Dos meses de retraso en el nombramiento de Germán Velásquez en la dirección del Invima lo arrastran a rechazar el cargo

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) cumple casi año y medio sin director en propiedad. La administración de Gustavo Petro ha designado a la cabeza de la agencia sanitaria a cuatro responsables de forma temporal en lo que lleva de mandato. Y justo cuando el asunto se creía zanjado con la llegada del filósofo y economista de la salud Germán Velásquez, el experimentado funcionario manizaleño ha enviado el viernes 5 de enero una carta al Ejecutivo en la que declina el nombramiento. Lo hace tras dos meses de espera sin recibir noticia sobre la formalización del decreto para su designación.

La noticia del fichaje de Velásquez se anunció a finales de octubre del año pasado. Se trataba de un perfil de lujo para una agencia golpeada por la escasez relativa de algunos medicamentos y el atasco en la expedición de licencias para otros tantos. Velásquez, que a sus 75 años había pasado por lo más alto en la escala de la Organización Mundial de la Salud (OMS), deja claro en su misiva que “una situación imprevista urgente y el contexto internacional actual” han trastocado sus planes. Entre líneas señaló que la paciencia se había agotado entre su anunciada designación en la cuenta de X del presidente y la llegada de 2024.

“No se trata evidentemente de un rechazo”, anota Velásquez, “a un puesto en el que nunca fui confirmado. Solo me permito comunicar que, por las razones expuestas y por la manera en que el Gobierno ha manejado el anuncio del presidente, ya no estoy disponible”. Las razones para la tardanza oficial presuntamente están asociadas a los requisitos de la entidad, que impiden que un filósofo ocupe la dirección. Otras voces discrepan y apuntan que un investigador con dos décadas de experiencia en la OMS y el campo de la reglamentación farmacéutica cumplía con el perfil del manual de funciones. En cualquier caso, la modificación de esa regla es un asunto usual y de trámite.

El Gobierno, de acuerdo con información de El Tiempo, ya estaba trabajando en una resolución para actualizar el requisito. Para algunos funcionarios de la entidad, se trata nada más que de una cortina de humo para disimular algunas diferencias que supuestamente surgieron entre Germán Velásquez y el presidente Petro. Los más suspicaces traen a colación el interés del Gobierno, impulsado por la vicepresidenta Francia Márquez, en apoyar el desarrollo de medicinas alternativas y ancestrales que Velásquez vería con bastante reserva.

De esta forma, y teniendo en cuenta el férreo temperamento del experto, no sería apresurado afirmar que cualquier trámite para enderezar la situación ya llega muy tarde. Por lo pronto continuará al frente de la agencia Yenny Adriana Pereira Oviedo, una funcionaria rodada por varias dependencias del Ministerio de Salud y quien deberá gestionar la presión de los gremios farmacéuticos agobiados por los problemas en el suministro de medicamentos. Un lío que abarca desde los atascos en el inventario de puertos internacionales como el Canal de Panamá, hasta la demora del Invima en la expedición de 27.904 licencias de medicamentos represadas para su comercialización.

“¿Quién va a recibir semejante papa caliente?”, resume el veterinario y exfuncionario del Invima José Gonzalo Sánchez. Afirma que ninguna de las metas de monitoreo de inspección, vigilancia y control de alimentos se han cumplido: “Muchos trámites específicos del Invima, que por más concretos y engorrosos, son requeridos, están estancados. Por ejemplo, para traer máquinas de rayos X para tratamientos de radiología, se estaban demorando entre tres y cuatro meses. Lo mismo sucede con otros dispositivos médicos y medicamentos que son más urgentes y que en algunos casos representan la vida de muchas personas”.

Una carta conjunta de los tres sindicatos del Invima, firmada el 3 de enero, achaca la culpa de la “crisis institucional” al “claro desinterés” del Gobierno de Petro por la “salud pública del país y por la entidad”. En opinión de las organizaciones, en cabeza de Sintrainvima, la crisis se debe a “la limitación en la gestión y la falta de provisión de recursos humanos y herramientas para que los funcionarios ejerzan sus funciones”. Un señalamiento que hace hincapié en la situación interna y la carencia de recursos. Dos factores que los medios de comunicación han registrado parcialmente en su afán por retratar los estantes vacíos de algunos medicamentos.

Más o menos lo mismo opina María Clara Escobar, presidenta de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación (Afidro), el gremio que agrupa a las grandes multinacionales farmacéuticas. Su principal preocupación parte de la “falta de norte y dirección estratégica” de la agencia. Según Forero, la situación afecta al “acceso a nuevas tecnologías y alternativas terapéuticas”: “La falta de continuidad y de respaldo del Gobierno al nombramiento de las cuatro personas que han estado en la interinidad ha impedido que puedan planear y comprometerse con transformaciones de mediano y largo plazo”.

De esta forma, la mancha en la gestión de la entidad cumple casi un año y medio y parece seguir extendiéndose por el sistema de salud. Desde Afidro aseguran que el aumento en el presupuesto del Invima para este año es muy bajo: “Fue de solo el 4%, insuficiente respecto a las necesidades de fortalecimiento institucional”. En las redes sociales, el aluvión de críticas de voces tan acreditadas como la de la epidemióloga Zulma Cucunubá se multiplicó: “El papel de esta entidad es clave, en especial después de la pandemia. ¡En interinidad por más de un año, y ahora esto!”.

O la de Fernando Ruiz, exministro de Salud del conservador Iván Duque: “En serio ¿quienes en 15 meses no han podido nombrar un director en propiedad en el Invima tendrán capacidad para manejar directamente la salud de 50 millones de colombianos?”. Una pregunta retórica para lanzar un dardo envenenado de paso a la encallada reforma a la salud del Gobierno. Un proyecto cuya intención de fondo es quitarle el control de los recursos de la salud a las entidades promotoras (EPS), las cuestionadas aseguradoras público-privadas tradicionales, para concentrarlos en la gestión de una entidad estatal agrupada bajo las siglas de Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud).

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