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La crisis de medicamentos tensiona la nueva reforma a la salud del Gobierno

El superintendente ha hecho inspecciones sorpresa a las empresas distribuidoras de medicinas, señaladas por él de hacer mal su trabajo, al tiempo que el gobierno intenta una actitud conciliadora con las EPS para presentar de urgencia la reforma a la salud

Luis Carlos Leal superintendente durante una inspección sorpresa en una Empresa Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de Pasto. El 28 de agosto 2024.
Luis Carlos Leal superintendente durante una inspección sorpresa en una Empresa Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de Pasto. El 28 de agosto 2024.LuisCarlosLeal
Camila Osorio

El video arranca con una música como aquella que acompaña a los superhéroes de Marvel al enfrentar su peor batalla. Pero el protagonista no es un superhéroe sino el superintendente de salud de Colombia, Luis Carlos Leal. “Ustedes no entregan la fórmula completa, eso no puede pasar”. Ese reclamo a una empleada da inicio al video que compartió en su cuenta de X. Leal está haciendo una inspección sorpresa, en su natal Bucaramanga, a una sede de Audifarma, una de varias empresas privadas que distribuyen medicamentos cubiertos por el sistema de salud público. Leal le pregunta a un grupo de mujeres cuántas horas llevan esperando por sus drogas, acusa a los empleados de entregar medicinas incompletas a los ciudadanos, le asegura a una paciente que sí hay pañales aunque los funcionarios le hayan dicho que no los hay. Un superhéroe de la salud. “Gracias por su bonita labor”, le agradece una mujer al final del video.

Leal ha anunciado que seguirá haciendo este tipo de inspecciones sorpresa, que graba, a las distribuidoras de medicamentos. Son intervenciones que, más que un cambio en política pública, tienen un mensaje político claro: si los enfermos no están recibiendo sus medicamentos, no es porque haya un desabastecimiento de medicamentos en el país ni porque el Gobierno haya intervenido tres de las grandes Empresas Promotoras de Salud (EPS) que deben pagar a los distribuidores de medicinas, ni porque el Estado no reconozca a estas EPS un precio justo por asegurar a cada usuario (lo que se llama el UPC). Nada de eso. Sería más bien, señala el superintendente, por un mal manejo de las empresas privadas encargadas de la distribución de medicamentos. Así lo expresó también en X el presidente Gustavo Petro, quien designó a Leal para supervisar a las entidades de salud, al compartir el video.

“Esconder los medicamentos es un crimen”, dijo el presidente. “El incremento de tutelas tiene que ver con la tardanza en la entrega de medicamentos y resulta que no se debe a escasez en el mercado sino a una política deliberada de empresas de salud para provocar antipatías y especular con los precios”. Un tono que raya con el esfuerzo conciliador que ha reivindicado el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con el sector privado en la antesala de la presentación de un nuevo texto de la polémica reforma a la salud ante el Legislativo. Es justo ese sector privado de la salud el que, según muestran los mensajes del presidente y el superintendente, el Gobierno busca pero sigue viendo con suspicacia.

Las tutelas a las que se refiere Petro son una poderosa herramienta jurídica que tienen los ciudadanos colombianos para demandar al Estado si se les vulnera un derecho fundamental, como el servicio de salud. Así Vamos en Salud, un observatorio, dijo la semana pasada que, durante los primeros cuatro meses del 2024, las tutelas interpuestas para acceder a servicios de salud aumentaron en un 42,25%. Y, más grave aún, de esas las que buscan obtener medicamentos crecieron el 77,5%.

Audifarma se ha defendido de los señalamientos del superintendente en el video. “No existe ni ha existido ninguna estrategia para restringir la entrega de los medicamentos”, ha expresado la empresa en un comunicado. Argumenta que entrega el 94% de los medicamentos que les solicitan diariamente, y que el problema: “la escasez de recursos en general”.

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Los distribuidores de medicamentos cobran por cada medicina a las EPS, y estas últimas han denunciado desde el año pasado que el Estado no les ha girado suficientes recursos para garantizar los servicios. Están operando en déficit. Argumentan que el monto que les paga el Gobierno al año por cada usuario, el UPC, está muy por debajo de lo que dicen que necesitan. Pero sobre todo faltan recursos, dicen, para pagar los medicamentos que no están incluidos en el plan de beneficios. Para ellos está dispuesta otra bolsa de recursos, llamados ‘presupuestos máximos’.

“Desde el mes de junio las EPS no reciben esos recursos”, explica Ana María Vesga en Blu Radio, la presidenta de la asociación de EPS, Acemi. “El sistema tiene cerca de 2 billones de pesos menos para cubrir el pago de medicamentos” para pacientes de alto costo o de enfermedades raras, conocidas como huérfanas. Sumado al déficit por la UPC, dice Vesga, crea un déficit que puede llegar a 5 billones de pesos, más de 1.200 millones de dólares.

“Me cuesta trabajo creerlo”, dice sobre la posibilidad de que Audifarma no quisiera entregar medicamentos que tiene en el inventario y han sido debidamente ordenados por un médico. Acemi ha argumentado que la crisis también está ligada a una escasez de medicamentos, un argumento con el que no están de acuerdo el Gobierno ni tampoco la ANDI, el gremio sombrilla del sector privado, que en mayo argumentó que se estaba sobredimensionado una carencia de pocos compuestos.

El video del superintendente contrasta con la política de buscar un acuerdo nacional mediante pactos con opositores y privados, posición que ha defendido el presidente en los últimos meses. Esa apertura, por lo menos en el tono, se ha querido cambiar también frente a las empresas de salud. Desde que la reforma a la salud del Gobierno, que eliminaba las EPS en la práctica, se hundiera en el Congreso, el Ejecutivo trabaja en una nueva propuesta. El ministro Jaramillo lidera un borrador con menos artículos que, ha dicho, espera que sean concertados con varias de estas empresas. Esta semana dijo a los medios que pronto se presentará el proyecto, y que ha sido concertado. “Cada una de las representantes tanto de Acemi como Gestarsalud, que representan tanto el régimen contributivo como al régimen subsidiado, aprobaron un trabajo muy dispendioso y muy comprometedor”, dijo a los medios. Más de 100 horas de trabajo en el ministerio, y cuatro reuniones en presidencia, les permitieron llegar a acuerdos. Pero Mario Fernando Cruz, vicepresidente técnico de Acemi, discrepa. “En Acemi no conocemos el contenido de la reforma que será presentada en el Congreso de la República por parte del Gobierno Nacional”, dijo.

El Gobierno dice que el tiempo es corto, que en breve presentaran el texto de reforma, este viernes o los primeros días de la próxima semana. Pese a los esfuerzos del ministro del Interior por hablar con las diferentes bancadas, o al acuerdo entre de esta semana entre Petro y los banqueros, el clima con el sector privado de la salud no parece estar muy amable. La previa tiene un tono de película de acción, en la que los superhéroes buscan derrotar a los enemigos.

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Sobre la firma

Camila Osorio
Corresponsal de cultura en EL PAÍS América y escribe desde Bogotá. Ha trabajado en el diario 'La Silla Vacía' (Bogotá) y la revista 'The New Yorker', y ha sido freelancer en Colombia, Sudáfrica y Estados Unidos.
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