras nueve causales de divorcio]. Llamamos a las cosas por su nombre y, por ejemplo, aceptamos que hay homicidios que se producen por el solo hecho de ser mujer”, señala la política del centrista Partido Verde.

Sin embargo, durante la sesión final hubo algunos obstáculos. Se perdió más de media hora en evaluar las solicitudes de una decena de congresistas que querían declararse impedidos para votar: argumentaban que estaban casados o tenían familiares en esta situación, y que por eso tenían un conflicto de interés. Después, el representante conservador Luis Miguel López, uno de los legisladores con mayor carácter religioso católico, solicitó que se archivara el proyecto. “Quiero defender el matrimonio como institución, como el mayor bien de nuestra sociedad. (...) Lo que necesitamos es buscar cómo fortalecer la familia y lograr que haya menos divorcios”, dijo. Esa petición, que ocupó la mayor parte del debate, también fue rechazada con facilidad.

Uno de los argumentos principales de los promotores del proyecto, inspirado en leyes de Argentina y España, fue que la espera de dos años de separación es dañina para las mujeres. “El hombre cree que aún existe algún vínculo legal, aunque exista una separación de cuerpos. Se generan episodios de violencia y sufren los niños. Pero hay estudios en países como España que demuestran que los procesos de divorcio más simples reducen mucho el estrés emocional y ayudan a las personas y a sus hijos a rehacer sus vidas más rápido”, remarca Miranda. Los contradictores, por su parte, expusieron en el debate del martes su escepticismo respecto a que esta nueva causal permita reducir los femicidios o la violencia machista en general.

Otra parte del debate se enfocó en la libertad de elección. El liberal Octavio Cardona enfatizó que “no es serio” pretender obligar a las personas a seguir casadas cuando una de ellas ya no lo desea. “¿Con qué fundamento pueden obligar a alguien a quedarse donde no quiere? ¿Con qué fundamento pueden obligar a alguien a amar a quien ya no ama? El matrimonio es una institución que debe prevalecer sobre la base del deseo, las ganas, el gusto y el interés”, remarcó. Quienes se opusieron, en cambio, enfatizaron que los cónyuges “juran permanencia y estabilidad” cuando se casan. López aseguró que es “la decisión más importante de la vida” y criticó que se la vea como “desechable”. “Imagínense que ni siquiera los contratos comerciales se pueden terminar por la voluntad de una sola de las partes”, subrayó.

Los opositores al proyecto sostuvieron que un divorcio produce daños en las familias. “Siempre es un dolor para las parejas, para el hombre, para la mujer y para los hijos, que son los que más sufren”, aseguró López, quien agregó que estos daños afectan a toda la sociedad porque el matrimonio es “un bien común”. El ponente del proyecto, Julio César Triana (Cambio Radical), respondió que facilitar el divorcio no atenta contra la familia, sino que la protege porque preserva la salud mental de sus miembros. “No hay peor desgaste para los hijos de una familia que ver a sus padres enfrentados en un litigioso divorcio, donde uno acusa el otro y el otro, para defenderse, acusa al cónyuge de cosas que pueden no haber ocurrido”, dijo.

Un último punto de discusión fue el argumento de que es posible conciliar las diferencias y evitar los divorcios. El conservador Armando Zabaraín se refirió a sus propias experiencias: “Las personas casadas hace tantos años hemos tenido rabietas, discusiones, diferencias. Pero tener la oportunidad de dialogar, de conversar y de tomarnos un tiempo nos ha permitido mantener unidas a nuestras familias”. La liberal Piedad Correal le respondió que en ninguna parte del proyecto se establece que las partes ya no podrán tener intentos de conciliación antes de divorciarse. Según explicó, lo importante es que exista la opción de recurrir al siguiente paso cuando las diferencias son irreconciliables y no se quiere vivir “en una violencia permanente”.

Manutención y reparaciones

El texto aprobado establece que la parte interesada en divorciarse deberá presentar una propuesta que incluya aspectos como las obligaciones alimentarias y la liquidación de la sociedad conyugal. El demandado no podrá oponerse, a no ser que contraargumente que su cónyuge es culpable de alguna de otras seis causales específicas —hay tres excluidas—. Un juez, por su parte, evaluará la propuesta y determinará las medidas necesarias. Además, otro artículo del texto explicita que la nueva causal también implicará aportes de manutención cuando uno de los cónyuges “carezca de medios para la subsistencia, siempre y cuando no contraiga un nuevo vínculo matrimonial o una nueva unión marital de hecho”.

Miranda enfatiza que el divorcio exprés no excluye otras demandas que puedan hacerse por maltrato o violencia machista y que impliquen reparaciones. “Se mantienen tal cual todos los procesos de división del patrimonio, términos de cuidado de los niños, y la salvaguarda a la víctima en caso de violencia intrafamiliar”, comenta. Asimismo, la congresista señala que las diferencias con el texto aprobado por el Senado hace unos meses “son más de forma que de fondo”.