Acusaciones inflacionarias

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Hay pocas cosas en las que todos los colombianos están de acuerdo, pero en los últimos años una frase se ha podido oír en todo el país, sin ningún tipo de discriminación: “Todo está muy caro”. Pero hast...

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Muy buenas tardes, lectores.

Hay pocas cosas en las que todos los colombianos están de acuerdo, pero en los últimos años una frase se ha podido oír en todo el país, sin ningún tipo de discriminación: “Todo está muy caro”. Pero hasta ahí llega el consenso. A la pregunta de por qué, las respuestas, que en la mayoría de casos son más bien acusaciones, varían. Y este pasado lunes se publicó un informe que ha dado mucho de que hablar.

En una de sus Notas Macroeconómicas el Ministerio de Hacienda sostiene que hay una relación entre un mayor poder de mercado de las empresas, que se traduce en mayores ganancias para el sector empresarial, y el aumento en el costo de vida. Rápidamente, le llovieron críticas al Ministerio y al Gobierno por el informe, tildado por algunos como sesgado ideológicamente e incompleto metodológicamente, al no tener en cuenta otras variables como el aumento de precio de combustibles o los problemas en las cadenas de suministros.

En Twitter ―como siempre, escenario predilecto de los debates políticos del país― uno de los intercambios más directos fue el del presidente Petro con el exministro de Defensa y ex gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Gabriel Silva Luján, que trinó: “Es inaudito que el MinHacienda se preste para que, arropado en un pobrísimo análisis técnico, se culpe de la inflación a las utilidades del sector privado. Es usar la tecnocracia oficial para alimentar la ideología anti-empresa. Hágame el bendito favor… La inflación se nutrió de los altos precios de los servicios públicos, la escasez de alimentos, de la tasa de cambio disparada por la incertidumbre que es Petro, por el exceso de gasto de Duque, por la ruptura de las cadenas de suministro, por el consumo represado de la pandemia”. A lo que el presidente contestó, sencillamente: “Como en todo el mundo, la inflación actual, mundial y nacional no tiene como fuente el costo salarial, sino el ánimo de incremento de utilidades”.

Adentrarnos en el fondo técnico del debate es una tarea para la cual yo no estoy cualificado y que no cabe en este espacio. Sin embargo, sí podemos ver algunos puntos que demuestran una cierta mezquindad en los argumentos ―o acusaciones― y también una corta memoria que desprende un cinismo importante.

Por un lado, está un punto replicado por Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, que señala que el informe se basa en una metodología contable de “descomposición del deflactor del PIB” y no en el tradicional Índice de Precios de Consumo (IPC), la medida tradicional de la inflación. Esta metodología, utilizada por el FMI en estudios propios pasados, aunque todavía algo disputada, está diseñada para mostrar cómo la inflación impacta o se canaliza en los beneficios empresariales, los precios de importación y los salarios.

Sin embargo, señalan los críticos del informe, la metodología no mira la causalidad de la inflación. En otras palabras, se admite que la alta inflación reciente ha significado unas ganancias extraordinarias para las empresas, en particular en algunos sectores específicos, pero no necesariamente que las ganancias, también derivadas de aumentos de precios en la cadena de suministros y de producción, hayan generado la inflación. Aun así, la cuestión que más divide es la recomendación de que para contrarrestar los efectos negativos de los ingresos extraordinarios se implementen unos impuestos específicos a esas ganancias extraordinarias.

Estos llamados “windfall taxes” han sido recomendados por el FMI precisamente para aliviar el impacto de la inflación sobre la población. Un buen ejemplo de ellos son los que el gobierno español aplicó a las empresas energéticas y los bancos, lo cual permitió ampliar ayudas sociales para alquileres, servicios o el transporte público. Y si bien en España la inflación bajó más rápidamente que en otros países similares que no aplicaron estos impuestos, es difícil atribuir esto a la medida fiscal; en Reino Unido, por ejemplo, también se aplicaron los impuestos extraordinarios y la inflación no disminuyó de la misma manera, y en Colombia incluso, unos impuestos especiales a la banca y al sector minero, tampoco amainaron la inflación.

Al final, cada lado, el sector privado y los economistas más ortodoxos por uno, y el Gobierno por el otro, parece más preocupado por buscar culpables que soluciones. Pero quedan retratados. A los empresarios y sus voces afines se les olvida que hace poco más de un año culpaban a la incertidumbre creada por el Gobierno Petro como causa principal de la inflación, pese a que el aumento de precios también era consecuencia de factores externos derivados de la pandemia y de la invasión rusa a Ucrania. Ahora que los roles se han invertido y se les acusa a ellos de causar la invasión, rápidamente afirman que en realidad el aumento de precios también es consecuencia de factores externos.

Por otro lado, el Gobierno parece querer engañar un poco al trazar una causalidad con una metodología que no lo hace, y también incurre en la misma amnesia selectiva cuando no menciona que, por ejemplo, el aumento del precio de la gasolina, de casi un 50% en el último año, aunque absolutamente necesario desde un punto de vista fiscal, ha tenido un impacto muy importante en el aumento generalizado de precios. Ambos lados le harían bien al país si dejaran de acusarse y, en cambio, buscaran una solución conjunta al problema, aunque muchas de las causas inflacionarias estén fuera de su control.

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