El futuro del superintendente Quiroga en el Gobierno de Petro depende de un pleito por la energía del Caribe

Dagoberto Quiroga, un viejo conocido y defensor de Gustavo Petro, exmilitante del M-19, dice que ya ha enviado dos veces su renuncia protocolaria como superintendente de Servicios Públicos directamente al WhatsApp personal del presidente. La primera vez fue en el primer año de Gobierno; la segunda, hace dos semanas. Asegura que esta carta se filtró esta semana a la prensa desde la Casa de Nariño porque “hay un complot con intereses económicos y políticos” para sacarlo del cargo. Sus palabras se han repetido en varios medios de comunicación, pues él ha estado hablando allí sobre las denuncias por supuestas interceptaciones que presuntamente hizo uno de sus exasesores, Jorge Luis Villamizar, a empresas de servicios públicos.

Sus líos con la Casa de Nariño comenzaron con la intervención de Air-e, la comercializadora de electricidad que opera en el Caribe colombiano y que sumaba deudas por 1,8 billones de pesos. La crisis financiera amenazaba con generar interrupciones en la prestación del servicio, en departamentos como Atlántico, Magdalena y La Guajira, y por esto la empresa estaba pidiendo durante meses la intervención gubernamental. En un audio, que reveló el diario El Tiempo este jueves, se escucha una conversación entre el superintendente Quiroga, su asesor Villamil y Tatiana Calderón (representante de Air-e), en la que se refieren a denuncias y procesos con otras empresas. Una de esas es Interaseo SAS ESP, una compañía liderada por el empresario William Vélez, conocido como el zar de las basuras, por llegar a acumular varios contratos de ese sector en Colombia durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

Según El Tiempo, la conversación fue grabada el 27 de junio en Cartagena, en el marco de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, casi tres meses antes de que el Gobierno anunciara la intervención a Air-e. En el audio se escucha que los tres hablan sobre supuestos flujos de dinero que se han movido en la comercializadora de energía, y de la preocupación por el pleito que tiene Air-e con la empresa de “don William”. Se referirían a un pleito de 2023 en el que Interaseo S.A.S., de William Vélez, denuncia ante la Fiscalía que Air-e le adeuda más de 200.000 millones de pesos de los servicios de aseo prestados a la empresa de energía. Air-e, por su lado, se defiende diciendo que la misma Fiscalía está también indagando posibles irregularidades en la empresa de Vélez.

En el audio filtrado, se escucha al superintendente Quiroga advertir que, por ahora, esas investigaciones son preliminares, y que si la Fiscalía llega a encontrar pruebas, se abriría un proceso formal. “Sino, se desecha y se archiva”, dice. Se refiere, después, a William Vélez, y menciona que tendrán que identificar si la denuncia es un problema que afecte a los ciudadanos. El audio, en pocas palabras, dejó la impresión de que la Superintendencia estuviera jugando a favor de Air-e y en contra de Vélez.

Tanto Quiroga como su exasesor Villamil han reconocido ante los medios que sí firmaron convenios de cooperación con entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) para avanzar en esta investigación y otras más que buscan develar supuestas irregularidades en desvíos de dineros en empresas de servicios públicos. Pero defienden que todo lo han hecho por las vías legales, y sin interceptaciones irregulares a las empresas.

Por ese pleito de 2023, la Superintendencia de Servicios Públicos citó a ambas empresas, en julio pasado, a una reunión para hacer seguimiento a sus obligaciones contractuales, y para entender las diferencias de valores que alegan. En el documento de citación, además, se dice que ese pleito podría significar “un riesgo en la calidad y continuidad de la prestación del servicio público de aseo, por falta de recursos necesarios para garantizar una operación adecuada”. Sin embargo, según El Tiempo, los representantes de la empresa de energía fueron los que no asistieron a la diligencia, y emitieron un comunicado en el que señalaba a la Superservicios de querer beneficiar al zar de las basuras, William Vélez. “Hemos denunciado ante las autoridades las acciones indebidas del superintendente de Servicios Públicos, quien ha gestionado obligaciones en favor del particular William Vélez. Por tal razón, recusamos al superintendente para toda actuación legal relacionada con Air-e”, escribieron.

En su defensa, el superintendente Quiroga ha dicho que su renuncia protocolaria no está relacionada con esas reuniones ni con el audio filtrado. Y ha explicado que, lejos de querer beneficiar a alguna de las empresas, quería ser una especie de mediador en el pleito que, según él, podría terminar afectando la prestación del servicio de energía en la costa Caribe. El presidente Petro, de hecho, tampoco ha confirmado públicamente si acepta o no la renuncia. Sin embargo, desde Casa de Nariño le confirmaron a EL PAÍS que el mandatario le pidió a personas de su círculo cercano reunir información para confirmar la denuncia ligada al audio. Es decir, él mismo quiere saber qué tan cierto es que Quiroga jugó a favor de una de las empresas.

El viejo lío de la energía en el Caribe

Julián López Murcia, director de Nalanda Analytica y experto en regulación de servicios públicos, habló con este diario sobre la raíz del problema de energía en los siete departamentos del Caribe colombiano y explicó que el problema en las alzas de las tarifas tiene varias aristas. “Lo primero es que, por ser zonas del país muy calurosas, se consume mucha más energía, y el consumo es mucho mayor que en otros lugares calurosos como Barrancabermeja. Segundo, la infraestructura energética en el mar se deteriora mucho más rápido y, además, es una de las zonas donde menos se hizo inversión en el sector; y tercero, la gente se roba o piratea mucho el servicio allá”, señala.

Sin embargo, aunque López defiende la intervención que hizo el Gobierno sobre la empresa Air-e, porque asegura que podía estar en riesgo la prestación del servicio, menciona que “no es claro que esta Superintendencia actual tenga el nivel técnico para manejar un tema como estos (...). Las intervenciones son complejas porque, si se hacen tarde, se pone en riesgo la prestación del servicio, y, si se hacen temprano, los accionistas dicen que es injustificada”. Lo compara, por ejemplo, con el caso de Electricaribe, en 2016, la compañía encargada de prestar el servicio en este sector del país y a la que Air-e reemplazó desde 2020. Advierte que Air-e no tiene la misma solidez patrimonial para afrontar una crisis y unas deudas como las que hay en esta región.

Es enfático en decir que el Gobierno ha intentado traspasar unas líneas rojas sobre la regulación de las tarifas de energía. “El presidente ha tratado de apropiarse de la regulación de las tarifas, y eso es algo que no le compete al Ejecutivo”, dice sobre las intervenciones del presidente a la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Ya que no le compete esto al Ejecutivo, la única iniciativa legislativa que recientemente pretendía sentar un marco legal y político era el proyecto de ley de tarifas justas, presentado por Catherine Juvinao (Alianza Verde), que buscaba aliviar la carga económica sobre las facturas del servicio a usuarios de más bajos recursos. En la legislatura pasada, la iniciativa se hundió por falta de consenso y, entre otras cosas, porque empresas como Air-e y Afinia ―del Grupo EPM― expresaron su preocupación por considerar que esta iniciativa podía agravar la crisis financiera.

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