Prisa Media exige al ministro de Defensa que intervenga ante los infundios del general Mejía contra La W y sus periodistas

Prisa Media América ha enviado una carta al ministro de Defensa, Iván Velásquez, en la que le exige que intervenga para que Federico Mejía, general y comandante del Comando Específico del Cauca, rectifique sus señalamientos contra W Radio y sus periodistas, y emita una disculpa pública. Mejía, en un documento, ha acusado calumniosamente a esa cadena radial de recibir “sobornos” y”dádivas” de otro oficial del ejército, el general en retiro Jhon Jairo Rojas, para hacerle buena prensa. Mejía, sin aportar pruebas, también ha señalado a Rojas de vínculos con grupos armados.

Las injurias de Mejía contra los periodistas de la cadena radial de propiedad de PRISA Media, conglomerado periodístico al que pertenece W Radio y sociedad editora de EL PAÍS, quedaron plasmadas en el informe que el general envió a la Fiscalía General de la Nación con sus acusaciones contra Rojas. En él incluye la siguiente frase: “El término ‘General de la Paz’ nace de la manipulación de medios (La W Radio) donde a través de dádivas y demás elementos, le permiten generar propósitos personales”.

Ante este ataque a los periodistas de La W, Prisa Media remitió un escrito al ministro Velásquez en el que señala que esas afirmaciones han producido “profunda consternación y preocupación”. “Estas acusaciones infundadas y calumniosas constituyen una clara violación de la libertad de expresión y afectan el buen nombre de los comunicadores de esta casa periodística, que día a día se esfuerzan por informar con veracidad y objetividad”, indica la misiva.

Prisa Media, en esta línea de defensa de la libertad de prensa, pide el resarcimiento de los daños causados por la calumnia y “exige al general Mejía presentar las pruebas que sustenten sus afirmaciones o proceder de inmediato a presentar una rectificación y disculpa pública, reservándonos el derecho a presentar acciones judiciales para proteger los derechos del medio de comunicación y sus colaboradores”.

W Radio conoció el documento como parte de su cobertura de las acusaciones de varios generales contra Rojas. El director de la emisora, Julio Sánchez Cristo, ha respondido al aire: “No conozco al general Rojas, no lo he visto en mi vida, pero sí he conversado con él aquí en La W y si hablamos del ‘General de la Paz’ fue por unas actividades cívicas que él adelantó con la comunidad”, explicó. “Si usted tiene cómo probar que el general Rojas nos dio alguna dádiva a cambio de llamarlo ‘El General de la Paz’, me retiro de este programa”, contestó a Mejía. Y le pidió hacer lo mismo, renunciar, si no tiene pruebas de sus infundios.

El general ha respondido que nunca acusó a W Radio en su informe, que nunca envió su informe directamente a la Fiscalía, y que el documento que conoció la emisora es apócrifo o fue alterado. Sin embargo, se ha negado a revelar el que dice ser el documento original, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha negado que haya alteraciones. Velásquez hasta ahora no ha respondido a la carta de PRISA Media.

Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), explica a EL PAÍS que están investigando el caso. En aras de tener la información más completa posible, cuenta que han pedido a Mejía, vía derecho de petición, el informe que dice haber presentado. “Es necesario que el general Mejía explique con suficiencia de qué se trata el documento que se ha conocido. No basta una reacción diciendo que ha sido modificado, sin más explicaciones. Se requiere también una respuesta institucional, desde la cabeza del Ministerio de Defensa”, aclara. “Lanzar una acusación de este tipo ante la Fiscalía, sin aportar más pruebas, es muy grave. Mucho más cuando la emite un funcionario público con un cargo jerárquico muy alto en las Fuerzas Militares”.

La situación ya ha producido manifestaciones de apoyo a W Radio. El Espectador le dedicó su editorial de este sábado, titulado “Otro intento inaceptable de estigmatizar el periodismo”. El diario bogotano subraya la gravedad de lo ocurrido. “Se trata de un intento por desacreditar a periodistas en libre ejercicio de sus funciones”, explica. “Tanto el Ministerio de Defensa como el Ejército Nacional deben explicarles al país y a W Radio qué fue lo que ocurrió (...) Lo que está en juego son derechos fundamentales en un país donde cualquier tipo de abuso o estigmatización no pueden tolerarse. Acusar a periodistas de venderse, que se ha vuelto deporte popular desde el anonimato de las redes sociales, viniendo de un representante del Estado constituye una grave afrenta a la esencia de su legitimidad democrática.”

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