El Consejo Nacional Electoral investiga la campaña de Petro a paso de tortuga

“El Consejo Nacional Electoral, con mayoría política de quienes derrotamos en las elecciones, hará un juzgamiento del presidente”, ha escrito el mandatario colombiano Gustavo Petro en su popular cuenta de X. “Permitir el desafuero constitucional es iniciar un golpe de Estado”, ha señalado sobre esa posibilidad. Y este sábado, en un discurso en la asamblea política de miles de miembros de sus bases políticas que preparan marchas a su favor para el jueves, entregó la receta para enfrentarlo: “Si ellos desatan el golpe de Estado, que no es con soldados, no es con generales, como con Pinochet, es con corbatas que lo van a desatar, con decisiones ilegítimas, al golpe de Estado se le responde popularmente con una revolución”. En contraste con ese sentido de urgencia con el que el presidente ha galvanizado a sus seguidores para volver a las calles, la entidad a la que el mandatario señala de estar desatando un “golpe blando” en su contra tarda en tomar decisiones, enfrentada a polémicas políticas y debates jurídicos.

Este lunes, cuando medios y observadores se preparaban para la decisión que el presidente ha equiparado con el golpe de Estado —la de formularle cargos personalmente por la posible violación del monto máximo que puede gastar una campaña a la Presidencia—, el CNE optó por no decidir. La tensión estaba al tope, hasta el punto de que la presidenta del organismo y antigua senadora, Maritza Martínez, había pedido a la Policía un dispositivo especial de seguridad en su sede. Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, la decisión se retrasó por una medida perfectamente legal, pero que se usa en ocasiones como un mecanismo de dilatación: uno de los miembros pidió revisar a fondo el expediente en su despacho, lo que se conoce como rotación. Mientras lo hace, el CNE no puede tomar decisión alguna.

Esa posibilidad y ese manejo reflejan las particularidades del Consejo. La más notoria es que se trata de un organismo administrativo e independiente que a la vez se presenta como un tribunal (aplica procedimientos judiciales, sus miembros se denominan “magistrados”) y tiene una composición directamente política: los nueve miembros son elegidos en el Legislativo como representantes de las bancadas. En sus composiciones pasadas, y también en los miembros actuales elegidos en 2022, hay varios excongresistas. Y sus decisiones, atravesadas por esa representatividad política, pueden ser luego llevadas a los magistrados del Consejo de Estado, esa sí una alta corte de la Rama Judicial.

El presidente tiene clara esa particularidad, y la ha usado para criticar a los dos magistrados del CNE que han propuesto a sus compañeros formularle pliego de cargos. Lo hizo este sábado, en el discurso ante la llamada Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad de Colombia: “Chambones, vuelvo a repetir. [Álvaro Hernán] Prada ya había demostrado su chambonería siendo representante a la Cámara [lo fue por el derechista y opositor Centro Democrático]. Por eso está sindicado por la justicia, esa sí, penal, de Colombia [está inmerso en el escándalo por presuntos falsos testigos que tiene contra las cuerdas al jefe de su partido, el expresidente Álvaro Uribe]. Y entonces con esa jerigonza ahí puesta por el comisionado de la CNE, porque ellos no son magistrados, ellos no son jueces, ellos no son poder judicial; ellos son un simple poder administrativo de las elecciones… entonces con eso, Benjamín [Ortiz, elegido por el Partido Liberal], que es amigo de Alex Vega [el anterior registrador nacional] (...) se vuelve ponente, para ver si tumba al presidente. Esos son los dos ponentes, imagínense para dónde vamos”.

Pero el presidente ha callado que esa naturaleza política, y ese procedimiento judicial, también puede jugar a su favor. La coalición por la que fue elegido, el Pacto Histórico, también tiene representación en el CNE a través de Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez. Velásquez, cercana a Petro, fue quien pidió la rotación del expediente este lunes, logrando así que se ganara tiempo. Un tiempo que es fundamental para que el CNE pueda tomar una decisión a tiempo (el plazo acaba en junio de 2025, tres años después de las votaciones) y para que se decanten las fuerzas política detrás de los restantes magistrados. Si bien a Prada y Ortiz se les sumarían sin dudas los excongresistas César Lorduy, del opositor Cambio Radical, y Martínez, la presidenta que pidió apoyo de la Policía, con ello solo sumarían cuatro votos. Pero las decisiones en el CNE exigen una mayoría especial de seis votos.

Los restantes son Cristian Quiroz, elegido por una dividida Alianza Verde; el conservador Alfonso Campo, que representa un partido que oscila entre el gobiernismo y la oposición; y el liberal Altus Baquero, quien perdió su cargo por una decisión del Consejo de Estado y está en trance de regresar gracias a una sentencia posterior de la Corte Constitucional. De hecho, la definición de la presencia de Baquero en la plenaria puede inclinar los resultados, aunque su postura es incierta.

A esos pormenores y debates políticos, se suman los jurídicos. Al inicio del procedimiento, gobiernistas y opositores buscaron que los magistrados de la orilla contraria tuvieran que salir del camino mediante recusaciones que finalmente no prosperaron pero retrasaron el procedimiento. Luego, el CNE ya suspendió por meses su votación, a la espera de que el Consejo de Estado definiera si podía investigar al presidente, como creen los ponentes, o no, como alega Petro. El reinicio del proceso se dio amparado en una decisión favorable de esa Corte, pero el defensor del mandatario, Héctor Carvajal, anunció este lunes que pidió que se anulara esa decisión. Y el propio CNE reveló que, en la fallida sesión del lunes, hubo otra recusación que pidió corregir. Esos debates jurídicos, como el de Baquero, prometen enredar y demorar más una decisión para la que se va agotando el tiempo, pues aún falta el procedimiento de pedir pruebas de lado y lado, debatirlas, y concluir.

Mientras el CNE se mueve al ritmo paquidérmico de la burocracia, el presidente convoca a una movilización popular urgente a su favor y en contra de los políticos, las mafias, los oligarcas. “Estamos hablando es de la resurrección de un gigante de verdad, el pueblo de Colombia, vuelto multitudes permanentes, demandando y exigiendo la democracia, no sé si estaré vivo, ojalá, en ese momento (...) Esto no se dirimirá con armas, será pacífico, pero contundente: las corbatas y la mafia de un lado, y el pueblo colombiano todo del otro. Así será”, dijo el sábado. Pero quizás donde se defina el futuro sea en el terreno, tanto más usual en Colombia, de los estrados y los incisos.

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