La reforma pensional del Gobierno de Petro se enfrenta a las minorías

La reforma pensional, el más adelantado de los proyectos del Gobierno de Gustavo Petro para reformular el sistema de seguridad social colombiano, enfrenta otro escollo. Fue aprobada en el Senado gracias a que incluyó un esquema de jubilación temprana para campesinos, afros e indígenas. Al iniciar su trámite en la comisión séptima de la Cámara, que aprobó un primer grupo de artículos este martes, está sobre la mesa eliminar ese sistema, que fue un compromiso in extremis con el senador indígena Richard Fuenlantala. También está en juego la reducción de las semanas de aportes requeridas por las mujeres que sean madres. Además, una bancada opositora ha señalado que se violaron sus derechos, como minoría política, al darle poco tiempo para presentar su ponencia. Esta nueva etapa de la discusión de la reforma que tiene más cerca al Gobierno de una victoria legislativa ―y al país de un cambio sustancial― se inicia marcada por las críticas por la forma en la que resuelve la situación de varias minorías.

Alexandra Vásquez, del oficialista Pacto Histórico, salió en defensa de la ponencia revelada el viernes y que cuenta con el apoyo del Gobierno nacional. Aclaró que, para prepararla se debatieron los asuntos de género y etnia. “Se incluyó ese enfoque que la reforma no tenía, un enfoque diferencial”, explicó en su intervención, recordando las discusiones internas entre los representantes ponentes que firmaron el texto propuesto. Sin embargo, esa ponencia ha reducido algunos avances para los grupos étnicos y las mujeres, beneficios que en todo caso han sido criticados por la oposición por su costo.

Uno ha pasado inadvertido hasta ahora. Entre los 37 artículos aprobados este martes por una amplia mayoría ―17 de los 21 miembros de la comisión― está uno que en principio suena positivo, pues se titula Beneficio de semanas para mujeres con hijos. El artículo salió del Senado con el mismo nombre, pero con una diferencia de marca mayor. La comisión de la Cámara aceptó “disminuir en cincuenta semanas por cada hijo(a) nacido (a) vivo(a) o adoptivo(a) el número de semanas requeridas, hasta llegar a un mínimo de 1.000 semanas por un máximo de tres (3) hijos(as)”. En el Senado ese mínimo eran 850 semanas. Es decir: la comisión convirtió el beneficio en un saludo a la bandera, ya que llevó el mínimo a las mismas 1.000 semanas que debe aportar cualquier mujer para pensionarse a partir de 2035.

El segundo, en cambio, ha retumbado gracias al senador Fuenlantala. La ponencia eliminó un artículo que improvisó la plenaria del Senado el 23 de abril, cuando la reforma dependía del voto del congresista elegido por la circunscripción indígena, que exigió un tratamiento preferente para campesinos, indígenas, afros, palenqueros, raizales y rrom. La norma, que aprobó el Senado, era que cualquier regla que exigiera años (como la edad mínima de pensión) o semanas (como el requisito de tiempo de aportes al sistema, para tener la jubilación), se ajustaran a la baja en proporción a la menor esperanza de vida que tienen esas poblaciones frente al promedio nacional.

La coordinadora de los ponentes, la representante verde por el Tolima Martha Alfonso, ha explicado que decidieron eliminarlo al entender que era inconstitucional porque no tuvo el aval fiscal del Gobierno, un requisito para todas las normas que creen nuevos gastos recurrentes, y porque la Constitución prohíbe crear regímenes especiales para pensiones. Por su parte, el senador Fuenlantala ha afirmado que esa decisión es una “traición” del Gobierno al acuerdo que salvó la reforma y que lo que buscaba el artículo era crear una igualdad real, material, entre esas minorías y el resto de los colombianos.

A esos dos choques del texto propuesto con dos grupos minoritarios se ha sumado otro relativo al procedimiento. “Acá se están rompiendo las reglas de las minorías”, dijo el representante Jairo Cristo, del opositor Cambio Radical, en la sesión de la comisión este martes. Cristo propuso archivar el proyecto, pero solo lo acompañaron su copartidaria Betsy Pérez y los uribistas Juan Felipe Corzo y Andrés Forero. Un día antes, Pérez y Corzo habían presentado una acción de tutela, que firmó también una procuradora delegada, en la que argumentan que sus derechos como minoría política fueron desconocidos. El jueves anterior solicitaron una prórroga para presentar su ponencia contraria a la reforma y la presidenta de la comisión, la liberal gobiernista María Eugenia Lopera, la negó, en lo que argumentan que fue una decisión arbitraria. La juez encargada, la 21 civil del circuito de Bogotá, admitió el martes la acción y ahora debe definir si Lopera violó los derechos de sus dos compañeros como opositores.

La reforma, en todo caso, empezó con paso firma su trámite por la comisión. Este miércoles está previsto que se reanude la discusión, con 58 artículos pendientes, todos ellos con por lo menos una propuesta para modificarlos o eliminarlos.

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