Colombia enfría la intención de Ecuador de repatriar a 1.500 prisioneros

La respuesta del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, al ofrecimiento de ayuda de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, por la grave situación de violencia que atraviesa el país causó revuelo en el Gobierno. “Colombia dijo que nos querían ayudar. Perfecto, ya les mandamos 1.500 presos que estamos manteniendo en cárceles ecuatorianas”, manifestó Noboa en un canal local. Tras la declaración, el ministro de Justicia colombiano, Néstor Osuna, respondió y señaló que Colombia debe estudiar caso por caso y establecer si esa sería la voluntad de cada uno de los reclusos.

El anuncio del primer mandatario ecuatoriano trajo consigo una seguidilla de pronunciamientos del Gabinete, incluso del mismo Petro, quien en una rueda de prensa se refirió a la crisis en Ecuador que, a su juicio, tiene una estrecha relación con “una política de drogas equivocada”. “Entre más prohibición, más rentabilidad de lo ilícito y más poder mortífero de las bandas”, añadió. Sin embargo, de acuerdo con varias entrevistas que ha ofrecido el ministro Osuna, la posibilidad de que miles de colombianos privados de la libertad en Ecuador retornen a Colombia, se venía dialogando días antes de que el país declarara el estado de excepción el lunes pasado. El jefe de la cartera de Justicia sostuvo que, desde la semana pasada, la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador había hecho llegar una comunicación con esa solicitud y él había hablado vía telefónica con ella el fin de semana.

Daniel Gutiérrez, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), también se pronunció sobre el tema y expuso la grave crisis humanitaria que se vive en las cárceles en Colombia, un panorama que empeoraría con la propuesta del mandatario ecuatoriano. El funcionario indicó que en 2023 se registró un aumento del hacinamiento carcelario, alcanzando un 24,5%. El problema es de tal magnitud que muchas personas privadas de la libertad han tenido que ser recluidas en estaciones de policía ordinarias o unidades de reacción inmediata (URI), espacios que no están destinados para detenciones largas y en las que hay un hacinamiento de alrededor del 130%. “Si usted me pregunta si en la cárcel de Ipiales, Nariño, (departamento fronterizo con Ecuador) hay 1.500 cupos, por supuesto que no. Si hay una expulsión, miraremos si las personas deben ser capturadas y pasar a disposición de un juez”, apuntó Osuna.

Ecuador también tiene las cárceles saturadas, causando, entre otras cosas, un notable poder de las mafias desde dentro de las prisiones, lo que ha puesto en jaque a ese país. Solo en los dos penales ubicados en Guayaquil, hay al menos 10.000 presos, lo que suma la cuarta parte de la población penitenciaria de todo el territorio. Muchas de esas bandas y sus líderes, según el Ejército, tienen alianzas con grupos criminales en Colombia, como los Comandos de la Frontera. De hecho, en 2013, el entonces jefe de la banda Los Choneros —considerada una de las más poderosas — fue capturado en Bogotá, tras escaparse de un centro reclusorio en Ecuador.

Iván Velásquez, el ministro de Defensa colombiano, anunció este miércoles en una rueda de prensa que se dio la orden de reforzar la seguridad en Ipiales, Mataje, Chiles y Carlosama, cuatro zonas fronterizas con Ecuador, esto con el fin de evitar que algunos de los jefes criminales que se han fugado estas semanas de las penitenciarias de la nación vecina ingresen al país.

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